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Ante la cantidad de desapariciones forzadas en México, el FNLS manifiesta:
Viernes 30 de agosto de 2024, por
Ciudad de México, a 30 de agosto de 2024
A la opinión pública
A los familiares de víctimas de desaparición forzada
A las organizaciones y defensores de derechos humanos
Ante la cantidad de desapariciones forzadas en México, el FNLS manifiesta:
El fenómeno de la desaparición forzada en México persiste a pesar de la negativa del gobierno en turno. Dicho crimen de lesa humanidad se expresa en las cifras oficiales y no oficiales, en la existencia de fosas clandestinas, en las denuncias de los familiares y en la gran cantidad de rostros que inundan los espacios públicos a lo largo y ancho de la República mexicana.
La existencia de desapariciones forzadas refleja la continuidad del cometido de prácticas de terrorismo de Estado como parte de la lógica contrainsurgente de las fuerzas castrenses y corporaciones policíacas, este fenómeno es parte inherente a la política de seguridad imperialista a la cual se sujeta México como país dependiente.
También expresa el grado de descomposición social que padece el pueblo como expresión de la crisis capitalista que atraviesa el actual modo de producción, el cual defiende el actual y el próximo gobierno federal.
Este tipo de violencia institucional mantiene su sello distintivo, las víctimas continúan siendo del conjunto de los diversos sectores populares. Son los trabajadores del campo y la ciudad quienes viven en carne propia el cometido de la desaparición forzada.
La política del actual gobierno federal respecto al fenómeno de las desapariciones forzadas en México adquiere nuevos matices. Por un lado, la constante negativa a aceptar la existencia del fenómeno, al señalar que no se practica en el actual sexenio, y que los casos de desaparición que existen son herencia de gobiernos pasados, por otro, la manipulación de las cifras bajo argucias estadísticas que omiten de facto la existencia de gran número de víctimas de este flagelo de lesa humanidad.
La impunidad persiste en los casos de desaparición forzada de personas para los perpetradores, a quienes se les dota de blindaje político jurídico al no abrir las carpetas de investigación correspondientes, al hacer caso omiso a las exigencias de los familiares de presentación con vida, al dilatar los procesos jurídicos existentes y sumir en burocracia las demandas de los familiares y organizaciones populares, al tomar medidas institucionales internas de los cuerpos policíacos y militares como el dotar de fuero a criminales de Estado o reubicarlos donde pasen desapercibidos.
La solución que utiliza la actual administración para los casos de desaparición forzada que alcanzan las instancias jurídicas e institucionales, como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), es perversa, porque busca acabar con la movilización y exigencia de presentación con vida, al poner como moneda de cambio el silencio por el pago de una falaz reparación del daño.
La entrega de dinero a los familiares de las víctimas de desaparición forzada como sinónimo de justicia no resuelve el cometido ni la existencia de dicho crimen, garantiza la impunidad a los perpetradores, niega el derecho a la verdad y a ser buscados con vida, reduce un problema social a una cuestión monetaria.
La política del perdón sí, olvido no, se expresa en la defensa a ultranza del Ejército mexicano por el gobierno federal, que es parte activa en el cometido de este crimen de lesa humanidad. El andamiaje represivo se mantiene como el principal ente en el cometido de las desapariciones forzadas, ya sea por comisión, omisión o aquiescencia, a través de agentes de Estado o por medio de grupos paramilitares.
Las líneas de investigación de algunos casos de desaparición forzada están alejadas de las premisas básicas en materia de derechos humanos, los cuales México ha firmado y ratificado: la reparación integral del daño, garantías de no repetición, conocer la verdad, etc.
El fenómeno de la desaparición forzada de personas en México es incuantificable e inocultable por la magnitud y la impunidad que persiste en su cometido. De cada caso de desaparición forzada que se denuncia ante las instituciones gubernamentales, en promedio 10 no se hacen por temor, coerción o porque no son atendidos, lo que indica una desconfianza hacia las autoridades.
El actual gobierno, así como el próximo, es responsable por omisión en la medida que su existencia persiste y no aplica medidas efectivas para investigar su paradero en vida, evitar su cometido y enjuiciar a los responsables materiales e intelectuales.
La atención a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos es diferenciado, los casos que le proporcionen bonos mediáticos son atendidos directamente por el Ejecutivo federal, en cambio aquellos que no tienen los reflectores son tratados con desprecio, indolencia y burocratismo; eso expresa una política de gobierno perversa que tiene la intensión de desgastar, dividir y olvidar a las víctimas de estos aberrantes crímenes.
Los casos emblemáticos no se resolvieron en esta administración, se aplicó una política dilatoria, burocrática y de simulación con el objetivo de frenar la movilización y denuncia, así como medrar políticamente para su beneficio, como fue el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
En el caso de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, a pesar de los avances políticos y jurídicos que demuestran la responsabilidad del Estado en su cometido, persiste la negativa a hacer efectivas las medias jurídicas contenidas en el fallo que emitió la SCJN, el 10 de agosto de 2022.
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) son el principal obstáculo para hacer efectiva la sentencia judicial, en todo momento se han negado a efectuar los actos de investigación, a citar a comparecer a sus efectivos militares e iniciar la búsqueda en vida de las víctimas de desaparición forzada.
Arriba una conclusión, los dos años posteriores a la emisión de la sentencia, las instituciones del Estado han prolongado el proceso para eludir su responsabilidad e intentar desgastar a familiares y organizaciones en la exigencia de presentación con vida.
El caso de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz ejemplifica la política de las diferentes instancias de gobierno respecto a las desapariciones forzadas cometidas contra luchadores sociales y activistas políticos. Desde el 2016 no se han efectuado medidas efectivas que permitan su presentación con vida.
El hecho de “perder” el expediente jurídico de su caso implica revictimizar a Fidencio, porque es una maniobra para desaparecer nuevamente a la víctima, negar el acceso a los mecanismos jurídicos que permitan su búsqueda y presentación con vida.
La exigencia de presentación con vida es una necesidad para el pueblo trabajador, si se habla de justicia, esclarecer los casos de desaparición forzada implica conocer la verdad de los hechos y erradicar el cometido de las prácticas de terrorismo de Estado.
Una desaparición forzada no afecta únicamente al individuo, sino que lacera a la humanidad en su conjunto, crimen que no debería de existir en un gobierno que dice ser democrático. Negarse a llevar ante la justicia a los perpetradores, principalmente a los altos mandos de las fuerzas armadas, es darle continuidad en su cometido.
El gobierno saliente se va sin resolver el problema de la desaparición forzada de personas, una deuda a víctimas y familiares de este flagelo que aprovechó para ganar legitimidad y sumergió en la frustración a quienes depositaron su esperanza en un gobierno diferente.
La administración federal entrante tiene la misma responsabilidad que asumió su predecesor, ya que la desaparición forzada es ante todo un crimen de Estado y sus perpetradores se encuentran cobijados en las diversas instituciones gubernamentales.
La actual administración intentó desaparecer a los desaparecidos, redujo las cifras oficiales para minimizar el fenómeno y presentarlo como un hecho del pasado, política y maniobra estadística que promovió la próxima titular del Ejecutivo federal.
Plegarse ciegamente a la política gubernamental y a las dádivas del Estado no abona a la lucha por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos. Cada detenido desaparecido que existe representa una razón para luchar por presentación, justicia y verdad.
Fraternalmente:
¡Ni un detenido desaparecido más!
¡Sin presentación con vida, no hay transformación!
¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡Juicio y castigo a los responsables!
¡Cárcel a los criminales de Estado!
¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS
