AYOTZINAPA:10 AÑOS DE IMPUNIDAD

Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2024
A la opinión pública

Se cumplen 10 años del cometido del múltiple crimen de Estado y de lesa humanidad contra los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, crimen que continua sin ser esclarecido porque el jefe de Estado mantiene una aureola de impunidad sobre los responsables materiales e intelectuales del crimen, lo que oculta la verdad de los hechos acaecidos en la noche del 26 de septiembre de 2014.

La imprescriptibilidad del crimen se mantiene. Mientras no se presente con vida a los detenidos desaparecidos, se enjuicie, castigue a los responsables del múltiple crimen cometido en la humanidad de las víctimas y de sus familiares, y se conozca la condición actual de las víctimas de desaparición forzada, el daño sigue su cometido.

La aureola de impunidad con la que el Ejecutivo federal solapa y esconde la participación del Ejercito en el crimen cometido hace 10 años habla de la protección que mantiene no sólo a la institución castrense, sino a la cadena de mando que planeó, coordinó y ejecutó el cometido de los crímenes de lesa humanidad la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en la Ciudad de Iguala, Guerrero.

El control de la información que mantiene el Ejército en sus manos es con la intensión de encubrir la forma en la que las estructuras del Estado coordinaron el cometido de las graves violaciones a los derechos humanos, la relación directa con los grupos de paramilitares denominados desde la institucionalidad como “el crimen organizado” o el “narcotráfico”.

Es ingenuo pensar que el denominado “Crimen Organizado” es el responsable principal de la desaparición forzada, ejecución extrajudicial de los jóvenes normalistas, y ciudadanos; alcanzados por las balas asesinas del Estado, sin la anuencia de los tres niveles de gobierno y las fuerzas policíaco militares.

En los hechos de iguala se vislumbra la planeación perfecta para el cometido de un crimen atroz que sigue generando dudas entre los familiares y la comunidad internacional. Es impensable que el gobierno actual desconozca el paradero final de las víctimas de la desaparición forzada, de ahí que el discurso sostenido durante su gobierno fue proteger a capa y espada a la institución castrense y señalar que “el Ejercito es pueblo uniformado”.

La impunidad que pesa sobre el caso Ayotzinapa mantiene oculto los motivos políticos por los cuales se torturó y se desolló en vida al estudiante Julio Cesar Mondragón Fontes, los responsables de la tortura cometida en su contra. Este crimen cometido contra un estudiante con firmeza política ideológica al interior de la normal, habla del análisis previo que se hizo para cometer un crimen tan deleznable en la humanidad de los normalistas.

La promesa no cumplida, que hiciese el Lic. López Obrador durante el periodo de campaña de investigar al ejército e impartir justicia por los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, habla del pacto de complicidad que asumió durante su gestión para proteger a las estructuras del Estado y mantener incólume el régimen económico y político actual.

En lugar de impartir justicia y esclarecer la verdad de los hechos ocurridos aquel 26 de septiembre de 2014, sus declaraciones estigmatiza y revictimiza la lucha que desarrollan los padres de los normalistas desaparecidos y estudiantes de Ayotzinapa, agredidos en la lucha por verdad y justicia. Al crimen cometido en Iguala se le suma la ejecución extrajudicial contra Yanqui Kothan Gómez Peralta, ejecutado de manera extrajudicial el 7 de marzo del presente año, cuyo crimen expresa la respuesta del Estado ante un crimen de naturaleza deleznable.

Los actos del gobierno federal, en la dilación del proceso de investigación para la búsqueda y localización con vida de los normalistas demuestra la intensión de perpetuar el crimen cometido contra las víctimas, característica de los sexenios anteriores por lo que el gobierno actual es corresponsable del crimen que continua sin ser esclarecido.

Lo acontecido en Iguala, Guerrero, no fueron hechos aislados, corresponden a la política de gobierno. En el gobierno de Enrique Peña Nieto a través del terrorismo de Estado se trató de desmovilizar al pueblo e inhibir la protesta popular, de ahí el cometido del crimen contra el normalismo rural el 26 de septiembre de 2014.

Con el gobierno en turno se mediatizó la lucha del movimiento popular independiente, se desmovilizó a la mayoría de las organizaciones populares independientes, lo que ha permitido que el Estado avance en la consolidación de la impunidad y que el resultado sea 10 años de impunidad por la desaparición forzada de los 43 jóvenes normalistas y las ejecuciones extrajudiciales cometidas en la noche de Iguala.

El pueblo que ha sufrido la violencia de Estado debe comprender que la solución no está en confiar en las instituciones gubernamentales, sino que la lucha por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos de manera forzada, el juicio y castigo debe ser parte de un movimiento nacional, junto a otros familiares que luchan por la presentación con vida de sus seres queridos.

A 10 años de impunidad en el caso Ayotzinapa, el FNLS se une a la exigencia de presentación con vida, juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales del crimen atroz, saludamos de manera fraterna y combativa la lucha que desarrollan los padres y madres de los estudiantes normalistas que fueron víctimas del múltiple crimen de Estado y de lesa humanidad.

Fraternalmente
¡No olvidamos, no perdonamos!
¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡Por la unidad Obrera, Campesina, Indígena y Popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS