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Culmina la semana internacional del detenido desaparecido con la exigencia de ¡presentación con vida, juicio y castigo a los responsables!

Jueves 30 de mayo de 2024, por Ciudad de México

Ciudad de México, a 30 de mayo de 2024
A la opinión pública

Este 30 de mayo culmina la semana internacional del detenido desaparecido, con la exigencia de ¡Presentación con vida, juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales del crimen de la desaparición forzada! demanda popular que es vigente y que enarbolamos por la continuidad de estos crímenes. Mientras no se conozca la verdad de los hechos, la condición actual de las víctimas, se enjuicie y castigue a los responsables materiales e intelectuales, el pueblo tiene el derecho para mantenerse en las calles para exigir alto a la impunidad.

La demanda de presentación con vida sigue vigente al ser un crimen que todos los días lastima, ofende y denigra la esencia humana al no existir castigo a los responsables y no se conozca la verdad, se repare el grave daño y se erradique este crimen. Todo hombre y mujer que sea víctima de este crimen, tiene el derecho a ser buscado bajo la presunción de vida.

La política de gobierno pretende borrar de la vida de los familiares a las víctimas, ser desterrados de la sociedad como ser social, histórico, genérico, universal y natural, se pretende borrar del registro de personas desaparecidas y no localizadas y de la propia memoria colectiva. Con ello niega el derecho de las víctimas, sus familiares y comunidad internacional a la verdad, justicia, a la reparación integral del daño, a la creación de mecanismos de no repetición.

La exigencia de presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos es una bandera de lucha de familiares, organizaciones populares y de derechos humanos, porque el flagelo sigue golpeando a cientos de familias proletarias, crimen de lesa humanidad transexenal que fue tema en el discurso de la administración federal actual pero no dentro de la agenda para resolver o procurar justicia para las víctimas, fue indolente y omiso.

Como en administraciones anteriores, la demanda de justicia se trató de sepultar con la política del perdón si, olvido no, lo que silenció y desmovilizó a las víctimas a cambio de una moneda que el gobierno ofrecía como una maniobra de proteger a los responsables Política gubernamental perversa que mercantiliza la vida humana al anteponer la cuestión monetaria con el falaz argumento de reparación del daño y no priorizar la verdad, juicio y castigo a los culpables.

La reparación del daño debe tener como punto de partida el esclarecimiento del crimen de lesa humanidad, cualquier otra medida significa una afrenta contra la víctima, sus familiares y pueblo en general. Mecanismo que utiliza el gobierno actual para dividir, anular y desviar el sentido político de la exigencia de presentación con vida de las víctimas de desaparición forzada.

Toda persona en condición de detenido desaparecido se debe buscar con vida, por lo que, la búsqueda en fosas clandestinas o terrenos baldíos constituye legitimar la tesis del Estado: que todos los detenidos desaparecidos están muertos. Planteamiento perverso que agrede el principio fundamental de la búsqueda de personas detenidas desaparecidas; la búsqueda bajo la presunción de vida.

La presente administración morenista no resolvió ni atendió la exigencia de presentación con vida, dio continuidad al cometido de este crimen y perpetuó la impunidad, por ello ésta administración es corresponsable de más de 350 mil casos los cuales han quedado en completa impunidad, las promesas de justicia quedaron en proposiciones de campaña que una gran parte del pueblo le dotó votos de confianza.

La integridad física y psicológica del pueblo trabajador no fue prioridad para esta administración, la vida de un hijo del pueblo la puso por debajo de la protección a funcionarios públicos, a la institución o elementos castrenses. El jefe de Estado tiene la obligación de enjuiciar y castigar a los responsables del cometido de las desapariciones forzadas, pero en los hechos los protege.

Contrario a ello el ejecutivo federal, procura impunidad y el fortalecimiento del Estado policiaco militar para el cometido de nuevos crímenes de Estado y de lesa humanidad, por lo que afirmamos que no hemos errado en la denuncia política realizada en cada sexenio: los gobiernos federales, independientemente del partido político al que pertenezcan no representan los intereses de los trabajadores del campo y la ciudad.

La prueba está en que, si la intensión fuese procurar justicia para los miles de casos de desapariciones forzadas en el país, se iniciaría con la investigación sobre la desaparición forzada de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, para posteriormente avanzar en la búsqueda y localización con vida de ambos revolucionarios.

Sobre todo, porque existe una resolución jurídica a favor de las víctimas de la desaparición forzada que marca la pauta a seguir para los miles de detenidos desaparecidos que existen en el país, sin embargo, el jefe de Estado le apuesta a dejar la deuda de justicia al siguiente administrador de los intereses oligarcas, para postergar una vez más la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, mantener en el olvido el crimen atroz de la desaparición forzada y alterar la imprescriptibilidad del crimen de lesa humanidad.

El caso de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz ejemplifica la maraña burócrata y dilación a la que someten a los familiares para negar el acceso a la justicia. A casi dos años de emitirse una resolución por la máxima instancia de procuración de justicia para el caso de desaparición forzada de Gabriel y Edmundo, las instituciones del Estado, encargadas de agilizar la búsqueda y localización con vida mantienen en la impunidad a los autores materiales e intelectuales de la desaparición forzada y simulan realizar avances en el caso.

En la desaparición forzada de nuestro compañero Fidencio Gómez Santiz, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chipas (FGJCh) de manera intencionada, pretende eludir la responsabilidad de los agentes de Estado, señalados en el expediente como responsables de la desaparición forzada de nuestro compañero con el falaz argumento de haber perdido el expediente del caso.

Con haber hecho perdidizo el expediente, anulan la grave violación a los derechos humanos cometidos en la humanidad del compañero, le niegan el derecho de toda víctima de este grave crimen a que sus derechos sean restituidos, se repare de manera integral el daño cometido en su persona y el derecho a ser buscado bajo la presunción de vida.

Miles de familiares son remitidos de institución a institución con la finalidad de sostener la impunidad y continuar con el grave crimen de la desaparición forzada en sus seres queridos, por lo que es una necesidad mantener la exigencia de ¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!, en todo espacio que deba ser tomado como tribuna de denuncia.

En esta fecha importante nos movilizamos por la presentación con vida de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, por nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz, por Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, por Lauro Juárez, por Leticia Galarza Campos, por Carlos Rene Román Salazar, por el defensor de derechos humanos Francisco Paredes Ruiz, por el activista político Teodulfo Torres Soriano, por los periodistas Ramón Ángeles Zalpa, María Esther Aguilar Casimbe, Antonio García Apac, por los 43 normalistas de Ayotzinapa y los miles de detenidos desaparecidos que existen en el país.

La lucha de los familiares y organizaciones populares, debe mantenerse firme ante la pretensión gubernamental de sepultar la justa demanda de ¡presentación con vida, juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales del artero crimen de la desaparición forzada!

Fraternalmente
¡Vivos se los llevaron, Vivos los queremos!
¡Por la Unidad Obrero, Campesino, Indígena y Popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

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