¿Un poder judicial para el pueblo trabajador?

Ciudad de México a 11 de septiembre de 2024

A la opinión pública

¿Un poder judicial para el pueblo trabajador?

El poder judicial representa uno de los poderes del Estado burgués mexicano que cumple la función de instrumentar la opresión contra el pueblo trabajador y los reacomodos y ajustes en torno a ella, no representan cambios genuinos que beneficien a la clase trabajadora en su condición de explotado y oprimido, mantendrá su esencia represora en la aplicación de un estado de derecho oligárquico.

El poder judicial está en función de los intereses de la clase que detenta el poder político económico, es decir, la burguesía. Su carácter de clase no puede dar un giro por el solo hecho de vociferarlo y someterlo a algunos cambios sin remover su esencia opresora que le dio origen.

La reforma al poder judicial no puede ni tuvo el objetivo de desterrar su carácter clasista, sino embellecer a través de ajustes de apariencia popular para continuar con la opresión hacia el pueblo trabajador. Toda propuesta que venga de un gobierno que mantiene incólume el sistema capitalista como modo de producción, no persigue hacer cambios profundos más que continuar con la garantía del poder de la clase burguesa en nuestro país.

Para que el pueblo trabajador tenga acceso a la justicia social, pasa inevitablemente por sentar bases que pongan en jaque a la clase burguesa en México, solo así los sectores populares tendrían la seguridad de acabar con la injusticia social que priva en la mayoría de los mexicanos. Por ende, una instancia de impartición de justicia que permita al pueblo no ser víctima de la explotación y opresión.

El argumento de la elección por voto popular de jueces para “limpiar” al poder judicial de aquellos que incurren en la corrupción, moral o económica, es pueril porque en el fondo no persigue la impartición de justicia y resolver las demandas más sentidas del pueblo. A lo mucho, agilizará y dará salida a casos que al Estado no le represente mayor costo político y archivará aquellas que toquen intereses de las cúpulas del poder político, económico y militar.

El PRI o el PAN representaron en su momento intereses que no beneficiaron al pueblo, facilitaron el sometimiento político y económico. Morena por su parte, en seis años no da signos de que la justicia llegue a millones de mexicanos, sobre todo, para las víctimas de los crímenes de Estado que implica enjuiciar y castigar a altos mandos policíaco militares.

Nada loable hay en la aprobación de la reforma judicial, no cuando morena cobija a todo aquel que se sume a su propuesta valiéndose de reconocidos criminales de Estado como la familia Yunes. Esta familia es responsable de la tortura y ejecución extrajudicial de tres compañeros en Ixhuatlán de Madero, Veracruz, en los años 94 y 95, además del fraude procesal y falsificación de documentos por el panista Yunez Márquez.

Es casi indudable que el voto 86 de los Yunes, les garantiza inmunidad e impunidad a dos criminales de Estado, acuerdos políticos que profundiza la injusticia en el país, más que un poder judicial del pueblo, es la institución que funge como verdugo a las masas trabajadoras.

Los recientes acontecimientos vislumbran un manto de impunidad a corruptos y criminales de Estado, no solo del Partido Acción Nacional, sino del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México. Proceso que perversamente desde ambos grupos de poder maniobró la opinión pública para hacer que algunos elementos del pueblo se sumen a una exigencia que no lo representa y no lo libera de su condición de clase oprimida.

El Poder Judicial, el Ejecutivo y Legislativo como poderes del Estado burgués mexicano, no reparará en avalar medidas contrarias a la satisfacción de las necesidades y exigencias populares, sin embargo, para quien da el beneficio de la duda al próximo gobierno por tener un “aire de pueblo” en su discurso, entonces no titubearan para enjuiciar y castigar a altos mandos policíaco militares por su responsabilidad en casos de desaparición forzada, menos aún, en derogar leyes que criminalizan y judicializan el derecho a la protesta impuesta en este sexenio.

Atentamente
¡Por la Unidad Obrero, Campesino, Indígena y Popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo