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¡Qué manera de gobernar y qué manera de legislar!

Jueves 3 de agosto de 2023, por Ciudad de México

Ciudad de México a 03 de agosto de 2023

A la opinión pública

Los acontecimientos socio políticos en el estado de Veracruz conducen a retomar la expresión del finado Porfirio Muñoz Ledo ¡Qué manera de gobernar y legislar! El titular del Ejecutivo federal emplea una forma discursiva para justificar el cometido de violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad; legisladores como Roberto Francisco San Román Solana sin mayor titubeo llama al despliegue policíaco militar como respuesta a las acciones políticas de masas, en suma, son el indicativo de la vocación represiva, por lo menos autoritaria de políticos de oficio.

Es evidente que en la entidad veracruzana se gobierna para imponer una política de gobierno que no beneficia a las grandes masas trabajadoras. No importa cuánto pretenda el gobernador replicar el discurso rimbombante del Ejecutivo federal, los resultados son puntuales, en la geografía estatal persisten actos que vulneran los derechos humanos de mujeres y hombres.

La intolerancia a las voces disonantes y opiniones críticas se transfiguran en actos de represión y juicio a priori desde la tribuna oficial. Así lo atestiguan decenas de trabajadores de comunicación que deben soportar los rasgos despóticos de quien se siente inmune a la crítica, lo peor llega cuando estos rasgos desembocan en crímenes de lesa humanidad contra integrantes del gremio periodístico.

Quienes denuncian la injusticia y luchan por mejores condiciones de vida son criminalizados y estigmatizados, de ello se desprende una política de gobierno que pretende imponer una verdad autoritaria que no concuerda con la realidad objetiva. Al amparo de la denominada transformación, se cometen actos represivos contra organizaciones populares que no están sujetas al rubro corporativo del gobierno mexicano.

En Veracruz se gobierna para reprimir a los que generen opinión crítica, a los que critiquen la política de gobierno y a quienes protesten producto de la injusticia, en conclusión, se gobierna para garantizar la opresión política y las ganancias estratosféricas de empresarios que hacen política como el diputado Roberto Francisco San Román.

En voz de algunos legisladores, todo acto de protesta del pueblo es analizado por el crisol de un problema de seguridad pública, en consecuencia, no se trata de ver las razones políticas o sociales que conducen al pueblo a manifestarse y ejercer su derecho a la protesta, sino en utilizar el fuero constitucional o legislativo para implementar políticas represivas como mecanismo para establecer la “paz”.

Es una visión reduccionista de los problemas sociopolíticos del país y de la entidad, en su lógica, el pueblo debe esperar a que algunos de ellos que ejercen la política por oficio y remuneración para que elaboren leyes “menos agresivas”. Únicamente ellos pueden hacer política, el resto de las masas trabajadoras sólo podemos ejercer la política en las urnas o plegados a una de las siglas partidistas.

La visión maniquea estriba en que la crítica política y la lucha por las libertades democráticas sólo fueron válidas mientras ellos como partido fueron parte de la oposición, pero ahora que están encumbrados en la política institucional, se muestran intolerantes y despotrican contra toda opinión disidente. Esto significa autoritarismo, es el empleo del poder institucional para pretender aplastar la denuncia y protesta popular.

La existencia de la injusticia y la desigualdad social no es un invento, son condiciones que emanan de la política económica en el país, por ello, los esfuerzos gubernamentales pueden ser sinceros, pero la explotación económica y opresión política no se eliminan por decreto gubernamental. Negar esta condición socioeconómica sí representa una concepción retrógrada que se opone al desarrollo social.

El silencio del gobierno federal respecto al cometido de violaciones a los derechos humanos en las entidades gobernadas por su mismo partido habla de cierta complicidad, por lo menos indiferencia ante la denuncia del pueblo trabajador. Hecho que nos hace recordar la política que asumió con el gobierno de Chiapas y Michoacán cuando arremetían contra el pueblo organizado.

La conclusión de la titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPyC), Rosa Icela Rodríguez de que ya se tienen identificados a nuestros compañeros que desarrollaron acciones políticas de masas, a decir de ella, es una “organización social”, se traduce en una amenaza para escalar la represión a través de carpetas incriminatorias y el despliegue policíaco militar.

Si la autoridad gubernamental ya definió que somos una “organización social” que comete “delitos”, entonces es real que tiene pleno conocimiento de quienes la conformamos, porque estamos sentados en la mesa de trabajo por la Comisión Especial de Búsqueda (CEB) para el cumplimiento de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, por tanto, su acción represiva no le generaría mayor esfuerzo.

Es claro el discurso gubernamental de las funcionarios federales y estatales, pretenden eliminar la justeza de nuestra lucha. El hecho de estar hoy reunidos en una comisión multidisciplinaria para dar con el paradero de los detenidos desaparecidos habla de nuestra calidad moral como luchadores sociales, como activistas políticos cuya trayectoria data de algunas décadas atrás, no importa cuánto se esfuercen por plasmar en expedientes incriminatorios el supuesto cometido de actos delictivos.

El caso de nuestro compañero Higinio Bustos Navarro es una muestra clara de la maniobra leguleya bajo el prisma del artilugio jurídico de “conexidad”, se suma la ejecución extrajudicial del compañero Gregorio de la Cruz de la Cruz con el argumento institucional de que “se mataron entre ellos”, con ello pretenden vender la idea de que somos “tan asesinos que hasta entre nosotros nos matamos”.

Vieja maniobra perversa que pretende sembrar la confusión en el pueblo y la opinión pública, patrañas que emanan del gobierno estatal y respaldado por el federal a través de su mutismo. Todo parece indicar que es el mecanismo por el cual pretenden acallar nuestra voz de denuncia y acción de protesta que después de 16 años en la exigencia de presentación con vida de los detenidos desaparecidos obtuvo el triunfo jurídico expresado en la sentencia de la SCJN.

Las violaciones a los derechos humanos no son un invento, está el caso de los cafeticultores de Coatepec presos injustamente, el encarcelamiento injusto del colaborador político, del ahora aspirante a candidato presidencial Ricardo Monreal Ávila; la ejecución de la activista y excandidata a la presidencia municipal de Poza Rica, Veracruz… y la respuesta gubernamental es acuñar la disputa de grupos delictivos rivales, esa es una manera muy burda de eludir la responsabilidad gubernamental.

Al cierre del sexenio estatal, es claro que la forma de gobernar es con la demagogia, el empleo del estado de derecho para judicializar la protesta popular, la creación de expedientes incriminatorios que justifiquen el accionar represivo de los cuerpos policíaco militares y así escalar en la espiral de violencia institucional de persecución política, encarcelamiento injusto y violaciones a los derechos humanos.

El pueblo trabajador no debe renunciar al legítimo derecho a la protesta, la organización independiente es una necesidad política ante la nula respuesta favorable a las demandas más sentidas. Desde el gobierno estatal preparan una andana represiva con el aval de legisladores y el silencio del Ejecutivo federal, ante ello, la acción política de masas es necesaria y legítima.

Fraternalmente

¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos!
¡Libertad a todos los presos políticos del país!
Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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