La lucha de los familiares por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos

Ciudad de México, a 27 de agosto de 2024

La lucha de los familiares por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos expresa la deuda histórica de justicia hacia las víctimas de la desaparición forzada, confirma su carácter transexenal y una política de Estado que protege a los perpetradores garantizándoles impunidad. Lucha que la deben dar familiares junto al pueblo organizado, porque los desaparecidos son del pueblo y éste es quien la abandera al ser la víctima.

La lucha de los familiares no data de este siglo y este crimen tampoco se circunscribe únicamente a nuestro país, sino un fenómeno que inicia en el siglo pasado durante la segunda guerra mundial con la Alemania nazi dirigido contra comunistas de esa época. En nuestro continente, las desapariciones forzadas de igual manera comenzaron a ejecutarse contra luchadores sociales, activistas y pueblo organizado, principalmente en dictaduras militares auspiciadas por el imperialismo norteamericano.

Los testimonios que en nuestro país existen refieren casos desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad, fenómeno que adquiere un carácter transexenal. Color partidista al poder burgués implementa una política contrainsurgente con el objetivo de eliminar a través de los crímenes de lesa humanidad los intentos del pueblo por organizarse para superar las condiciones de explotación económica y opresión política.

La lucha de los familiares de los detenidos desaparecidos viene desde los años 70 aunque los registros de detenidos desaparecidos conducen a años atrás. Nuestra experiencia nos concluye que la lucha de un familiar víctima de un crimen de lesa humanidad no debe estar desligada del pueblo organizado, por el contrario, debe estar unida a él.

En los años 80s, familiares y pueblo organizado recurrió a su derecho a la movilización, a la protesta popular que se expresaron principalmente en la hoy Ciudad de México. Desde plantones, toma de embajadas, marchas, mítines y muchas otras actividades que pudieran servir para realizar la denuncia y exigencia política. Visibilizar el crimen es una tarea ardua por décadas que se tradujo en la creación de colectivos, organizaciones de familiares y organizaciones populares que en muchas ocasiones obtuvieron como respuesta la represión.

Cada esfuerzo puede tener su propia experiencia en este proceso de lucha por la presentación con vida de las víctimas y la exigencia de juicio y castigo a los culpables, pero los responsables inmediatos no varían en esencia, es el Estado. Como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo abstraemos la experiencia de los propios y ajenos con la finalidad de mantener en mejores condiciones la lucha.

La exigencia de presentación con vida de las víctimas no la podemos tazar en moneda como el Estado hace con la finalidad de que los familiares anulemos nuestro derecho a conocer la verdad y olvidemos la importancia del juicio y castigo a los responsables. Esto es una medida perversa que los gobiernos toman para deslindarse de su responsabilidad y minar los esfuerzos de los familiares y pueblo organizado de conocer la verdad.

El Estado está empeñado en sepultar la verdad, buscan en todo momento deslindarse de la responsabilidad, exculpan a las instituciones policíacas y militares en el cometido de los crímenes de lesa humanidad, se garantiza la impunidad y con todo esto los familiares luchamos. El esfuerzo consiste en mantener la claridad de que una desaparición forzada es responsabilidad del Estado, aún si otros entes la perpetran, actúan con la aquiescencia del Estado.

En nuestra experiencia, la lucha de los familiares no puede estar aislada del pueblo, sin un pueblo que abrece esta lucha es aún más difícil, para el Estado es más fácil que conduzca a los familiares a la frustración, a la resignación, al cansancio y aceptar los planes que conduzcan al perdón, por ejemplo, con la política del gobierno en turno al plantear que “perdón si, olvido no”, es decir, que no exijamos justicia, que los responsables estén en libertad y los crímenes se mantenga en la impunidad.

Pretensión que debe romperse a través de la lucha política, jurídica y de derechos humanos en conjunto con las organizaciones del pueblo trabajador. Ejercer nuestros derechos a la organización, manifestación, libertad de ideas como parte de la protesta popular es una necesidad ante la política transexenal de impunidad, no podemos callar y autocensurarnos.

La lucha por separado facilita al Estado la absorción de los familiares y conducción a derroteros de desgaste y a la frustración con la intención de que abandonen la exigencia de presentación con vida. En otros casos de manera perversa incentiva el interés en la cuestión económica con el argumento de la reparación del daño.

Denigran la vida de cada persona desaparecida de forma forzada, de manera mañosa utilizan la reparación del daño con la intención de desmovilizar a los familiares. El recurso económico que ofrecen a los familiares no resuelve la demanda de justicia, menos repara el daño. Ello exime al Estado de su responsabilidad, no hay investigación, ni castigo a los responsables.

Exigir castigo para los responsables, verdad, memoria, reparación integral del daño y que el Estado garantice la no repetición debe ser la consigna que tenemos que abrazar todos. Pero la experiencia misma nos dicta que tiene que ser de manera conjunta, familiares, colectivos y organizaciones populares y de derechos humanos. Por lo tanto, la lucha de los familiares no debe sustraerse del conjunto del movimiento popular.

Como familiares, colectivos, organizaciones populares y de derechos humanos observamos la necesidad política de mantener la exigencia bajo la consigna de ¡vivos se le llevaron! ¡Vivos los queremos! Una consigna que nos permita tener claridad de que no podemos dar por muerto a nuestros familiares o seres queridos y de que el Estado es el responsable y éste es quien debe presentarlos con vida.

La lucha de los familiares de personas desaparecidas en todo el país, significa que poco a poco se va perdiendo el miedo que provoca esa práctica del terrorismo de Estado, al mismo tiempo, es también indicativo del aumento en el número de víctimas en el país en el sexenio que termina.

La violencia institucional exige la conjugación de esfuerzos como una forma de protección colectiva, pero también, para tener la fuerza para arrancarle al Estado la demanda de presentación con vida y castigo a los culpables. Ha sido la ruta que ha garantizado la obtención de logros jurídicos y políticos. Estos logros son para coadyuvar en la búsqueda de justicia, verdad, memoria y reparación.

Un ejemplo claro de los logros que se pueden obtener cuando se combinan tres recursos fundamentales de la lucha es el caso de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. En este caso fueron puestas de manera creativa en la práctica la lucha política, jurídica y de derechos humanos.

Tres vías que durante 17 años se complementaron y el resultado significativo es la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2022 en la que señala que, en México se comete desaparición forzada y el ejército es responsable. Se establecen derechos como, a ser buscado con vida, reparación del daño y garantías de no repetición de dicho crimen.

Cada colectivo u organización familiares tiene su aporte en la lucha, su persistencia ha trascendido por sexenios, sin embargo, aún queda la urgente tarea de unificar los esfuerzos entre familiares, organizaciones populares, de derechos humanos, abogados, pueblo y especialistas en la materia porque la desaparición forzada de personas debe esclarecerse, se requiere de entes multidisciplinarios capaces de desmenuzar y descubrir los hilos conductores en su cometido para llegar a las víctimas y los perpetradores.

Estas luchas no pueden caminar por separado ante una persistente represión gubernamental, la cual tiene como objetivo evitar la unidad de esfuerzos que desenmascare una realidad donde señala que en cada desaparición forzada esta la mano del Estado, es decir, que ensucie el gobierno de la 4T, el gobierno del “pueblo”.

En la actualidad son muchos los colectivos y organizaciones que se han conformado por causa de la desaparición forzada de sus seres queridos, cada uno de ellos se han identificado por su forma de exigir el esclarecimiento del crimen a partir de la tipificación del mismo.

Para nosotros, el Estado es responsable de la desaparición forzada y es quién debe presentarlos con vida, hacer todo lo correspondiente para esclarecer el hecho. Otros, ante la urgencia de conocer el paradero de sus seres queridos, han asumido ir a campo abierto para hacer labores de búsqueda pero en este hecho se les deslinda a las autoridades de su responsabilidad.

Estas dos formas tiene que ver con la concepción del hecho y de las premisas en que se parten, tanto políticas y jurídicas. Es decir, se parte en que es un crimen de lesa humanidad y de Estado, por lo tanto, grave violación a los derechos humanos o un delito cometido por particulares ajenos al Estado que implementa prácticas del terrorismo de Estado.

A partir de esta concepción se desprende las rutas a seguir en busca del esclarecimiento de este crimen que lastima a miles de familias y la misma sociedad, porque, el objetivo en el cometido de la desaparición forzada es generar miedo, tanto en el círculo familiar, en el seno de las organizaciones populares, como en la sociedad para el control de la misma, de esta forma, evitar cualquier signo de lucha o de crítica política al régimen.

Las diferencias en la concepción de la desaparición forzada de personas, es aprovechada por el Estado para negar la cifra real de las víctimas de ese flagelo, por ende, lo exime de su responsabilidad en el cometido, al mismo tiempo permite impunidad a los autores materiales, así también, deja manga ancha para que continúen cometiéndose.

A pesar de ello, la lucha que realizan los familiares ha llevado a contrastar con el discurso oficial, comprueban que, aunque se insista que no es el gobierno el responsable, existe y va en aumento la cantidad de víctimas. Se descubre que continúa este flagelo y que no es suficiente el recorte de cifras para ocultar un fenómeno que está a la vista de todos.

Los múltiples esfuerzos de los familiares se ha traducido en el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en diversos casos de desaparición forzada, entre estas instituciones está el ejército. Aunque oficialmente son pocos casos en los que se acepta la responsabilidad del Estado y sus instituciones en el cometido de la desaparición forzada, existe y es sostenida por innumerables testimonios.

La responsabilidad del Estado es tan evidente que hoy, ante la exigencia de presentación con vida, nuevamente los gobiernos recurren a la violencia para amedrentar esas luchas, sobre todo, contra quienes optan por buscar a sus seres queridos en parajes o terrenos baldíos. El supuesto es que sufren agresión por parte del crimen organizado.

La lucha de los familiares por la presentación con vida necesariamente tiene que estar vinculada al conjunto del movimiento popular con carácter combativo. Transitar fuera de los marcos corporativos del Estado porque, de manera aislada, garantiza al Estado mantener en la impunidad los crímenes de lesa humanidad.

Fraternalmente
¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡Por la Unidad Obrera, Campesina, Indígena y Popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo