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¿En México se respeta la libertad de expresión?
Jueves 20 de junio de 2024, por
Ciudad de México, a 20 de junio de 2024
A la opinión pública
El cuestionamiento a la declaración del respeto a la de la libertad de expresión en la presente administración se convierte en una necesidad para analizar la forma en que se conduce la política de gobierno, por mucho que el Ejecutivo federal declare desde Palacio Nacional el respeto a la expresión de ideas, la realidad nos conduce a concluir que ésta es transgredida, violentada, anulada o condicionada, por lo que no existe el respeto al ejercicio de la libertad de expresión.
Al inicio de la administración morenista, el Ejecutivo federal hizo declaraciones para descalificar la organización popular independiente, desde epítetos como radicales de izquierda intentó fijar en la memoria colectiva que ya no era necesario organizarse por la vía independiente, solo por medio de la política burguesa; por el solo hecho que el partido denominado Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) había llegado a la presidencia de la república existía plena libertad para emitir cualquier opinión sin que esto significara la represión o el encarcelamiento.
Con el paso de los años quedó demostrado con los crímenes de lesa humanidad y de Estado, y el encarcelamiento injusto y arbitrario de luchadores sociales, activistas políticos, defensores de los derechos humanos que en la presente administración la libertad de expresión es violentada, anulada y judicializada; por ejemplo, el 20 de febrero de 2019 asesinan por motivos políticos al activista Samir Flores Soberanes.
El motivo fue por la lucha que realizaba contra el Proyecto Integral de Morelos (PIM), proyecto impulsado por el gobierno federal que pone en peligro el medio ambiente y provoca el desabasto de agua en la región; a través de la radio comunitaria de Amiltzingo, ejercía crítica política respecto al proyecto de Morelos.
Con las descalificaciones del jefe de Estado como “escuchen radicales de izquierda, que para mí son conservadores” criminalizó la lucha de los pobladores de Morelos y generó las condiciones para legitimar la criminalización y judicialización de la protesta popular, por lo que, en otros casos, se retomaron expedientes incriminatorios creados en sexenios pasados contra luchadores sociales, para someter en prisión a las voces críticas contra el régimen económico y político.
De dicho asesinato cometido en el año 2019, a la fecha se han suscitado una serie de encarcelamientos de manera injusta e ilegal contra quienes ejercen crítica política en la actual administración, los descalificativos que acompañan a estos son constantes en las conferencias de prensa del jefe de las fuerzas armadas.
La política represiva se basa en la creación de carpetas incriminatorias, en la fabricación de falsos testigos, la alteración de los hechos para justificar un encarcelamiento por motivos políticos y atomizar a las organizaciones populares independientes que nos mantenemos organizados fuera de la lógica de la política burguesa.
En el 2019 con la embestida represiva por parte de los tres niveles de gobierno: el federal, el gobierno de Chiapas, el municipal de Ocosingo contra los que integramos el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, se comprobó una vez más la política de la administración Morenista contra el pueblo que se organiza y lucha de manera independiente.
A partir de ese año se crearon carpetas incriminatorias para anular la crítica política que realizamos desde sexenios anteriores e imponer una visión de la realidad que no puede sostener con discursos demagógicos. A nuestros compañeros Javier Gonzales Díaz, Armando Hernández Sánchez, Asunción Gómez Sánchez y Venturino Torres Escobar, se les privó de la libertad por el ejercicio de los derechos humanos y libertades políticas, por la lucha jurídica y política logramos demostrar su inocencia de los delitos que se les imputaba.
Al compañero Leobardo Reyes Meza también se le privó de la libertad, de manera condicional se le dejó en libertad, sin que su situación de perseguido político haya culminado, al contrario, nuevamente su libertad se encuentra en riesgo. En la democracia burguesa, la libertad de expresión no se respeta para el ejercicio pleno de las libertades políticas, al contrario, se criminaliza a quien emite una opinión contraria a la del Ejecutivo federal o la que surge desde las instituciones burguesas.
En el FNLS damos testimonio de la agresión hacia el derecho a la libertad de expresión, en el plantón popular instalado desde el 8 de abril de 2024, frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), hemos sido objeto de hostigamiento por parte de elementos de la Secretaria de la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a través de la toma de fotografías a quienes nos mantenemos en plantón se busca impedir la libertad de expresión, reunión y el derecho a la protesta popular.
De la misma manera se ha impedido el derecho a libre tránsito consagrado en el artículo 11 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual protege la libertad física o de movimiento, así como el derecho de toda persona para desplazarse de un lugar a otro sin necesidad de autorización o permiso previo de la autoridad o cualquier otro requisito de este tipo.
A pesar de que existe este mandamiento establecido en la Carta Magna, con el cerco policiaco, instalado en la calle Pino Suarez, esquina con la calle Venustiano Carranza, a través de vayas metálicos se impide que se pueda acceder de manera normal al primer cuadro del zócalo de la Ciudad de México, en este sentido hemos encontrado la negativa por parte de los elementos de la SSC para poder acceder a nuestro plantón popular instalado frente a la SCJN y a unos metros del cerco policiaco.
Por si fuera poco, frente a nuestro plantón se encuentra instalado un grupo de personas que dicen protestar contra la SCJN, al estilo de agentes del Estado emiten declaraciones dolosas en nuestra contra por el hecho de ejercer la libertad de expresión y dar a conocer las demandas políticas que tenemos en la organización popular.
Con epítetos como “esquiroles”, “paleros”, “traidores a la patria”, “apátridas”, “financiados por Norma Piña”, buscan desprestigiar la lucha que hemos desarrollado a lo largo de dieciocho años como FNLS, así mismo son personas que buscan generar las condiciones para que seamos reprimidos por el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal.
Personas de este tipo realizan el trabajo sucio del Estado para la represión o el cometido de crímenes de Estado y de lesa humanidad, como ha acontecido en otros momentos en el que ejercemos la crítica política. Situaciones como las expuestas confirman que aun en la presente administración que se jacta de declarar en infinidad de ocasiones el respeto a la libertad de expresión, ésta se viola por omisión, comisión o aquiescencia, y se utiliza a grupos de personas para deslegitimar la lucha del pueblo trabajador.
Todo acto de agresión, hostigamiento o represión en nuestra contra, será responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México en connivencia con el gobierno federal por permitir que el ejercicio de los derechos humanos y libertades políticas ponga en peligro la integridad física y psicológica contra los que integramos el FNLS.
Fraternal y combativamente
¡Por la Unidad Obrera, Campesina, Indígena y Popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo