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Análisis y opinión. Revictimización e indolencia del gobierno federal por la detención arbitraria y prisión injusta del compañero Higinio Bustos Navarro

Jueves 5 de diciembre de 2024, por Ciudad de México

Ciudad de México a 5 de diciembre de 2024

A la opinión pública

El gobierno federal revictimiza y se muestra indolente ante la flagrante violación a los derechos humanos de la que es objeto el compañero Higinio Bustos Navarro; es omisa ante la opinión 41/2024 del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas (GTDA-ONU) y devela su faceta antipopular ante la exigencia de justicia para el pueblo pobre.

Es una maniobra burda de burocratismo la pretensión de pasar la estafeta a otra dependencia, en términos de jurisprudencia y de jerarquía de normas, es claro que una opinión de una instancia internacional debe tener carácter vinculante. Caso contrario, resulta hipócrita el discurso de respeto a los derechos humanos, la ratificación de convenios, pactos y tratados en esta materia en el ámbito internacional, por ende, resulta vacua la reforma constitucional que reconoce a éstos por el cual se modificó el artículo primero de la Carta Magna.

El argumento de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos Coordinación para la Atención de Casos en Organismos Internacionales de Derechos Humanos que no es de su competencia atender la opinión del GTDA-ONU, es un mecanismo evasivo e indolente que revictimiza a nuestro compañero, a quien se le niega una y otra vez el derecho a la justicia.

Canalizar la atención a la fiscalía del estado de Veracruz es con la intención de empantanar el caso en una maraña burocrática, situación que ya experimentamos con la anterior administración, la cual insistentemente argumentó el respeto a la “autonomía” federativa, pero que en los hechos se plegó a la política represiva que emanaba de las entidades donde compartían bandera partidista.

No negamos que cada entidad se dirige conforme a lo establecido en la norma federativa, pero es claro que esto aplica en términos de administración. La opinión de la ONU recae en el ámbito de la justicia y los derechos humanos, ante lo cual debería definirse el mecanismo para cumplimentar este ordenamiento que emana del ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, empero, por las declaraciones de funcionarios del gobierno federal se desprende que el propósito es escamotear la justicia con recursos leguleyos y burocráticos.

La ONU fue muy elocuente al desmenuzar las razones de porqué la detención del compañero Higinio fue arbitraria y por ende su encarcelamiento es injusto. Considera su detención arbitraria porque le fue violado múltiples derechos humanos al no respetar el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas, así como el artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en ambos artículos se destaca el derecho a la libertad y que nadie puede ser detenido arbitrariamente, derecho que en este caso es violentado una y otra vez.

El análisis de la ONU no es superficial, aborda el caso desde la liberación de la orden de aprehensión hace más de 13 años, la cual no tiene el carácter de concluyente, es decir, se desprende de una acción investigativa, por lo cual, es una injusticia que se le haya detenido sin tener un fundamento sólido que lo involucre en el acto que se le imputa, en este caso también se le viola el derecho a la presunción de inocencia.

En la agenda jurídica está la discusión de la legalidad de la prisión preventiva, ya que dicha medida viola el derecho a la libertad y la presunción de inocencia. Resulta incongruente que a una persona se le prive de la libertad para concluir que no tenía culpa, tal como sucedió con los compañeros de Chiapas, presos injustamente también en el sexenio morenista pasado.

El argumento de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos Coordinación para la Atención de Casos en Organismos Internacionales de Derechos Humanos de que es un caso concluido porque hay una sentencia es unilateral y no pondera la primacía de los derechos humanos. ¿Cómo se puede sostener justa una sentencia cuando existen sendas anomalías en el proceso judicial?

La ONU considera que se violentó el principio de la Igualdad de armas en el proceso penal que implica que la parte acusadora y la acusada deben tener equivalentes facultades procesales para perseguir y obtener sus intereses, esta conclusión emerge una vez que el único testigo y que también funge como acusador, cambió de manera sustancial su declaración para incriminar al compañero Higinio, por lo tanto, se traduce en una falla procesal que mantiene al compañero injustamente preso.

La opinión de la ONU agrega que la condición de indígena náhuatl del compañero Higinio le ha merecido discriminación en el proceso judicial, conclusión que se añade por sus responsabilidades comunitarias en el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y su comunidad, de tal manera que no se respetaron los artículos 2 y 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 2, párrafos 1, y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Sin duda que la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU no es improvisada, se fundamenta en lo relativo al derecho internacional de los derechos humanos del cual el Estado mexicano forma parte, por ello resulta, hipócrita, incongruente y abona a la revictimización, la política adoptada por la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos Coordinación para la Atención de Casos en Organismos Internacionales de Derechos Humanos en torno al caso del compañero Higinio Bustos Navarro.

Está más que claro que la política de cero impunidad tiene dedicatoria para judicializar la protesta popular, porque para los consumados delincuentes hay protección con el fuero institucional, es el caso del Javier Corral, quien fue prácticamente rescatado por el fiscal de la Ciudad de México y que hoy es arropado por Morena a través del Partido Verde Ecologista de México, en ese mismo tenor está en caso de Miguel Ángel Yunes Márquez, a quien le fueron borradas sus fechorías sólo por afiliarse al partido guinda y asegurarle mayoría en el Senado de la República.

Casos de corrupción y negocios ilícitos han sido denunciados, pero todo se trata de diluir en la supuesta cruzada contra la “cuarta transformación”. Para los delincuentes y criminales de Estado existe la impunidad e inmunidad que otorga el fuero institucional.

La cancelación de la reunión programada para abordar los temas pendientes de justicia en torno a la libertad del compañero Higinio; presentación con vida de los detenidos desaparecidos, de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz y de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez; justicia por la ejecución extrajudicial del compañero Gregorio de la Cruz de la Cruz; justicia por el asesinato político del compañero Pablo Gómez Sánchez; y el cese a la represión contra el FNLS, habla de la indolencia gubernamental, de una política tácita de connivencia para el cometido de crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos.

Revictimización e indolencia emanan de las dependencias de la actual administración, organización popular y lucha política deben emerger como emblemas de movilización y denuncia.

Atentamente
¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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