Empresarios en Chiapas incitan a reprimir por protestar y exigir la presentación con vida de los detenidos desaparecidos

Ciudad de México, a 09 de marzo de 2023

A la opinión pública

Las acciones políticas de masas son actividades de protesta, una forma de expresión del pueblo organizado para manifestar su inconformidad ante la transgresión de un derecho humano y constitucional. La creatividad e iniciativa del pueblo para buscar preservar la vida de un ser humano o exigir justicia de ninguna manera son actos delincuenciales, mucho menos “negocios para lucrar”, quien piense de esa manera sólo manifiesta su concepción retrógrada y fascista.

Las concepciones retrógradas son reaccionarias, quien piense de esa manera no consiente la protesta del pueblo y a cambio de ello incita a la represión, de ahí su concepción fascista porque fomentan el impedimento del derecho a luchar, a disentir, a exigir el cumplimiento de los derechos a través de las acciones políticas de masas. En los hechos piden a gritos la aplicación de un Estado autoritario que coarte los derechos y libertades políticas.

La protesta es un derecho del pueblo, un instrumento político para manifestar y expresar opiniones o ideas, también para denunciar, demandar o exigir el cumplimiento de derechos y libertades políticas que son transgredidas por los gobiernos en turno, ya sea por su política antipopular o represiva, se pueden expresar de diferentes formas como marchas, mítines, huelgas, tomas de espacios públicos, volanteos carreteros, boteos informativos, actividades culturales, entre otras actividades políticas.

Práctica política que emana de la creatividad del pueblo para demandar o exigir al gobierno el cumplimiento de sus demandas o problemática a las que se enfrentan, donde están involucradas una autoridad, agente o funcionario de instituciones de gobierno, incluidos particulares, quienes actúan con la aquiescencia del Estado.

Las actividades de protesta son legítimas, no son ocurrencias personales o de grupo, surgen ante una necesidad política, ante las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno mexicano, sea desaparición forzada, ejecución extrajudicial, encarcelamiento injusto o detención arbitraria, incluso por las condiciones de pobreza y miseria en las que vive el pueblo trabajador son razones suficientes para luchar por mejores condiciones de vida y trabajo.

Se convierten en una necesidad política cuando las instituciones, recursos o instancias gubernamentales se agotaron o son cerrados por el gobierno, se expresa cuando no hay respuesta gubernamental a las demandas del pueblo trabajador o cuando las autoridades responden con indolencia, dilación, desgaste, burocratismo o desprecio. Aspectos que en nuestro país son política de gobierno.

Los argumentos de los empresarios en el estado de Chiapas criminalizan la protesta popular, implícitamente llaman a la represión contra el conjunto del movimiento popular y ponen por encima el interés económico que la vida del pueblo que exige justicia. En sus dichos dan la razón al perpetrador que comete crímenes de lesa humanidad, al que transgrede de manera sistemática y generalizada los derechos humanos.

Señalar que los boteos informativos perjudican seriamente la economía local es falso, porque el empresario se mueve bajo el interés mezquino de acumular y concentrar capital a través de la explotación económica, por tanto, con ello evidencia que les importa más el dinero que la vida de una persona que ha sido víctima de graves violaciones a los derechos humanos.

El llamado que hacen los empresarios al gobierno chiapaneco de aplicar el estado de derecho, en los hechos es el llamado para reprimir, para no permitir más manifestaciones ni protestas del pueblo organizado, en eso se traduce su lenguaje, en sus palabras incitan a la represión y al cometido de violaciones a los derechos humanos, no es de extrañar que se congratulen cuando detienen a un luchador social o defensor de los derechos humanos.

Exigir justicia para las personas detenidas desaparecidas o las víctimas de ejecución extrajudicial no es un delito, es un derecho de los familiares, el cual no está sujeto a capricho de voraces empresarios porque se trata de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes de Estado, el cual por ningún motivo debe ser coartado, mientras las autoridades en turno no hagan nada por erradicar el cometido de estos crímenes, enjuicie y castigue a los responsables materiales e intelectuales, motivos habrá para realizar acciones políticas de masas.

Las palabras de hoteleros y empresarios de Chiapas incitan a reprimir, a tratar a todo luchador social o defensor de los derechos humanos como “delincuente”. Argumentar que son “delincuentes” los que realizan volanteo informativos en las carreteras es un pensamiento reaccionario que criminaliza la protesta popular y genera las condiciones para la represión, para el cometido de violaciones a los derechos humanos contra el pueblo que protesta.

Llamar delincuentes a los familiares que exigen la presentación con vida de sus seres queridos y realizan acciones políticas como volanteos informativos en las carreteras es indolente, revictimizan a las víctimas y permiten que el cometido de más graves violaciones a los derechos humanos continúen. En sus dichos señalan que están de acuerdo con el cometido de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales o detenciones arbitrarias en la entidad chiapaneca.

Los familiares que exigen la presentación con vida de su ser querido de ninguna manera son delincuentes, exigir justicia por los ejecutados extrajudicialmente no es ningún acto criminal, quien así lo expresa, manifiesta su pensamiento fascista, el cual suprime de facto las libertades individuales. Ese es el llamado que hacen los empresarios en Chiapas.

Los derechos y libertades políticas son conquistas del pueblo trabajador que por años ha obtenido a través de la lucha organizada, exigir el cumplimiento de un derecho no está sujeto al capricho de voraces empresarios, a los llamados de aplicar el estado de derecho burgués; tampoco son dádivas ni concesiones del gobierno mexicano, éstos son producto de las necesidades básicas que tiene el pueblo trabajador y son negadas de antaño, sea educación, vivienda, trabajo, salud, justicia, servicios básicos, derecho a la tierra.

Los orígenes de diversas manifestaciones de descontento provienen de demandas históricas no resueltas, una de ellas es la pobreza y miseria en la que viven millones de trabajadores en el país; la muerte por inanición o enfermedades curables, la desigualdad social, la violencia institucional y aquellos fenómenos inherentes al modo de producción capitalista, por tanto, razones para que las masas trabajadoras se organicen, luchen y protesten en el país sobran.

Al impedir el derecho a la protesta se niega el derecho a la libertad de expresión de ideas, a la manifestación y organización, porque a través de un volanteo carretero, mitin o marcha se difunde un volante, revista o folleto para dar a conocer nuestro pensamiento, los motivos de la actividad política. El gobierno mexicano tiene la obligación de dar cauce a las muestras de descontento, de escuchar las necesidades expresadas y de buscar canales o vías adecuadas para responder a ellas efectivamente.

Mientras la violencia institucional incremente en el país, las necesidades de protestar existirán, mientras el cometido de graves violaciones a los derechos humanos continúe, las razones para luchar en las calles se mantendrán.

Atentamente

¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS