Persecución política y violencia institucional, testimonio del compañero Héctor Solis

Testimonio del compañero Héctor Solís integrante del Comité Ejecutivo de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 y militante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, en el foro: presos políticos de México y del mundo, libertad.

COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ASAMBLEA ESTATAL DEMOCRÁTICA SECCIÓN 40
COMITÉ EJECUTIVO

Ciudad de México, a 17 de abril de 2024
En el marco del día del preso político:

En el sector magisterial tanto la violencia institucional como la persecución política son fenómenos que están presentes y se agudizan conforme se desarrolla y fortalece el sindicalismo independiente entre los trabajadores de la educación.

Como docentes, desde el ingreso al sistema, estamos sujetos a una serie de disposiciones administrativas de origen coercitivo, que lejos de tener un impacto positivo en el proceso de enseñanza aprendizaje solo reproducen las relaciones de opresión capitalista.

El simple hecho de que como docentes propongamos una alternativa del qué y cómo enseñar que lleve al alumno a cuestionar el orden establecido y con ello su realidad, es motivo para ser sancionado.

Sin embargo, aquellos profesores que muestran obediencia a toda orden que venga de la estructura educativa, es decir, de los jefes, y que acepten y ejecuten las políticas educativas impuestas sin mayor análisis y crítica, son los preferidos por las distintas administraciones.

En los últimos dos sexenios, con la imposición de la reforma educativa neoliberal de Enrique Peña Nieto y la continuidad de las afectaciones en esta administración gobernada por MORENA, estas relaciones adquirieron otros matices.

Del 2012 al 2018 la violencia institucional se agudizó contra los trabajadores de la educación debido al afán de hacer operativo lo emanado por esta reforma, ahí es donde la Secretaría de Educación y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en coordinación con la Secretaría de Gobierno recurrieron a sus estructuras e hicieron uso incluso de cuerpos policiacos militares para el cumplimiento de la misma.

Durante este periodo la represión y persecución política contra quienes nos organizamos y luchamos en la defensa de los derechos laborales y la educación pública fue de manera generalizada.

Las grandes movilizaciones del magisterio fueron objetivo represivo para la Policía Federal, la Estatal y la Gendarmería Nacional, con destacamentos conformados en su mayoría por militares se llevaron a cabo desalojos violentos, detenciones arbitrarias, asesinatos políticos, masacres, entre otros fenómenos que configuraron el terrorismo de Estado. Asimismo, se criminalizó la protesta popular y se intensificó la persecución política contra quienes impulsamos un sindicalismo independiente y combativo.

“Como testimonio puedo argumentar que desde el inicio de las movilizaciones del 2013 la Secretaría de Educación en Chiapas a través de las distintas oficinas de programas compensatorios, por medio de llamadas telefónicas se comunicaron el tiempo que duró la movilización y amenazaban con sancionarme y retirar el apoyo de los programas que beneficiaban alrededor de 100 alumnos, lo que condicionaba la participación sindical y el derecho a la protesta.

Protestar y manifestarse en la defensa del derecho laboral y la educación pública es motivo de seguimiento y persecución.

Desde la Secretaría de Educación a través del Departamento de Telesecundaria, se solicitaba a los jefes inmediatos que rindieran informes escritos acerca de la actividad que realizaba, este seguimiento no fue solo durante el 2013 sino que a partir de que determiné transitar por la alternativa independiente ese seguimiento y persecución política se convirtió en un proceder frecuente de autoridades educativas y de gobierno, esta práctica se repitió en los años siguientes durante las movilizaciones magisteriales, actualmente la represión administrativa y jurídica continúa.

Con el sexenio de MORENA este fenómeno se intensificó, quienes no aceptamos y nos manifestamos contra su proceso de corporativización y principalmente quienes militamos en organizaciones magisteriales y populares independientes, se nos señaló de manera inquisidora y se ejecutó la represión para someter y doblegar a todo trabajador de la educación que se organiza y lucha por una verdadera transformación para beneficio del pueblo.

Durante este gobierno la represión continuó a través de las diversas instituciones, los compañeros Fidel Girón Guillén y Juan Manuel Pérez López fueron cesados de manera injusta por indicaciones superiores como afirman los jefes inmediatos, así es como desde el Departamento de Telesecundaria en coordinación con la Dirección de Gobierno en Chiapas se persigue políticamente y se nos amenaza con ejecutar no solo la sanción administrativa sino la judicial debido a las carpetas de investigación contra quienes somos parte activa del movimiento popular magisterial.

En mesas de atención con Gobierno del Estado las autoridades han sido enfáticas en anteponer sus normas por encima de la necesidad popular, en esa exigencia de solución a nuestras demandas las autoridades han revelado su rostro represivo señalando a organizaciones populares y a quienes somos parte de la representación estatal y al activismo en las regiones.

La persecución política y la violencia institucional es dirigida hacia compañeros que son parte de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 de los diferentes niveles educativos en las las distintas regiones del estado, sin embargo contra la dirección estatal y regional el Estado se ensaña, el secretario general del comité ejecutivo el compañero Armando Falconi Borraz con más de una órden de aprensión y amenazas administrativas desde la Secretaría de Educación, mi caso como parte de esa dirección es sabido que tengo carpetas de investigación al igual que otros coordinadores regionales.

Reinvindicar los principios políticos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que son en parte los que abanderó en su origen el movimiento democrático independiente es la motivación política para reprimir y criminalizar todo cuánto se hace como organización magisterial.

Las sanciones administrativas como descuentos injustos, actas administrativas, notas desfavorables, entre otros procedimientos son las formas en la que la Secretaría de Educación persigue a compañeros que son parte activa del movimiento magisterial popular, como fue el caso de la compañera Hilda Gabriela Alvarado Romero y el compañero Luis Alberto González Guillén secretaria general y secretario de conflictos de la delegación D-II-122 quienes con pruebas demandaron el descuento injustificado pero la Secretaría de Educación desechó el recurso legal sin dar siquiera espacio para la revisión del caso.

La persecución y represión se manifiesta de igual manera contra compañeros y padres de familia en la región Selva, región de la que formo parte; las movilizaciones en la exigencia de claves de escuelas de nueva creación, construcción de aulas para telesecundarias y telebachillerato estatal, así como el rechazo al Proceso de Reubicación de Recursos (PRR), es decir, al retiro de recursos docentes de comunidades como parte del proyecto del principio de austeridad, racionalidad y disciplina administrativa aplicado a educación son motivo de persecución política y judicialización de la protesta.

Desde el municipio a través del Secretario Municipal de Ocosingo se nos ha amenazado con la ejecución de órdenes de aprehensión como lo sucedido en una acción política de masas realizada en exigencia de las claves de escuelas de nueva creación donde el compañero director y la madre de familia que ocupa el cargo de comité escolar fueron señalados, manifestarnos en coordinación con comunidades y barrios populares en la exigencia de más y mejor educación se criminaliza’”.

Denunciar la demagogia y la falta de interés en educación de los distintos niveles de gobierno es motivo de sanción, El Estado a través de sus instituciones busca acabar con la alternativa de organización independiente, se pretende doblegar el carácter combativo y someter toda voz de protesta ante la negación del derecho educativo.

“Desde la supervisión escolar las notificaciones continúan, la Secretaría de Educación funge un papel policíaco y mantiene el hostigamiento mediante solicitudes de informes de labores de días específicos de mi persona, de igual manera me hacen llegar oficios donde se me solicita rendir cuentas de recursos de programas que no se recibieron durante ciclos escolares desde hace más de 5 años, en centros educativos donde laboré.

La Secretaría de Educación utiliza sus medios para perseguir y sancionar, esto no solo es contra mi persona sino que se dirige hacia quienes nos mantenemos en la lógica de la reivindicación de los principios políticos del movimiento popular independiente’.

Esta labor de persecución política a través de las instituciones de gobierno y educativas, es una práctica recurrente y sistemática a la que tiene que hacer frente el trabajador de la educación que pretende consolidarse como sujeto político, gobierne quien gobierne.

Por todo lo anterior podemos concluir que la represión administrativa y jurídica como violencia institucional, así como la persecución política son una realidad, es la manera en que el Estado impone sus políticas educativas sin importarle la violación de los derechos laborales y humanos de los trabajadores de la educación, es la manera en la que busca tener el control total del sector educativo y someter así a quienes nos inconformamos, protestamos y nos organizamos para una verdadera transformación en beneficio del pueblo.

Ante la violencia de Estado y la persecución política, como trabajadores de la educación estamos en nuestro legítimo derecho a protestar y manifestarnos, así como a organizarnos fuera de los marcos burocráticos del Estado, esto como garantía en la defensa de la educación pública y los derechos laborales, ¡la lucha por la educación pública no es ajena a las luchas del pueblo! ¡Presos políticos Libertad!!

Héctor Solís integrante del Comité Ejecutivo de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 y militante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo