Este 8 de marzo recordamos a todas aquellas mujeres que exigen al gobierno mexicano JUSTICIA para sus seres queridos

Ciudad de México, a 08 de marzo del 2023

A la opinión pública

El 8 de marzo se conmemora el Día internacional de la mujer, fecha histórica que es reivindicada en el mundo, lo contradictorio es que este día mientras a unas les regalan flores o les llevan mariachis, otras festejan en las calles en un acto de catarsis o en una deformación política para exigir “derechos de las mujeres”, lo concreto es que ambos son actos que a final de cuentas terminan en un acto de consumismo y frivolidad.

Mientras unas proclaman defender sus derechos en abstracto, en México existen cientos de miles de mujeres que tienen que vivir con el dolor permanente por la desaparición forzada de un ser querido o por la ejecución extrajudicial de un familiar, graves violaciones a los derechos humanos que de manera sistemática y generalizada se cometen en el país, no es casual que la lista oficial de más de cien mil víctimas de desaparición forzada sea la mayor registrada en los países de América Latina en el presente.

El cometido de crímenes de lesa humanidad tiene continuidad en pleno siglo XXI, en una administración federal que discursiva y mediáticamente argumenta “respetar los derechos humanos”, no obstante, en los hechos agentes policíacos, militares, marinos y grupos paramilitares los transgreden sistemáticamente.

Las denuncias y testimonios de los familiares de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos confirman que las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y el encarcelamiento injusto son prácticas del terrorismo de Estado que de manera sistemática y generalizada se cometen contra el pueblo organizado y no organizado, con la característica de que en este gobierno se cometen de manera selectiva contra luchadores sociales, activistas políticos o defensores de los derechos humanos.

La respuesta del gobierno mexicano a las demandas de presentación con vida de los detenidos desaparecidos, juicio y castigo a los responsables es de indolencia, dilación, omisión y/o comisión; política de gobierno que manifiesta desprecio por la vida de hombres y mujeres que fueron trastocados por la violencia institucional.

Desde las administraciones morenistas alaban y glorifican el papel de las mujeres policías, ponen el hecho como un acto heroico y de justicia social o de igualdad entre el hombre y la mujer, no obstante, el papel de estas mujeres es el mismo que desarrollan los hombres que integran los cuerpos policíacos militares: reprimir al pueblo y acallar la protesta popular, su actuar se rige por la política de gobierno y los protocolos represivos del Estado mexicano, así, como hay mujeres represoras, las hay quienes torturan y cometen crímenes de lesa humanidad.

La mujer también asume una posición de clase, sin importar el género, ocupa un lugar de clase, por lo tanto, forma parte del opresor o del pueblo que lucha por mejorar sus condiciones de vida, ¿cómo nos explicamos que mujeres policías en actos de represión golpean a mujeres o las detienen con lujo de violencia? El hecho de ser mujeres no les quita su condición de clase y al servicio de a quién están.

Mientras funcionarias públicas, empresarias, mujeres policías y políticas de oficio festejan con frivolidad este día, hay mujeres campesinas y proletarias que no tienen nada que festejar, porque sus esposos, hermanos o hijos han sido detenidos desaparecidos o ejecutados de manera extrajudicial o detenidos y encarcelados de manera injusta.

El Ejecutivo federal alardea el papel de la mujer, principalmente de las que están en su administración, sin embargo, de las madres buscadoras de sus hijos o las que exigen presentación con vida de sus seres queridos guarda silencio, no menciona nada al respecto, prefiere evadir el tema porque las promesas que hizo al inicio de su administración no han sido cumplidas, al contrario ha respondido a sus demandas con burla, indolencia, burocratismo y desprecio.

Ejemplos sobran en todo el territorio nacional, es una burla que una madre o hermana o hija vayan a las instituciones gubernamentales para exigir la presentación con vida de su ser querido y las traigan de un lugar a otro sin darles una respuesta concreta, con esas actitudes evidencian que la vida de las personas no les importa, mucho menos del pueblo que de manera organizada exige justicia.

Los funcionarios asumen actitudes burocráticas que revictimizan a las víctimas, las someten a un calvario al pedirles infinidad de documentos y datos personales para “verificar” su testimonio y su persona. Con ello pretenden conducir a los familiares al desgaste y resignación para que desistan de la exigencia de justicia.

Sin mayores protocolos ni planteamientos de género hay mujeres que se entregan a la lucha por la exigencia de la presentación con vida de sus seres queridos, con su actuar ponen en evidencia que la mayoría de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales son hombres, estos componen el grueso del ejército industrial de trabajo.

En esas condiciones a la mujer trabajadora, obrera, campesina, indígena, colona, defensora de los derechos humanos o luchadora por el socialismo se les somete al flagelo de la desaparición forzada y violencia institucional, el ejemplo es nuestra compañera Guadalupe Díaz López, esposa del compañero Daniel Gómez Sántiz, detenido desaparecido el pasado 26 de febrero del año en curso por el grupo paramilitar Los Petules en connivencia con el gobierno estatal de Rutilio Escandón Cadenas.

La compañera tuvo que salir de su comunidad Río Florido a la Ciudad de México a exigir el gobierno mexicano que en esa entidad federativa le entreguen a su esposo, no obstante, es tanta la impunidad de las autoridades que dejaron al compañero Daniel en la calle y lo obligaron a firmar un documento donde “deslinda de responsabilidades a las instituciones”, eso es grave, pone en evidencia la aquiescencia del gobierno chiapaneco con el grupo paramilitar y la serie de graves violaciones a los derechos humanos de la que fue objeto.

En similares condiciones están las compañeras Rosa Morales Díaz, viuda del compañero Héctor Sántiz López, asesinado por elementos del grupo paramilitar Los Petules el 29 de septiembre de 2015, desde esa fecha ella tuvo que salir a las calles a exigir al gobierno mexicano justicia por el crimen cometido contra su esposo, a la fecha el gobierno chiapaneco los protege con la impunidad.

Las compañeras Sebastiana Pérez Hernández y Gilberta Gómez Hernández, esposa e hija del compañero Fidencio Gómez Sántiz, detenido desaparecido el 5 de marzo de 2016, después de haber participado en la jornada nacional de lucha para exigir la presentación con vida de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, así como denunciar el intento de ejecución extrajudicial contra cinco compañeros en la CDMX el 7 de noviembre de 2015.

Las compañeras a pesar de no hablar bien el español se mantienen organizadas y en constante lucha para exigir la presentación con vida de su ser querido, no obstante, las instituciones y autoridades han actuado con indolencia, dilación y desgaste, es tanto el cinismo que los funcionarios “extraviaron” la Carpeta de Investigación del caso, razón por la que no “pueden avanzar en la investigación”.

La compañera María Sántiz, madre de Humberto Morales Sántiz, niño de 13 años de edad, ejecutado de manera extrajudicial el 28 de febrero de 2017 por Los Petules, es una muestra de que la violencia institucional no respeta sexo ni edad, en este caso las balas tocaron a su hijo; otro caso es el de la compañera Erika Gómez, viuda del compañero Ramiro Rodríguez Sántiz, asesinado el 20 de febrero de 2022 por el mismo grupo de criminales.

La compañera Rosa Hernández Reyes, quien fue víctima de un atentado contra estudiantes normalistas en Morelia, Michoacán, en el mes de abril de 2014. Por solidarizarse con los estudiantes normalistas fue víctima de un atentado, acto que le dejó secuelas de por vida, no obstante, lucha por mantenerse combativamente en las jornadas de lucha del FNLS.

El encarcelamiento injusto de la compañera Asunción Gómez Sánchez es un ejemplo de que la prisión por motivos políticos es política de gobierno en esta administración, dos años permaneció presa de manera injusta, nos obstante, por las acciones políticas de masas y la denuncia política salió de la cárcel sin delito alguno, se comprobó que no cometió nada de las acusaciones que le hicieron.

La persistencia en la lucha y no desistir de exigir su presentación con vida es lo que han hecho Nadin Reyes Maldonado y Margarita Cruz Sánchez, una hija de Edmundo Reyes Amaya y la otra hermana de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, dos revolucionarios detenidos desaparecidos el 25 de mayo de 2007 por agentes del Estado, han sido constantes en la lucha por la exigencia de presentación con vida de sus seres queridos, lucha que no termina HASTA ENCONTRARLOS.

Compañeras, todas víctimas de la violencia institucional, política de gobierno que les arrebató a su ser querido, sea por desaparición forzada, o ejecución extrajudicial o asesinato político o detenciones arbitrarias o encarcelamiento injusto; graves violaciones a los derechos humanos que permanecen en la impunidad, no hay ni un detenido o enjuiciado por esos delitos. Razón por la que tienen que salir a las calles, a las ciudades de diferentes entidades federativas para exigir justicia.

Nuestras compañeras no son las únicas víctimas de la violencia que emana de las instituciones gubernamentales, existen en el país miles de casos que ilustran la magnitud de las graves violaciones a los derechos humanos en México, entre ellas podemos mencionar a Kenia López Hernández, presa política por exigir la libertad de los presos políticos en Guerrero.

Las madres buscadoras que fueron víctimas del cometido de crímenes de lesa humanidad por exigir justicia para sus seres queridos, recordamos a Ana Luisa Garduño, de 51 años de edad, asesinada el 27 de enero de 2022 en el municipio de Temixco, Morelos; Brenda Jazmín Beltrán de 37 años de edad, del colectivo “Guerreras buscadoras de Cajeme”, fue encontrada muerta en julio de 2022 en Ciudad Obregón, Sonora; Rosario Lilian Rodríguez de 44 años de edad del colectivo “Corazones sin justicia”, fue desaparecida el 30 de agosto de 2022; Blanca Esmeralda Gallardo fue asesinada el 4 de octubre de 2022 en la carretera México Puebla; María del Carmen fue asesinada en Abasolo Guanajuato el 6 de noviembre de 2022.

La lista es tan grande que se pueden llenar cuartillas enteras para ilustrar el grado de violencia institucional que enfrentamos los mexicanos, independientemente de que seamos mujeres u hombres.

Para las mujeres que luchamos por el socialismo, agrupadas en el FNLS, así como todas aquellas madres, esposas, abuelas, hijas, víctimas de la violencia institucional no tenemos nada que festejar y sí muchas razones para organizarnos y luchar por un México donde la injusticia no sea el pan de cada día.

Atentamente
¡Por la unidad obrera, indígena, campesina y popular!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS