La desaparición forzada en la administración actual

Ponencia presentada por el FNLS en el foro titulado: La desaparición forzada en la administración actual, realizado en el marco del día internacional de las víctimas de la desaparición forzada, en las instalaciones del plantón popular del FNLS a un costado de Palacio de Gobierno de la Ciudad de México.

Ciudad de México, a 26 de agosto de 2024
A la opinión pública

La desaparición forzada es un crimen transexenal que en esta administración actual se expresa en prácticas del terrorismo de Estado y no una herencia política de priistas o panistas, es un crimen de Estado que sigue un distintivo político de impunidad que protege a los responsables materiales e intelectuales en contra del pueblo trabajador. Crimen que es inherente al sistema capitalista, y a pesar del discurso gubernamental de “respeto a los derechos humanos” del gobierno morenista, las cifras de casos van en aumento.

En el país, el crimen de lesa humanidad como la desaparición forzada es un fenómeno que continúa cometiéndose contra el pueblo trabajador y se acentúa en regiones de interés económico, por ejemplo en Chiapas, donde a inicios del sexenio se impulsó la represión y se reforzó la presencia policíaco militar. El despliegue militar cobró sus primeras víctimas en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas contra activistas y defensores de los derechos humanos en el plano nacional.

Por ejemplo, la ejecución extrajudicial contra el defensor de derechos humanos Sinar Corzo, en Arriaga, Chiapas el 15 de abril de 2018; la ejecución extrajudicial contra el activista y opositor a la termoeléctrica Samir Flores Soberanes el 20 de febrero de 2019 en Amilcingo, estado de Morelos, en un contexto de criminalización del gobierno de López Obrador a las expresiones de organización y protesta popular.

Previo al caso de Samir Flores, la madrugada del 17 de enero de 2019, en un ataque paramilitar, desaparecen de manera forzada a Noé Jiménez Pablo y José Santiago integrantes del Movimiento de Campesino Regional Independiente (MOCRI-CNPA-MN), localizado con signos de tortura y ejecutados.

Desde la tribuna del Ejecutivo federal el discurso fue de respeto a los derechos humanos, sin embargo, los acontecimientos diarios comenzaron a contradecir tal posición gubernamental. El 17 de julio de 2019, cometieron la desaparición forzada de nuestro compañero Javier González Díaz en Soyatitan, Chiapas, a quien posteriormente por la movilización del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) a nivel nacional, se vieron obligados a presentarlo con vida, torturado y en la cárcel. Como víctima es testigo de la persistencia de la desaparición forzada.

Contra el FNLS se cometieron otros casos de desaparición forzada, como a los tres compañeros indígenas tseltales, Angelina Sántiz López, Carlos López Gómez (+) y Enrique Armando Herrera Jiménez (+) el 9 de junio de 2020 y presentados con vida 6 días después por el grupo paramilitar Los Petules a los familiares y organización. Con la movilización, la solidaridad de personas sensibles y llamados al gobierno mexicano y chiapaneco por organismos internacional como el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU.

Los crímenes de lesa humanidad y de Estado son inherentes al sistema capitalista en el que se garantiza los intereses del capital financiero internacional por encima de los intereses populares. Las desapariciones forzadas en esta administración están en relación a los intereses políticos y económicos de la burguesía y no hechos del que el Estado desconozca o esté fuera de su control.

El cometido de la desaparición forzada fue en aumento en los estados del sur-sureste del país, conforme la política de militarización se reforzó, la violencia contra los trabajadores del campo y la ciudad se materializaron en ejecuciones y desapariciones forzadas. Decenas de casos en el estado de Chiapas en región fronteriza y Sierra Madre de Chiapas, pueden ilustrar lo anterior.

La violencia institucional contra el pueblo no se detiene y las desapariciones forzadas persisten como prácticas de terrorismo de Estado, contrario a la promesa que hiso el gobierno actual antes y después de llegar a la silla presidencial. El aumento de victimas indica que no hubo ningún voluntad política por erradicar este flagelo y que se mantiene con la finalidad de imponer la voluntad oligárquica.

Si bien el gobierno de MORENA dio a conocer una cantidad conservadora de 110 mil víctimas de desaparición forzada, fue debido al fenómeno desbordado en el país, pero minimizó los casos perpetrados en su gobierno y sostuvo que es una herencia del pasado y de neoliberales y no un fenómeno presente, con un discurso mediático que intentó sepultar la lucha de las víctimas.

El gobierno federal simuló atender la demanda de miles de familiares en exigencia de presentación con vida y castigo a los responsables. Prometió investigar los casos de desaparecidos pero evitó intencionalmente deslindar al ejército como perpetrador. La creación del Mecanismo para el Esclarecimiento Histórico (MEH), por ejemplo, constriñe la investigación solo a hechos del pasado y en automático deslinda a su gobierno sin considerar que esos crímenes no prescriben, son continuados en la medida de que no existe verdad y justicia.

Esta administración “facilitó” los archivos e informes de crímenes de las últimas décadas del siglo pasado bajo el supuesto de “resarcir la deuda histórica a los familiares”. Le implica menos costos políticos para su gobierno y a su vez protege a los perpetradores arguyendo que la participación del ejército en aquellos años fue por órdenes de un civil y no política de Estado.

Sin embargo, su gobierno es corresponsable mientras prevalezca la impunidad y evite que las instituciones señaladas sean objeto del máximo escrutinio. Blindar jurídica y políticamente a las fuerzas castrenses no es una medida que propicie la justicia anhelada por las víctimas, menos aún eximirlos de la responsabilidad y equipararlo al resto de las víctimas bajo el argumento político de que su actuar fue decisión de jefes de Estado en el neoliberalismo.

La administración morenista presentó a la institución castrense como honorable e intachable cuando este mismo es la institución responsable de miles de casos de desapariciones forzadas, entre ellos, la de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez hace 17 años. Así mismo, es responsable de la desaparición forzada de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa por cumplirse ya 10 años. El gobierno simuló empatía con las víctimas para administrar la impunidad y prolongarla con un discurso demagógico.

Presentar a la institución militar como honorable, intachable o pueblo uniformado es con el objetivo de retocar la imagen desgastada del ejército como perpetrador de múltiples graves
violaciones a los derechos humanos, entre ellos, las desapariciones forzadas. La política actual es evitar toda investigación que desenmascare el hilo conductor y continuidad en el cometido de crímenes de lesa humanidad como práctica del terrorismo de Estado en esta administración.

No puede ni hay forma de que la administración actual se deslinde de la responsabilidad en las desapariciones forzadas mientras éstos se mantengan en la impunidad y exista continuidad en su cometido. Es un crimen que no prescribe, por tanto, vincula al gobierno actual como corresponsable al prolongar la impunidad. Además de ello, es el Estado el único responsable de esta práctica y en el país, no existe ninguna medida real del Estamos mismo que erradiquen estos crímenes.

Por más que se intente negar el fenómeno de la desaparición forzada, la realidad desmiente el discurso presidencial, Chiapas, Veracruz son algunos de los estados donde las prácticas del terrorismo de Estado son evidentes. Las víctimas van en aumento y no es una herencia con la que el gobierno en turno deba lidiar, es un fenómeno presente inherente a la imposición de los intereses económicos y políticos de la burguesía donde priistas, panistas y morenistas fungen como representantes.

Con la política del “perdón si, olvido no” prolonga la injusticia, la protección de los responsables materiales e intelectuales, por ente, la continuidad de los crímenes de Estado y la impunidad sobre ellos. Política que desmovilizó una parte del movimiento de los familiares víctimas logrando así el respaldo de una posición gubernamental de impunidad.

El fenómeno en cuestión no son casos aislados, forman parte de una política que no está desligada de los intereses burgueses y el proceso de militarización en el país. Por ejemplo, para el maestro Santiago Corcuera Cabezut, la continuidad del fenómeno de la desaparición forzada es por el modelo militarizado que mantiene el gobierno actual.

En el gobierno del PRI, el PAN y MORENA, las desapariciones forzadas se cometen contra los hijos del pueblo, es decir, contra el pueblo trabajador del campo y la ciudad, es una política transexenal donde la impunidad también trasciende sexenios. Según la lógica del actual jefe de Estado, a su sucesora le hereda miles de casos de desaparición forzada todos ellos en la impunidad.

El pueblo tiene la necesidad de mantener la organización y la exigencia de presentación con vida de las víctimas de este crimen de lesa humanidad, salir en las calles en busca de juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales y denunciar las graves violaciones a los derechos humanos que se cometen en esta administración que a pesar del discurso, suman a la larga lista de nuevas víctimas de mexicanos de todas las edades.

Fraternal y combativamente
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡Por la unidad Obrera, Campesina, Indigena y Popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo