Desde las instituciones del Estado se mantiene en la impunidad a los responsables de la desaparición forzada de personas

Ciudad de México, a 06 de junio de 2024
A la opinión pública

Las instituciones del Estado aplican la impunidad como política de gobierno para proteger a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad, cada una con diferentes matices cumplen con la consigna de gobierno de mantener en la impunidad a los responsables materiales e intelectuales del artero crimen de la desaparición forzada.

Desde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) la aplicación de la impunidad se expresa en dar por muertos a los detenidos desaparecidos de manera forzada, a través de la supuesta “reparación integral del daño” la institución concluye que una víctima de desaparición forzada está muerta por lo que se debe destinar un monto monetario a los familiares de las víctimas para “reparar” el daño causado por la ausencia forzada de un ser querido.

Política perversa con la que se intenta sepultar la exigencia de presentación con vida de los detenidos desaparecidos, que los familiares se resignen a la pérdida del familiar, elaboren el duelo, se alejen de la lucha por presentación con vida y castigo a los culpables, y se fortalezca la impunidad sobre los casos de desaparición forzada.

A través de la CEAV el Estado trata de convencer a los familiares de los nulos indicios de la presunción de vida de la víctima de este crimen. En su lógica, sólo se viola el derecho a la libertad, a la seguridad personal, se pone en riesgo la integridad física y psicológica…y al no haber certeza de que se le pueda encontrar con vida se tasa el daño que causa la desaparición forzada en una cuestión monetaria,
por lo que se niega que la desaparición forzada de personas sea una grave violación a los derechos humanos, de carácter pluriofensivo porque viola los derechos de los familiares, amigos, compañeros de lucha y comunidad internacional; además que, por su imprescriptibilidad, es un crimen continuado, porque los derechos violados en una desaparición forzada siguen sin ser resarcidos y la herida que deja la ausencia forzada de un ser querido sigue causando un dolor profundo e interminable.

La exigencia de los familiares y organizaciones populares es ¡vivos se los llevaron, vivos los queremos! Por lo que la pretensión de dar por muertos a los detenidos desaparecidos tiene el objetivo de negar el derecho a la verdad y la justicia a los familiares de las víctimas; en los hechos niegan el derecho de sus familiares y comunidad internacional de conocer la verdad de los hechos, la identidad de los responsables materiales e intelectuales y la situación actual de los detenidos desaparecidos.

Las diferentes instituciones del Estado se pliegan a la política de gobierno para mantener en la impunidad el crimen de la desaparición forzada. En la desaparición forzada de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, la Fiscalía General de la República (FGR) prolonga el tiempo en la investigación de los responsables materiales e intelectuales de la desaparición forzada de ambos revolucionarios.

El actuar del Ministerio Público en las reuniones de la Comisión Especial de Búsqueda (CEB), en la búsqueda y localización con vida de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, encargado de investigar la desaparición forzada de ambos, se basa en las indicaciones que sus superiores le den para avanzar o estropear la indagatoria del caso, por su parte la Secretaria de Gobernación (SEGOB) con su actitud omisa convalida la forma en la que las instituciones conducen la investigación, búsqueda y localización de ambos revolucionarios, en los hechos su presencia obedece a vigilar que la impunidad se mantenga firme.

El jefe de Estado es el que ha dado la dirección por la que deben funcionar todas las instituciones que le dan vida al Estado, por lo que la política de impunidad está diseñada para asegurar protección a quienes de manera premeditada planearon y ejecutaron la desaparición forzada de todos y cada uno de los detenidos desaparecidos.

La necesidad en la presente etapa de lucha es desenmascarar la forma en la que las instituciones de Estado mantienen la impunidad en los casos de desaparición forzada, por lo que los familiares de las víctimas deben mantener la denuncia sobre el manejo que se les da a cada uno de los casos de desaparición forzada, de lo contrario la política de impunidad se consolidara sin que se conozca la identidad de los que ordenaron, detuvieron y desaparecieron de manera forzada a las víctimas de este crimen.

No es una opción renunciar al derecho a la verdad y la justicia, el pueblo tiene el legítimo derecho de conocer la situación actual de las víctimas, el esclarecimiento de los hechos, la creación de espacios de memoria que permitan visibilizar que la desaparición forzada es un crimen atroz que no debe quedar en la impunidad y sobretodo que continúe la exigencia de juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales del cometido de una desaparición forzada.

Fraternalmente
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡Por la unidad Obrera, Campesina, Indígena y Popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS