Carta a Juan Díaz Montejo. Preso mi cuerpo, no mi conciencia

Ciudad de México a, 25 de diciembre de 2024

Al compañero Juan Díaz Montejo
A la opinión pública

Reciba un fraterno saludo de todos los que integramos el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), nos enteramos de la detención injusta de Juan Díaz Montejo y de los delitos que le imputa la fiscalía de Chiapas, los cuales constituyen la política de criminalización y judicialización de la protesta popular.

El gobierno mexicano trata como delincuentes a marxistas leninistas; a quienes defienden los derechos humanos; a los que denuncian las injusticias contra la explotación y opresión de los trabajadores; a los que luchan por un mundo más justo, a los que exigen la presentación con viva de los detenidos desaparecidos, a quienes defienden el legítimo derecho a la posesión de la tierra, a quienes exigen justicia por los que han sido ejecutados extrajudicialmente, a los que exigen alto a la represión. Esos son los enemigos a combatir en la actual administración federal y estatal de Chiapas.

Su detención, el pasado 17 de diciembre en Comitán de Domínguez es arbitraria, tiene motivaciones políticas, lo cual quieren hacerlo ver como si fuera un peligroso delincuente, así fue exhibido ante los medios de comunicación; a nosotros nos queda claro que está preso por ser integrante de FDROC, por ser marxista leninista maoísta, por su forma de pensar, por ser crítico contra el sistema capitalista de explotación y opresión.

Su detención es un ejemplo de que en México los gobiernos morenistas lo mantienen en prisión por sus ideas y por impulsar el socialismo como bandera de lucha. Lo mismo hicieron con el compañero Higinio Bustos Navarro, quien está preso por ser un campesino indígena con conciencia de clase, por exigir la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, defender el legítimo derecho a la posesión de la tierra, exigir alto a la represión y a la persecución política.

No hay razón jurídica para mantenerlo en prisión, el delito que le imputa la fiscalía de Veracruz es falsa, tiene varias inconsistencias, testigos falsos y pruebas que no sostienen su aberración jurídica, pese a ello, lo tienen más de tres años injustamente preso.

Lo perverso en su caso jurídico fue que la fiscalía de Veracruz, el Poder Judicial y el Ejecutivo estatal, representado en ese tiempo por Cuitláhuac García Jiménez, se unieron en alianza para negar todo recurso jurídico a favor de él; hubo consigna de mantenerlo preso por decisión gubernamental. No dudamos de que en Chiapas intenten hacer lo mismo.

En Chiapas se configura un gobierno proempresarial, autoritario y represivo, en nombre de la “paz”, criminaliza y judicializa la pobreza y protesta popular; se configura una administración que no va a respetar los derechos humanos, ni va a atender a las víctimas de desaparición forzada o ejecuciones extrajudiciales, porque sabe que quien está al frente de la fiscalía y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, son agentes de Estado especializados en violar los derechos humanos, por tanto, los primeros que deberían ser detenidos y enjuiciados por cometer crímenes de lesa humanidad contra el pueblo organizado, sin embargo, los mantienen incólumes.

No dudamos que lo que hicieron con usted lo hagan con otros más, la política consiste en detener a todo aquel que, en su lógica, “violente el estado de derecho”, como si el pueblo trabajador organizado fuera el generador de la violencia, cuando es el Estado mexicano es que general la violencia a través de sus políticas represivas y autoritarias, a través de la creación de cuerpos policíacos especializados en contrainsurgencia.

En Chiapas se configura un nuevo ciclo de violencia institucional contra el pueblo trabajador, principalmente contra aquel que está organizado fuera de las estructuras gubernamentales. Violencia que es respaldada por el gobierno federal, representado por Claudia Sheinbaum Pardo, quien desde Palacio Nacional dijo que respaldaba la política de seguridad del gobernador Eduardo Ramírez, por tanto, respalda la detención y encarcelamiento de luchadores sociales y defensores de derechos humanos. Razón por la que dijo en su visita a Chiapas cuando inauguró la autopista Tuxtla- San Cristóbal de Las Casas, “pase lo que pase, estaré con ustedes”.

La política “cero impunidad” sólo es aplicable para los que son críticos a su política de gobierno, en cambio, a políticos de oficio corruptos, a agentes de Estado violadores de derechos humanos, los protege y les otorga inmunidad, ejemplos, hay varios, Alejandro Murat, La familia Yunes, Javier Corral, Rutilio Escandón Cadenas, Jorge Luis Llaven Abarca, Oscar Aparicio Avendaño, el mismo Omar Hamid García Harfuch, los mismos señalamientos de Adán Augusto y Monreal.

La fiscalía es la responsable de crear falsos culpables, elaborar carpetas de investigación a modo para hacer ver ante la opinión pública que los luchadores sociales o defensores de los derechos humanos son “bandas delincuenciales”, y así justificar las detenciones arbitrarias y encarcelamientos injustos.

Desde las administraciones morenistas pretenden imponer una narrativa que le quita el carácter político a la lucha del pueblo organizado de manera independiente y puedan ser juzgados como “delincuentes comunes”, como supuestas organizaciones delincuenciales; de esa manera sin protesta ni descontento popular tienen el camino libre a la imposición de políticas reaccionarias y proempresariales. Eso es perverso, porque utilizan el nombre del pueblo para reprimir.

La detención de Juan Díaz es una acción represiva contra los que luchan por la justicia social, el mensaje institucional, federal y estatal, es que se va a reprimir a quien ejerza el derecho a la protesta; un volanteo carretero o un bloqueo informativo intermitente tiene su origen en una injusticia social, es parte del derecho a la protesta, no obstante, en los gobiernos morenistas constituye un delito.

La detención de Juan Díaz es un mensaje para el pueblo organizado, todo aquel que esté organizado fuera de las estructuras gubernamentales será reprimido. La detención es arbitraria y su encarcelamiento es injusto, una venganza política del gobierno de Chiapas, de los caciques empresarios de la región de Comitán que hoy están en el gobierno estatal.

La detención es el resultado de la política del gobierno chiapaneco que respalda totalmente el gobierno de Claudia, el respaldo que se traduce en presos políticos, en el respaldo a la violación a los derechos humanos, en la criminalización y judicialización de la protesta popular.

El FNLS Brinda toda la solidaridad a Juan Díaz Montejo y su organización FDROC se suma al llamado de exigir su libertad inmediata.

Estamos de acuerdo con usted compañero, pueden encarcelar nuestros cuerpos de manera injusta, pero nuestra conciencia política nunca la podrán aprisionar con los barrotes de la injusticia. Las ideas por la justicia social, no hay cárcel ni barrotes que la detenga.

Atentamente

¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS