Desapariciones forzadas y coyuntura electoral

La desaparición forzada es una práctica de terrorismo de Estado que se ejecuta en México, en la presente coyuntura está relacionada y es parte del clima de violencia institucional y la coyuntura electoral rumbo al 2024, donde persiste la impunidad para los perpetradores y la indolencia, revictimización y dilación hacia familiares de quienes sufren este crimen de lesa humanidad.

Se exacerba el fenómeno porque la impunidad es política de gobierno, por el grado de descomposición social y las pugnas entre poderes económico políticos de los grandes empresarios junto a políticos de oficio.

La causa de lo exponencial de la desaparición forzada no se puede reducir al actuar de la delincuencia organizada en sí misma o en abstracto, como un ente ajeno a la propia institucionalidad o a las estructuras policiales y militares. Detrás de cada membrete de la delincuencia organizada o narcotráfico existen intereses de grupo y personajes que tienen origen en el Estado, de todos los niveles y corporaciones.

Las propias decisiones políticas del Ejecutivo federal en materia de seguridad coadyuvan al ascendente cometido de la desaparición forzada, ya que bajo la idea de “fortalecer el estado de derecho” se aplican medidas que intensifican la militarización del país.

Con la militarización la violencia institucional se dispersa a lo largo y ancho de la geografía mexicana, de esta manera, con la presencia de las fuerzas represivas las violaciones graves a los derechos humanos y el cometido de crímenes de lesa humanidad persisten; la delincuencia organizada es funcional para los planes de seguridad nacional del gobierno burgués.

La delincuencia organizada es un ente criminal creada por el Estado desde hace muchos años, por lo que las estructuras gubernamentales conocen su actividad, en específico la Secretaría de la Defensa (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR), las Policías Ministeriales, las corporaciones policiacas a nivel federal, estatal y municipal. Son parte y cómplices, no como entes individuales, sino como instituciones represivas.

Cada vez son más las voces que se suman a la exigencia de presentación con vida, familiares desgarrados por la ausencia de su ser querido y nula respuesta de las instituciones de gobierno encargadas de atender los casos. Por lo que a estas alturas del sexenio no hay duda que la impunidad es política de gobierno, se ha convertido en un premio para los perpetradores, en un permiso velado para que fuerzas represivas y la delincuencia organizada continúen desarrollando la desaparición forzada, ya que la madriguera criminal yace en el seno de las estructuras policíaco militares.

El discurso maniqueo de gobierno bueno y delincuencia mala busca ocultar la esencia del fenómeno, de la interrelación de origen que tienen las instituciones burguesas y el crimen organizado. Justificar la militarización y ocultar las verdaderas causas del cometido de la desaparición forzada revela responsabilidad por omisión o aquiescencia e intereses contrarios a los familiares de las víctimas.

La evidencia palpable es la actitud perversa de algunos políticos de oficio en plena coyuntura electoral. A través de la retórica intentan ganarse la simpatía de los pobres del campo y la ciudad al usar a las víctimas y familiares de desaparecidos para obtener raja política, expresión concreta de la mezquindad de los hombres
del régimen, como fue el caso del uso mediático del caso de los normalistas de Ayotzinapa por la presente administración federal.

El botón de muestra lo dio uno de los precandidatos morenistas a la presidencia de la república al dirigirse a familiares de víctimas de desaparición forzada, quien “auguró”, “(…) les aseguró que aunque nunca encontrarán consuelo tendrán la solidaridad, atención, el respeto y cariño que se merecen” (La jornada 5/07/23). El político de oficio tabasqueño evidenció sin aspavientos indolencia, hipocresía, una actitud simuladora y demagógica.

Sus expresiones albergan de manera perversa un mensaje nefasto, resignación para los familiares de las víctimas, buenos deseos y más demagogia. En ellas, el político de oficio sin mayor objeción demuestra su doble moral, la mezquindad cuando se trata de materializar intereses ajenos a los del pueblo.

Cuando afirma que los familiares de las víctimas no encontrarán consuelo, en apariencia se presenta como un hombre sensible, solidario, pero en los hechos, no se tiene contemplado medidas concretas para la exigencia de presentación con vida y juicio y castigo a los responsables, la lógica de los políticos de oficio es el viejo “dejar hacer dejar pasar”, sortear el problema con una palmadita en la espalda que pretende borrar lo profundo del crimen de Estado.

De los hombres del régimen está comprobada su mezquindad, su frío cálculo para beneficiarse del pueblo despolitizado y ávido de justicia, no se hace mención de llevar ante los tribunales a los perpetradores de las desapariciones forzadas porque no conviene a sus intereses.

Un político de oficio no puede respetar ni dar cariño al pueblo, porque hacerlo implica hablar con la verdad sobre los miles de casos de desaparición forzada en el país y explicar por qué las instancias procuradoras de justicia no quieren tocar a elementos del Ejército y la Marina para su juicio y castigo en casos donde existe documentación fehaciente que prueban su participación en el cometido de dicho crimen de lesa humanidad.

Entre dilación, maniobras leguleyas o políticas y el rancio burocratismo ha transcurrido la atención a los familiares de las víctimas, si en el presente la atención tiene el mismo sello, el futuro inmediato será en detrimento de las víctimas y sus familiares.

Usar a las víctimas de desaparición forzada como objeto para ganar simpatía con el pueblo es perverso. Constituye en argumento ruin, los hombres del régimen quieren lograr sus fines con el dolor de los familiares, es el interés mezquino de la democracia burguesa mientras las desapariciones forzadas aumentan drásticamente.

Las cifras oficiales estiman al día la desaparición forzada de 72 personas en el país. Esta cifra es espeluznante, en medio del contexto electoral el cometido de ese crimen de lesa humanidad no cesa, es descarnada la magnitud con la cual se ejecuta, en este contexto, el país no va bien, pese a que en las mañaneras se diga lo contrario.

Según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) “(…) en el primer semestre del año en curso hubo 12 mil 973 desaparecidos” (La Jornada 05/07/23). Aunque la cifra no deja de ser conservadora, son un botón de muestra de los alcances debastadores de la desaparición forzada como práctica de terrorismo de Estado.

De este fenómeno se infiere la agudeza con la cual las contradicciones entre grupos de poder económico y político se disputan un lugar en las estructuras gubernamentales en medio de la descomposición política del régimen.

La violencia institucional en la presente coyuntura electoral es desproporcionada, ni las buenas intenciones, el discurso demagógico o los “otros datos” podrán ocultar la magnitud de sus efectos contra el pueblo, asesinatos dolosos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados son la constante en múltiples entidades del país.

La realidad es clara, ante ella no podemos callar, guardar silencio implicaría reproducir la misma práctica de los políticos de oficio. Si queremos justicia para nuestros seres queridos no será por la obra y gracia de funcionarios públicos, sino por la exigencia con firmeza, claridad política y una adecuada organización del pueblo trabajador, de lo contrario, el riesgo es prolongar la agonía de nuestros seres queridos y que los criminales de Estado siguen en libertad e impunes.

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo