Los militares son agentes de Estado

Ciudad de México, a 16 de marzo del 2023

A la opinión pública

Los elementos del Ejército mexicano son agentes de Estado, pertenecen a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), institución que forma parte de las estructuras del gobierno mexicano, es el instrumento de represión contra el pueblo organizado y no organizado; sus integrantes son entrenados y preparados para combatir a un “enemigo interno”, que en su lógica es todo aquel luchador social, defensor de los derechos humanos o activista político que proteste o defienda sus derechos y libertades políticas, así como todo joven trabajador que por su forma de vestir es considerado “delincuente o criminal”, así lo confirman infinidad de casos donde el pueblo resulta ser víctima.

Todo individuo que cobre nómina en esta institución es parte de esa estructura, su actuar obedece a una política diseñada y planificada desde las altas esferas militares, por tanto, no son actuaciones personales o individuales, obedecen a una política de gobierno. No es casual que ahí donde hay presencia militar aumenta la violencia institucional, expresada en asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura o detenciones arbitrarias. Guanajuato y Zacatecas ilustran con claridad lo anterior.

El ejército como institución desde los años 40 del siglo pasado ha sido el responsable del cometido de crímenes de lesa humanidad, son responsables de miles de desapariciones forzadas cometidas desde los años 60 del siglo pasado hasta la actualidad; su responsabilidad implica desde el momento en que están en las calles y cubren funciones de seguridad pública.

Los militares como ciudadanos tienen derechos como todos los mexicanos, nunca han sido conculcados sus derechos, no obstante, desde el momento en que laboran en la SEDENA son parte una estructura de Estado, el cual a cambio de sus servicios cobra una cuota, que van desde los 15 mil hasta los 100 mil pesos, sin considerar seguro de vida, ayuda a gastos de sepelios, centros de bienestar infantil, farmacias económicas, adiciones al sueldo, despensa, entre otros.

El salario que reciben es por reprimir o cometer graves violaciones a los derechos humanos, el supuesto enemigo interno al que dicen combatir el tiempo evidenció que es el pueblo trabajador, organizado o no organizado, de ahí que los testimonios de familiares señalen a los militares, marinos o cuerpos policíacos como los responsables de aberrantes crímenes.

La SEDENA es la institución que mayor presupuesto recibe, desde la administración de Vicente Fox Quezada (2000-2006) hasta la actualidad ha recibido aumentos constantes, la administración actual incrementó un 21.4 por ciento en Defensa y Seguridad para 2023, por tanto, son los que más apoyo económico reciben.

En esta administración federal, la defensa a ultranza de las fuerzas militares es constante, “limpiar la imagen” de sus elementos, obedece a promover la militarización en el país como política de gobierno sin reclamo o protesta alguna, cualquier señalamiento a los elementos militares o de la marina es tachada desde la institucionalidad como conservador o enemigo, porque en su lógica, ahora están los elementos buenos, por tanto, no hay nada que reclamar o denunciar.

No dudamos que en el Ejército mexicano hay elementos progresistas, que no pierden sus raíces populares, como individuos pueden no estar de acuerdo con reprimir al pueblo, sin embargo, obedecen a una institución, ésta se rige por la política de gobierno y éste tiene a dicha institución como el principal soporte de donde deriva, se quiera o no se quiera, se reconozca o no, una política de militarización, que va de la mano inevitablemente de la violación a los derechos humanos.

La política de militarizar el país es la misma que los gobiernos anteriores, la diferencia estriba en que en esta administración morenista, los ha dotado de mayor poder político, no es casual que cubran labores de Seguridad Pública, es el caso del General Luis Rodríguez Bucio, quien era comandante de la Guardia Nacional y el 16 de enero del 2023 fue nombrado Subsecretario de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC). Su presencia en instituciones públicas es un botón de muestra del fortalecimiento del estado del Estado policíaco militar.

Un militar en activo asume funciones de seguridad pública, eso en la vía de los hechos se llama militarización de la vida pública, de las instituciones de gobierno y de la sociedad; política de gobierno que fundamenta su proyecto de nación las actual administración, de ahí que su política sea “la pacificación del país”, con las Fuerzas Armadas en las calles, un hecho que contradice la promesa electoral.

Los familiares que exigen se juzgue a militares por el asesinato de cinco jóvenes en Nuevo Laredo Tamaulipas no son de ninguna manera delincuentes, mucho menos sus seres queridos ejecutados de manera extrajudicial por militares; son pueblo con una vida, una historia, una cotidianidad con familias, hijos, hermanos, padres, madres con las cuales hacen su existencia una forma de vida, la cual fue coartada violentamente por militares.

Aunque la SEDENA argumente que el vehículo en el que viajaban los jóvenes iba a exceso de velocidad, sin luces ni placas de rodaje, no justifica que disparen con discrecionalidad, no les da derecho a decidir por la vida de las personas, mucho menos que los traten como delincuentes.

El uniforme y las armas no les da discrecionalidad jurídica para decidir quién vive o muere, no actúan bajo el libre albedrío, su actuar obedece a una política de la institución, lo que confirma que el Ejército mexicano de antes es el mismo que hoy nos quiere presentar la administración federal, el cual, actúa bajo la misma lógica de reprimir y cometer graves violaciones a los derechos humanos.

Llamar a las víctimas “delincuentes” implícitamente criminaliza la pobreza, en esa lógica, por la forma de vestir, salir de un antro o circular en un vehículo que consideren “sospechoso” es tratado como criminal, de ahí que justifiquen el cometido de graves violaciones a los derechos humanos como un asunto de seguridad nacional.

Lo que ocurrió en Tamaulipas es un botón de muestra de lo que sucede en toda la República mexicana, donde la militarización es política de gobierno y ha generado terror en la población; en esta administración los militares cometen crímenes de lesa humanidad, donde las víctimas las pone el pueblo trabajador. La política de combatir a un supuesto enemigo interno aún se mantiene, pues estos actúan contra las masas inermes.

Los militares son señalados como parte de una institución que representan, la cual es parte de las estructuras del estado, por tanto, quién viola los derechos humanos son el Estado mexicano y quienes forman parte de él, en este caso la SEDENA es parte de la estructura del Estado, lo mismo que quienes la representan y conforman.

Lo que hagan las fuerzas castrenses es como institución mas no personal, en ese sentido, todo integrante de esas instituciones es juzgado como un representante de esa institución, como parte del engranaje represivo.

El único que puede violar los derechos humanos es el Estado mexicano a través de sus funcionarios o agentes policíacos militares, ya sea por omisión, comisión y aquiescencia los transgreden. Entre particulares no se pueden violar los derechos humanos, lo que se configura es un delito que debe ser procesado desde lo penal en las instancias judiciales.

No pueden negar que llevan consigo las denuncias y testimonios de cientos de miles de familiares, quienes los han señalado como los responsables de cometer desapariciones forzadas, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, vejaciones y violaciones sexuales, desalojos, tortura y detenciones arbitrarias, crímenes cometidos por elementos de la SEDENA y SEMAR.

En todo caso, los militares tienen que decir quién les da la orden para actuar de esta manera, es bueno que protesten para defender sus derechos, pero deben cuestionar el carácter de clase de la institución, donde se elaboran planes para cometer graves violaciones a los derechos humanos.

Hay una necesidad histórica, limpiar la institución castrense implica reconocer que cometen crímenes de lesa humanidad, implica denunciar a quienes dan la orden en cadena de mando de cometerlos, en todo caso señalen quiénes son los encargados de diseñar los operativos contrainsurgentes para detener y desaparecer de manera forzada.

Criticar el actuar del Ejército mexicano por cometer violaciones a los derechos humanos no es asumir una posición conservadora, por el contrario, esto se hace bajo el derecho a la libertad de manifestación y expresión de ideas; criticar el actuar del Ejército no es en el terreno personal, se critica la política que rige a dicha institución porque con ella se reprime al pueblo.

La marcha de familiares y exmilitares expresa un hecho, existe en el país mucha inconformidad, ésta se expresa de diferentes formas organizativas y expresiones políticas, podemos estar de acuerdo o no con cada una de ellas, pero no se puede coartar el derecho a la protesta del o los que consideren que sus derechos han sido violentados. El gobierno está obligado a atender y resolver cada una de esas demandas.

Atentamente

¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS