La paz, el orden y la no violencia institucional en Chiapas, solo es discursivo

Chiapas a 29 de abril de 2024

A la opinión pública

La paz, el orden y la no violencia institucional en Chiapas, solo es discursivo

El Ejecutivo federal afirmó durante una conferencia matutina que en Chiapas prevalece la paz, el orden y la no violencia, una posición que no corresponde a la realidad que viven cientos de familias chiapanecas. Su afirmación existe y encuentra forma solo como discurso, la violencia institucional se materializa en crímenes de lesa humanidad con la autoría de las corporaciones policíaco militares y paramilitares contra los sectores populares.

La violencia institucional en la entidad chiapaneca aumentó significativamente a inicios de este sexenio. La permanencia del ejército y su despliegue en el sur, así como el envío de elementos de la Guardia Nacional para reforzar la actuación de las corporaciones policíacas, se tradujeron en hechos represivos coordinado por los tres niveles de gobierno a través de las Mesas de Seguridad estatal.

El gobierno morenista justificó desalojos forzosos en las colonias populares y comunidades campesinas bajo el argumento de “devolver las tierras a sus legítimos dueños”. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) omitió adrede las arbitrariedades de las instituciones que objetivaron violaciones a los derechos humanos, argumentaron que los desalojos se llevaron acabo de acuerdo al protocolo, fungió como cobertura a una política de despojo violento a colonos asentados por más de dos décadas y tapadera de la violencia institucional.

El desplazamiento forzado es un fenómeno consecuencia de una política de gobierno, objetivadas directamente por elementos uniformados o por grupos paramilitares tal como atestiguan habitantes de la región centro, selva, sierra y frontera. La frontera sur es una de las regiones con incontables casos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, pueblos desplazados por la violencia esparcida a través de los grupos paramilitares bajo la careta de grupos de la delincuencia organizada y el narcotráfico.

El pueblo chiapaneco es testigo de las contradicciones del discurso del Ejecutivo federal y estatal sobre la no violencia. No es lo mismo vivir en estas regiones que sostener desde el púlpito presidencial que las corporaciones policíaco militares no son una amenaza para el pueblo.

Tachar de mentira la denuncia que hace el pueblo, es una irresponsabilidad que raya en el autoritarismo. Manipular y maquillar la información respecto a los hechos represivos y graves violaciones a los derechos humanos deja al descubierto el carácter del gobierno que en lo general emana de la democracia burguesa para la protección de los intereses empresariales, por ende, la insistencia de sostener que en Chiapas no pasa nada.

El silencio de los representantes de las cámaras empresariales ante la violencia generada por grupos paramilitares es cuestionable, cuando el pueblo organizado se moviliza por exigencias legítimas, los empresarios hacen el llamado inmediato a la aplicación del estado de derecho para la represión y las autoridades emprenden la persecución con la elaboración de carpetas incriminatorias.

El mensaje para el pueblo trabajador organizado o no, nada tiene que ver con los abrazos, corporaciones policíaco militares y paramilitares cometen prácticas del terrorismo de Estado en su contra y esa estela de víctimas son silenciadas o minimizadas como política gubernamental, de ahí la afirmación del Ejecutivo federal de que en Chiapas hay paz y orden.

¿A qué paz y orden hace referencia el Ejecutivo? ¿A la paz de las cámaras empresariales de explotar la mano de obra y expoliar los recursos naturales y minerales sin ninguna resistencia del pueblo? El orden, ¿Significa mayor militarización, paramilitarización y sostener la violencia institucional para el control de la población?

Lo que el Ejecutivo revela como experiencia en sus giras por Chiapas, de que el crimen organizado y el narcotráfico se portan bien, se presta a interpretaciones comprometedoras, porque contra el pueblo trabajador la violencia que generan estos grupos de carácter paramilitar es constante, contra el pueblo se portan de forma criminal. Contra el pueblo son violentos y ante la presencia del presidente de la república son bondadosos.

La violencia si afecta a los ciudadanos, en particular al pueblo organizado, el derecho a la protesta popular se topa con las limitaciones legales y se impone la represión, el desalojo, la criminalización, judicialización y la prisión por motivos políticos. Es más pronta la actuación de las fuerzas del Estado para evitar una manifestación popular que detener a sus agentes que cometen crímenes de lesa humanidad contra el pueblo.

Atentamente
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS