Desaparición forzada en la administración actual: impunidad, mentira, injusticia y revictimización.

Ciudad de México 26 de agosto de 2024

Vamos a abordar dos aspectos de este tema en la presente ponencia: el primero es el relativo a la política del presente gobierno y del Estado mexicano frente a la desaparición forzada de personas en general; y, el segundo es la política del presente gobierno con relación a las desapariciones forzadas que tuvieron origen en la presente administración.

Iniciaremos esta ponencia partiendo de una pregunta que muchas veces nos hace parte del pueblo trabajador que no comprende la responsabilidad del Estado y del actual gobierno en el tema de las desapariciones forzadas, pues su sentido común le hace preguntarnos muchas veces ¿por qué le reclaman a este gobierno si las desapariciones forzadas fueron cometidas en otros sexenios? O ¿por qué le reclaman al presidente si él sería incapaz de ordenar un crimen de lesa humanidad?

Los funcionarios, en cambio, de manera maliciosa pretenden que nuestra exigencia parte de la ignorancia, de no saber la diferencia entre gobierno y Estado y de no saber que existe la división de poderes y que por ello en ocasiones, aunque el poder ejecutivo quiera, el poder judicial se opone o el legislativo.

Los malos son los del poder judicial nos dicen desde el poder ejecutivo y ahora desde la mayoría del poder legislativo ¿será cierto?
Ahora respondamos: ¿qué es el Estado desde la concepción de quienes ostentan el poder?
Consultando la página del sistema de información legislativo y de la secretaría de gobernación encontramos una definición de Estado, de la cual citamos una aparte: “El Estado tiene cuatro elementos básicos y generales: 1) posee gobierno (poder político), 2) tiene un pueblo (como nación); 3) ostenta territorio; y, 4) está regulado con base en un estado de derecho que lo legitima y que basa su organización en la división de poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.”

http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=96
Ahora bien ¿quién representa al Estado mexicano: al gobierno, a la población, al territorio y los tres poderes?

“En México, las funciones de jefe del Estado y de gobierno se reúnen en una sola persona: el presidente de la República, que es electo popularmente. Tiene su fundamento en los artículos 80 y 89 constitucionales que establecen, en el primero, que “se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará «Presidente de los Estados Unidos Mexicanos»""; y, en el segundo, por su parte, define las facultades y obligaciones del Presidente que en su conjunto le otorgan el carácter de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Jefe de las Fuerzas Armadas.”

http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=136
El jefe del ejecutivo Andrés Manuel López Obrador es también jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de las Fuerzas armadas y representa a los tres poderes en que se organiza el Estado frente a otros países y frente a la Organización de la Naciones Unidas, con relación al cumplimiento de todas las convenciones, pactos y protocolos de Derechos Humanos firmados y ratificados por el Estado mexicano.

Dicho lo anterior, cuando nosotros exigimos al jefe del ejecutivo Justicia, Verdad y Reparación integral del daño en los casos de desaparición forzada lo hacemos sin desconocer que existe división de poderes y con pleno conocimiento de que López Obrador representa a esos poderes, de que es el Jefe del Estado mexicano.

El Estado mexicano no cambia cada seis años con las elecciones, cambia sólo el gobierno y una aparte del poder legislativo, por ello el reclamo de Verdad y Justicia no se sólo hace a un gobierno, se hace al conjunto de instituciones y poderes que conforman al Estado y que a lo largo de los años mantienen impunes a los autores intelectuales y materiales de las desapariciones forzadas y a los facilitadores y beneficiarios de las mismas.

¿Quién entonces es el responsable de la política contrainsurgente desplegada desde los años 60 en México? ¿Quién de los actos criminales en contra del pueblo, de los luchadores populares y de los revolucionarios? El Estado: cada una de las personas que lo han representado y cumplido alguna función en la aplicación de esta estrategia.

Para que se cometa una desaparición forzada, existe quien lo ordena y quién lo ejecuta, y eso en todos los casos es responsabilidad de algún agente del Estado por acción o aquiescencia, para que no se investigue existen fiscalías que no investigan, para que no exista justicia, un poder judicial cómplice, que no juzga y un poder legislativo que no crea leyes para proteger a la población de este flagelo.

Por tanto, el Estado es responsable de las desapariciones forzadas, así existan funcionarios con buenas intenciones o que se oponga a dicha práctica, que también los hay, aunque en minoría.
Y volvemos al punto ¿quién representa a ese Estado? El jefe de gobierno, hasta el primero de octubre de 2024, Andrés Manuel López Obrador. Por tanto como representante del mismo es responsable de procurar Verdad, Justicia y Reparación integral del daño, y al final del sexenio está demostrado no cumplió con esta obligación.

La política de este gobierno con relación a todos los crímenes de Estado y en particular con relación a las desapariciones forzadas de revolucionarios y luchadores populares fue la misma que la de los gobiernos anteriores: impunidad.

Además, como toda desaparición forzada tiene un carácter continuo, es decir se vuelve a cometer cada día en que no se conoce el paradero real de la víctima o es presentada, este jefe de gobierno es responsable de todas las desapariciones forzadas cometidas por gobiernos anteriores en tanto jefe del Estado mexicano.

¿Cuántos agentes del Estado han sido juzgados por desaparición forzada este sexenio? Y ¿Cuántos sentenciados? Bueno, ¿cuántos han sido exhibidos en la mañanera? Porque en la mañanera se exhiben jueces, funcionarios menores, periodistas…pero no a quienes son responsables probados de participar en las desapariciones forzadas, basta leer la última sentencia del 22 de agosto de este año de una jueza sobre el tema de las desapariciones forzadas en Guerrero que dice: “Se demuestra que la violencia ejercida por las fuerzas armadas durante la represión en Guerrero no fue el resultado de acciones aisladas o decisiones individuales, sino parte de un patrón sistemático, planeado y dirigido desde los niveles más altos del mando militar (…) Numerosos testimonios de ex militares que trabajaron en la Base Aérea Militar Número 7 de Acapulco, Guerrero, confirman la existencia de esta práctica (...) describen cómo las víctimas, a menudo con los ojos vendados y las manos atadas, eran trasladadas a la base, ejecutadas con disparos en la nuca, y luego arrojadas al océano desde un avión.”

Este último fragmento se refiere a cómo ejecutaron extrajudicialmente a muchas mujeres y hombres que hasta la fecha continúan en calidad de detenidos desparecidos.

Es público quiénes eran los jefes de gobierno, los mandos militares, los integrantes del poder judicial y los legisladores quienes como parte de la política de Estado avalaron y justificaron esas prácticas de terrorismo de Estado en esos años y ¿Por qué no se estigmatiza a esos funcionarios y las instituciones que representaban desde la mañanera?

Porque la política del Estado y de todos los gobiernos frente al crimen de la desaparición forzada y más por motivos políticos es la impunidad, la mentira, la injusticia y la revictimización.

Tomemos ahora el caso de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, ellos fueron detenidos desaparecidos el 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca, en el contexto de un plan contrainsurgente dirigido a aniquilar al Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR). A partir de su irrupción pública, en junio de 1996, el Estado creó diferentes grupos especializados a nivel federal y estatal para combatir a este grupo insurgente, en Oaxaca, hoy sabemos se creó en 1997, en coordinación con Ejército federal y Marina, la Fuerza Policial de Alto Rendimiento (FPAR).

Dicha corporación va a ser responsable de ejecutar la política contrainsurgente en contra del EPR en el estado de Oaxaca y en esos años con particular saña, en la región de los Loxichas en la sierra sur del estado y en la nación Triqui. ¿Quiénes planificaron y ejecutaron esa política contrainsurguente por al menos 10 años?

El Estado mexicano: sus tres poderes y en todos sus niveles: federal, estatal y municipal participaron de la estrategia contrainsurgente: y Ernesto Zedillo lo afirmó como jefe de Estado, cuando en un discurso prometió aplicar contra la insurgencia: “toda la fuerza del Estado”.
Le guste o no a López Obrador y, en pocas semanas, a Claudia Sheinbaum como jefes de Estado es y será responsable de las graves violaciones de derechos humanos cometidas por los gobiernos anteriores y por el Estado mexicano en su lucha contrainsurgente y de represión política.

Impunidad, mentira, injusticia y revictimización esta ha sido la política del Estado mexicano en general frente al tema de las desapariciones forzadas, pero también de este gobierno en particular que es el segundo punto a abordar. Podemos preguntar ¿qué ha sucedido con los 56 casos de desaparición forzada por motivos políticos ocurridos en este sexenio?

¿Hay verdad, justicia, reparación integral del daño? ¿Cuántos funcionarios públicos están presos o de menos son investigados? ¿Quiénes son los beneficiarios y los facilitadores de estas desapariciones forzadas?

¿El problema es tener un gobierno bueno y el resto del Estado malo?, ¿Tener un gobierno bueno y dos poderes podridos? Bueno, ahora dirán que un poder legislativo minoritariamente podrido…
No es un problema de buenos y malos, es un problema más profundo, pero no por ello incomprensible:

No existe hasta la fecha un Estado nacido de relaciones de producción capitalistas que tenga la voluntad de juzgarse a sí mismo y de autodestruirse…el límite claro para todo Estado dentro el capitalismo por muy progresista que sea, es el funcionamiento de esas relaciones sociales de producción capitalistas que les da origen, por tanto, todo aquello que lo ponga en riesgo debe ser aniquilado incluso por medio del terrorismo de Estado, bajo esta realidad podemos comprender, porqué la práctica de la desaparición forzada por motivos políticos no ha dejado de existir, se sigue cometiendo, persiste al mismo tiempo que los tibios avances en otras materias que favorecen al pueblo y porqué los gobiernos progresistas no logran la verdad, la justicia y la reparación integral del daño; porqué los logros se limitan a condenas morales, porque sólo existen algunas sentencias de casos particulares arrancadas a base de protesta popular y persistencia; pero no existe un cambio en la política del Estado de impunidad, mentira, injusticia y revictimización.

No bastaron los buenos deseos en 6 años de gobierno de López Obrador para cambiar la política del Estado mexicano respecto al tema de la desaparición forzada, existen ya muchas justificaciones para esta insuficiencia, existen incluso quienes culpan al movimiento independiente de no ayudar lo suficiente para que esta realidad cambiara.

Sin embargo, la realidad es más necia que el más necio de los seres humanos y que el miedo de quienes luchan mientras el manto gubernamental los proteja, y esa realidad nos dice que la política del Estado mexicano y en particular de este gobierno respecto a las desapariciones forzadas de personas por motivos políticas no cambió y siguió siendo la de impunidad, mentira, injusticia y revictimización.

Mucho deberemos de luchar todavía para arrancar nuevos triunfos en este terreno al gobierno entrante, mucho para lograr Verdad, Justicia, Reparación Integral del daño y no permitir que nos arrebaten la memoria de todas aquellas personas que han luchado por democratizar esta sociedad hoy lamentablemente, todavía herida por el terrorismo de Estado.

Comité Cerezo México