Agresiones caciquil-paramilitar continúan en el gobierno morenista de Rutilio Escandón Cadenas para intentar coartar la protesta popular

Ciudad de México a 25 de noviembre de 2024

A la opinión pública

Las agresiones contra la protesta popular a través de grupos de golpeadores y paramilitares continúan en los gobiernos que emanan de Morena; Rutilio Escandón Cadenas y su sucesor Eduardo Ramírez, se enmarcan en la faceta criminal, represiva y antipopular que pretende detener la denuncia política, coaccionar el derecho a la protesta y justificar nuevas andanadas represivas a través de campañas de desinformación.

La agresión paramilitar y caciquil contra compañeros de la comunidad de Las Palomas municipio de Acala es la evidencia de que la violencia institucional emana de los grupos de poder económico local y regional que pretenden imponer su voluntad a sangre y fuego.

En la recta final del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, continúa con la andanada represiva apegado a su sentencia de inicio de administración, “alguien tiene que pagar”, amenaza proferida en la mesa de diálogo del FNLS con el gobierno de Chiapas en el año 2019, en las oficinas de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México; amenaza que hoy cobra la vida del compañero Pablo Gómez Sánchez.

Los gobiernos que emanan de Morena actúan con dolo y perversidad contra el pueblo organizado de manera independiente, Rutilio deja el gobierno con una amplia estela de represión y el cometido de crímenes de lesa humanidad contra integrantes de organizaciones populares y luchadores sociales.

En nuestro caso, inició su andanada represiva con la detención desaparición forzada de compañeros, ejecuciones extrajudiciales, amenazas de incursiones policíaco militares y el intento de desalojo violento a través del Ejército mexicano y la Guardia Nacional en el año 2019 contra las comunidades de Río Florido, Las Perlas y Altamira, organizadas en torno al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).

Desde la opinión gubernamental se pretende imponer la versión tendenciosa de un enfrentamiento, nada más falso y ruin. Con esta argumentación, se busca allanar el camino a la persecución política y la creación de carpetas de investigación contra nuestros compañeros. Lo que vivimos fue una agresión directa por grupos de choque de corte paramilitar donde el saldo fue el asesinato político de nuestro compañero Pablo Gómez Sánchez.

Este crimen se ejecuta en el marco de la exigencia del cumplimiento de la opinión de la ONU respecto a la condición de nuestro compañero Higinio Bustos Navarro, así como la denuncia de la revictimización de los familiares de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Es claro que el Estado mexicano pretende hacernos desistir de estas dos justas demandas que adquieren relevancia por los alcances que existen en materia de derechos humanos a nivel internacional y por la sentencia judicial que emanó de las instituciones de la justicia mexicana.

Ni enfrentamiento entre civiles ni conflicto intercomunitario, se trató de una acción caciquil-paramilitar con el beneplácito de las autoridades gubernamentales, con el propósito de cometer crímenes de lesa humanidad. El saldo es del compañero Pablo Gómez Sánchez víctima de las balas asesinas del Estado mexicano a través de sus grupos de choque y paramilitares.

No existe la paz en Chiapas, no hay paz en ninguna parte del país porque la voluntad empresarial se impone a través de la violencia.
Desde que las autoridades gubernamentales decidieron dar el respaldo a empresarios para explotar rutas comerciales y hacer crecer sus negocios en torno a ellas, se desató una ola de violencia que busca generar un reacomodo de los grupos de poder económico y político.
Las víctimas de esta política represiva las pone el pueblo mexicano, son las masas trabajadoras las que padecen a diario los flagelos de esta política de gobierno dictaminada desde la federación y que se ejecuta desde las administraciones estatales.

El denominado segundo piso de la transformación inicia con una amplia cuota de sangre, tanto del pueblo organizado, así como producto de la descomposición social del país. Huelga decir que con estos flagelos no se puede hablar de transformación, lo que existe es continuidad de la violencia institucional y de clase.

Contra los pueblos organizados existe la violencia paramilitar, existe la pretensión de ahogar la voluntad de lucha con crímenes de lesa humanidad y de Estado. Ante ello, justo es organizar la lucha independiente y denunciar que los perpetradores de esta violencia hoy se amparan en el poder que emana de las instituciones políticas.

Ante los crímenes de lesa humanidad, no cejaremos en nuestro derecho a la protesta. A la criminalización, estigmatización y tergiversación de los hechos, la denuncia política en el plano nacional. Si nos golpean a uno, respondemos todos con acciones políticas de masas.

Fraternalmente
¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS