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Las instituciones de gobierno se coordinan para mantener en la impunidad los casos de desaparición forzada
Sábado 20 de julio de 2024, por
Ciudad de México, a 20 de julio de 2024
A la opinión pública
Entre las instituciones gubernamentales existe una coordinación para mantener en la impunidad a los responsables, encubridores y cómplices de las desapariciones forzadas cometidas en sexenios pasados y en el presente, a pesar de que se declare una y otra vez la nula intensión del gobierno federal de dañar a los familiares y de impartir justicia para estos casos, la realidad señala lo contrario. Las instituciones del Estado desde las diferentes funciones que realizan, cobijan con el manto de la impunidad a los perpetrados del crimen de la desaparición forzada.
No es de extrañarse que la política de impunidad que se impulsó en gobiernos pasados continúe en la presente administración, de ahí el fortalecimiento del estado de derecho burgués, con el que las instituciones cierran filas para borrar las evidencias del crimen cometido, la dilación para ganar tiempo en la elaboración de medidas leguleyas que permita anular la responsabilidad de políticos de oficio, funcionarios públicos y corporaciones policíaco militares en el cometido del crimen atroz de la desaparición forzada.
Cada institución del Estado que tiene la responsabilidad de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, tienen en sus manos la posibilidad de coadyuvar en la procuración de justicia, la reparación integral del daño, las medidas de no repetición; de no revictimización, el acceso al derecho a la verdad y la justicia sobre los casos de desaparición forzada; dichas instituciones son la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Fiscalía General de la República (SEGOB), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Por el actuar de las diferentes dependencias gubernamentales podemos afirmar que éstas simulan atender la demanda de presentación con vida, juicio y castigo a los responsables porque no existe el interés de resolver el grave problema de la desaparición forzada de personas en México.
La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), tiene en su haber coordinar acciones de búsqueda entre las autoridades federales y locales para la búsqueda y localización de las víctimas de desaparición forzada, sin embargo, éstas las dirige bajo la presunción de muerte y de manera aislada del contexto socioeconómico, búsqueda que se realiza en fosas clandestinas, terrenos baldíos, parajes…sin que exista la más mínima coordinación entre las diferentes instituciones que deben investigar, buscar, localizar a las víctimas y crear mecanismos de no repetición.
Las acciones que se realizan desde dicha institución no cumple con los principios internacionales de la búsqueda de las personas detenidas desaparecidas, su actuar es de simulación y desgaste para los familiares de los detenidos desaparecidos y ser cómplice del crimen cometido.
Lo más reciente del actuar de la CNB para los casos de desaparición forzada es la acción que cometió la institución contra las víctimas de la desaparición forzada y sus familiares, la entrega o no de información valiosa sobre el análisis de contexto de la desaparición forzada de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberro Cruz Sánchez, muestra la nula intensión de coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos de la desaparición forzada y la condición actual de las víctimas, su intención es de mantener en el olvido el crimen que se cometió en su contra y mantener en la impunidad a los responsables materiales e intelectuales del crimen cometido hace 17 años.
Con la entrega o no de información del análisis de contexto (porque la titular no ha esclarecido con exactitud los detalles de la última información que dio) al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) y este a un particular, se proporciona información a cualquier persona por el sólo hecho de justificar que se trata de una grave violación a los derechos humanos; efectivamente, se trata de una grave violación a los derechos humanos, razón mayor por la que se debería proteger el derecho de las víctimas para que no se les revictimice y se acceda al derecho a la verdad y la justicia.
El daño que genera la desaparición forzada de personas, es motivo suficiente por el que se debe reparar la grave violación a los derechos humanos. Con la entrega de información a un particular, no se puede reparar de manera integral los derechos violados de las víctimas y sus familiares, por lo que en todo momento del proceso se bebe considerar a los familiares de los detenidos desaparecidos, y no usarlos para limpiar la imagen institucional.
Por su parte la Fiscalía General de la República (FGR), avanza a paso de tortura en la investigación de los motivos por lo que se cometió una desaparición forzada, tiende a dar atole con el dedo a los familiares de los detenidos desaparecidos, lo que significa, que la intensión del jefe de Estado no es impartir justicia, sino dilatar la investigación para que no haya indicios del paradero de las víctimas y finalmente se busquen a los detenidos desaparecidos en fosas clandestinas.
Hecho que indica que no existe coordinación entre las instituciones y autoridades responsables de investigar y dar con el paradero de las víctimas, porque la investigación es un proceso que se separa con la búsqueda de las víctimas, lo que hace más complicado que se pueda localizar bajo la presunción de vida a los miles de detenidos desaparecidos de manera forzada.
La reparación integral del daño se impone para dar por muertos a las víctimas de la desaparición forzada y que los familiares dejen de exigir justica. Con un monto económico la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) pretende que los familiares superen el daño que deja una desaparición forzada en la humanidad de un ser humano con el que se tiene una historia de vida.
Es perverso que a los detenidos desaparecidos se les considere un numero monetario con el que se deba resolver la grave violación a su humanidad. El pueblo necesita el acceso a la verdad y la justicia, por lo que a los detenidos desaparecidos se les debe buscar bajo la presunción de vida y la exigencia debe mantenerse viva en todo espacio público, porque son una bandera de lucha que debe ondear en las luchas del pueblo.
Si las instituciones del Estado se coordinan para mantener la impunidad sobre los responsables, encubridores y cómplices de las desapariciones forzadas, el pueblo debe coordinar esfuerzos para que se conozca la verdad de los hechos y se enjuicie y castigue a los responsables materiales e intelectuales de las desapariciones forzadas por motivos políticos y sociales.
Fraternalmente:
¡Por la Unidad Obrera, Campesina, Indígena y Popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS