Tortura y tratos crueles como prácticas criminales contra integrantes del FNLS

Ciudad de México a 18 de abril de 2024

Presentamos la ponencia leída en el foro: presos políticos en México y de otros pueblos del mundo, libertad, en el plantón popular del FNLS instalado frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La tortura, tratos crueles, degradantes e inhumanos son considerados graves violaciones a los derechos humanos que son utilizados como método de investigación en gobierno antipopulares y autoritarios, son parte de la política de gobierno contra aquellos que realizan crítica política al régimen.

Crimen de lesa humanidad con el cual se pretende infringir el mayor daño físico o psicológico a la víctima para obtener información deseada por el víctimario, para arrancar confesiones auto incriminatorias y elaborar carpetas investigación a modo como los casos de varios compañeros integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, práctica criminal materializada por agentes del Estado.

Los organismos internacional de derechos humanos consideran la tortura como un crimen de lesa humanidad, es decir, una grave violación a los derechos humanos. A pesar de que el Estado mexicano ha firmado y ratificado los tratados en esta materia, se comete, no se evita ni sanciona; por tanto, al ser un crimen que no prescribe, los gobierno en turno son corresponsables, deben garantizar el acceso a la justicia, el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales del cometido de esta práctica fascista.

Como método de investigación, la tortura busca arrancar de la víctima información de interés para el victimario y el Estado en general, una práctica que incrimina y criminaliza a aquel que realiza crítica política al régimen. En el proceso se anula todo derecho humano a ser sujeto de derecho en el aspecto político y jurídico, la existencia de la víctima queda al amparo de la decisión política de sus verdugos.

El crimen en cuestión no es un hecho aislado o producto del temperamento de un mal agente de Estado, sino política institucionalizada que cumple la función de método de investigación practicada por agentes especializado para infringir el mayor daño físico y psicológico posible, incluso daños irreversibles que afectan no solo a la víctima, sino a la familia, su entorno laboral y de lucha si se es parte del pueblo organizado.

El Estado mexicano sistematiza esta práctica para socavar la dignidad del ser humano, activista, defensor de los derechos humanos, luchador social o revolucionario, con éstos métodos se intenta desquebrajar la voluntad de lucha de un sujeto organizado con la finalidad de orillarlo a renunciar a la causa justa y legítima que lo motiva a organizarse y protestar. De la tortura se elaboran expedientes incriminatorios para justificar detenciones arbitrarias, cometer ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas.

Las instituciones de “procuración de justicia” y sus agentes tienden al menosprecio, la denigración humana, máxime cuando existe pertenencia e identidad en un pueblo organizado. Práctica que es materializada en cárceles legales o mazmorras clnadestinas.

La mayoría de los presos políticos son objeto de tortura en manos de agentes policíacos o militares, se abstrae una conclusión, la tortura es política práctica criminal independientemente del gobierno en turno. Este método de investigación persiste en el actual sexenio, no es erradicado a pesar del discruso gubernamental de respeto a los derechos humanos.

Contra integrantes del FNLS se ha ejercido la prisión por motivos políticos y la tortura, en distintas administraciones sin que el actual sea la excepción. De manera particular en Chiapas tuvimos presos políticos que vivieron la tortura en los gobierno del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con la venia del gobierno federal administrado por el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional, situación que se repite con el partido del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en ambos niveles de gobierno.

Al respecto podemos compartir el caso de nuestros compañeros ex presos políticos, Javier González Díaz, víctima de la desaparición forzada el 17 de julio de 2019, dos días después puesto en prisión en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS, 5) ubicada en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Se le mantuvo en cárceles clandestinas en el pueblo de Soyatitán y municipio de Teopisca donde fue objeto de la tortura, tratos crueles, degradantes e inhumanos.

Por esta razón, el director del CERRS núm. 5 evitó recibirlo de forma inmediata, pero se sobrepuso la orden de mandos superiores. La enfermería de este centro penitenciario levantó los datos médicos que deja testimonio de la condición física durante su ingreso.

A él le aplicaron el método de tortura conocido en el argot criminal como el “teléfono” que consiste en golpes con la palma de la mano a la altura del oído, la amenaza de asfixiarlo con una bolsa de plástico y ahogarlo en agua. Cada acto de sus victimarios era un cuestionamiento acerca de la organización, de quiénes la conforman, de quién está al frente y cómo se llaman , amenazas de muerte que fueron reiterativas. Producto de la tortura en la humanidad hacia la humanidad del compañero Javier, hacen escollos en su salud.

La experiencia de nuestro compañero es un ejemplo que no se puede considerar un hecho aislado, sino como política de gobierno a integrantes del pueblo organizado fuera de los marcos corporativos del Estado y ejerce crítica política contra el régimen.

La escalada represiva contra el FNLS a nivel nacional, significó la materialización de detenciones arbitrarias en Chiapas, Michoacán y Veracruz. La segunda detención arbitraria fue la del compañero Armando Hernández, detenido y sometido por agentes encapuchados después de salir de su trabajo en la cabecera municipal de Chiapa de Corzo, posteriormente trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) donde le propician la tortura, lo inmovilizan, lo asfixian con una bolsa de plástico y luego le ponen un trapo húmedo sobre el rostro para ahogarlo en agua. Horas después lo trasladan al Centro de Reinserción Social para Sentenciados núm. 14.

Este es un fragmento de su testimonio, “me trasladaron sin saber dónde porque me cubrieron el rostro con mi playera, un cuarto más oscuro, allí me amarran los pies y las manos pegadas a las costillas, no podía moverme, me avientan al suelo, en esa posición me tiraron agua en la cara para sofocarme mientras me interrogaban, luego me mostraron fotos para que yo les dijera si conocía a esas personas, me pedían que hiciera una llamada a mi hermano, todo esto duró como media hora bajo constantes de amenaza de muerte”.

Javier y Armando son ex presos políticos, su detención arbitraria fue en la gestión de Jorge Luis Llaven Abarca, ex Fiscal del Estado de Chiapas, uno de los funcionarios que hoy ondean las banderas del MORENA en la cámara de diputados, político de oficio que erigió su carrera con la sangre del pueblo chiapaneco para sostenerse como representante del poder burgués. Existen testimonios de campesinos, activistas y luchadores sociales que sobrevivieron o murieron en el potro de la tortura en manos de este sujeto, con este antecedente tiene lugar en el escaño político de la “4T”.

El discurso de respeto a los derechos humanos de parte del gobierno mexicano no encuentra respaldo con la realidad, la represión y el cometido de graves violaciones a los derechos humanos adquiere sus propios matices en esta administración que intenta silenciar y negar al costo político que sea.

La tortura, los tratos crueles y degradantes no son casos aislados o práctica añejas, es un método de investigación de agentes del Estado en la actualidad, allí donde se imponen vía democracia burguesa gobiernos antipopulares y autoritarios, son una realidad contra elementos del pueblo organizado.

Por ejemplo, en el estado de Veracruz con el gobierno morenista de Cuitláhuac García Jiménez, torturaron y ejecutaron a nuestro compañero Gregorio de la Cruz de la Cruz. A él le arrancaron los pómulos, le quitaron parte del cuero cabelludo, lo hirieron con un arma punzocortante en todo el cuerpo y le cortaron la garganta.

Cuitláhuac García sostiene que fue una pelea entre borrachos, pero éste es un deslinde que lleva implícita su responsabilidad como gobierno, en específico, de las estructuras policíaco militares. Un crimen que buscó infundir el miedo entre los compañeros, sembrar el terror que conlleva la intención de inhibir la exigencia de libertad del preso político Higinio Bustos Navarro.

La tortura es parte de la esencia de la opresión del poder burgués contra el pueblo y sus organizaciones. No hay agente policíaco militar que sea ajeno a la práctica de los tratos crueles, degradantes e inhumanos, es parte de su adiestramiento y educación, someter con distintos métodos coercitivos al pueblo organizado.

Por cada crimen de Estado, priva la impunidad e indolencia gubernamental. La denuncia que realiza el FNLS son enviados al archivo muerto para garantizar la impunidad sobre los responsables materiales e intelectuales. El objetivo de los verdugos es sofocar la exigencia de justicia para el pueblo trabajador, minar su voluntad de organización y lucha por mejores condiciones de existencia para el conjunto de la clase proletaria.

Los casos que denunciamos no son una ocurrencia, sino consecuencia de una política antipopular y autoritaria que deja una estela de víctimas a nivel nacional contra el movimiento popular y en particular contra el FNLS.

Atentamente
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo