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Segob y Sedena se inclinan al desacato a una orden judicial

Martes 1ro de noviembre de 2022, por Ciudad de México

Ciudad de México a 01 de noviembre de 2022
A la opinión pública

Segob y Sedena se inclinan al desacato a una orden judicial

La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Defensa Nacional restan importancia a la creación de la Comisión Especial de Búsqueda y se inclinan al desacato a una orden judicial de la máxima instancia de justicia que mandata a las autoridades a la búsqueda y localización de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, desaparecidos por el Ejército en mayo de 2007.

Secretaría de Gobernación y Secretaría de la Defensa Nacional hicieron caso omiso a la convocatoria de la Fiscalía General de la República en el marco del acato a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de los revolucionarios. Una mala señal de éstas porque evidencian su política indolente a los familiares y víctimas de la desaparición forzada.

Su inasistencia es una respuesta tácita al acceso a la justicia y verdad en casos de crímenes de Estado en el país, transmiten una política de gobierno que en el discurso afirman la existencia de justicia y en los hechos pasan una orden judicial por el “arco del triunfo”, es decir, no respetan sus propios marcos jurídicos y el estado de derecho que pregonan.

La institución castrense manda un mensaje político, que no está de acuerdo con la sentencia que la Suprema Corte, como máxima instancia de procuración de justicia en el país, emitió a favor de las víctimas Gabriel y Edmundo, en particular, en acatar esta sentencia jurídica que los obliga a permitir la búsqueda de las víctimas en campos y cuarteles militares sin previo aviso; que militares y sus mandos en función durante el año de 2007 comparezcan ante la justicia para el deslinde de responsabilidades.

Que el Ejército no esté en la disposición de acatar una orden judicial por un caso de desaparición forzada, permite ilustrar el grado de impunidad que prevalece sobre ellos. La capacidad política del Ejército de hacer caso omiso a una sentencia de la máxima instancia de justicia en el país confirma que esta institución castrense puede paralizar y dejar sin efecto una orden judicial en su contra para perpetuar la impunidad y pasar desapercibida los crímenes que cometen.

Lo que esta institución castrense no permite a pesar del mandato judicial, es que sea objeto de investigación por desaparición forzada y no acepta que el pueblo organizado los cuestione por sus crímenes. Su actitud política se debe también al hecho de que en esta administración son blindados políticamente como intachables, “purificados” en el discurso, pero impunes e inmunes ante el cometido de cientos de crímenes de lesa humanidad, el ejemplo esta a la vista, se inclinan en desacatar una orden judicial.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación demostró un rostro indolente que intentan esconder con un discurso gubernamental lleno de demagogia, la paz no llega con el fortalecimiento del Estado policíaco militar y la impunidad sobre éstos. No puede haber confianza en un gobierno que no tiene la voluntad de acatar una sentencia judicial con la intención de prolongar la impunidad, tampoco es posible acercarse a la paz si se simula el acceso a la justicia y verdad.

La indolencia, la revictimización a los familiares y víctimas. Que el Ejército mexicano y sus altos mandos se pasen por el arco del triunfo una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación indica que las instituciones castrenses se adjudican la condición de vilipendiar una orden judicial a su antojo.

Gabriel Alberto y Edmundo fueron desaparecidos de manera forzada por el Ejército mexicano, de eso no hay duda, pero esta institución castrense se niega a aceptar su responsabilidad al grado de actuar con indolencia. No acudir a la convocatoria de la FGR para acatar un mandato judicial es una forma de no estar de acuerdo con el fallo de la Suprema Corte emitido a favor de los revolucionarios Gabriel y Edmundo.

El mensaje de impunidad de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Defensa Nacional está dado y la decisión que en adelante tomen éstos en relación al caso de los revolucionarios, es escamotear la justica. La administración en turno busca mantener el manto de impunidad sobre el Ejército como responsable de miles de crímenes de lesa humanidad.

Fraternalmente
¡Sin acceso a la justicia y verdad, no hay transformación!
¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!
¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

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