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Ponencia leída en el foro: la sentencia de la SCJN en el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz, en la XXII feria internacional del libro
Lunes 10 de octubre de 2022, por
Ciudad de México a 10 de octubre de 2022
Ponencia leída en el foro: la sentencia de la SCJN en el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz, en la XXII feria internacional del libro
Buenas tardes a quienes están presentes en esta XXII feria internacional del libro, agradecemos por el espacio, mi nombre es Noemia Calles Ríos, perseguida política por el gobierno de Michoacán e integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.
El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo sostiene junto a familiares, organismos defensores de los derechos humanos, personalidades solidarias, organizaciones hermanas y solidarias, a lo largo de más de 15 años, la exigencia de presentación con vida de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, a todas luces, un crimen cometido por el Ejército el 25 de mayo de 2007 en la capital del estado de Oaxaca.
La impunidad que existe a más de 15 años de este crimen, da cuenta de la capacidad del Estado mexicano para sepultar en la injusticia lo que le corresponde asumir como autor. En este caso, las instituciones y la política transexenal es mantener una política de dilación, burocratismo, indolencia y revictimización.
Estamos frente a un crimen de Estado, cometida contra dos hombres que los distingue su cualidad de ser revolucionarios que optaron luchar por la vía armada para transformar las actuales condiciones de explotación y opresión capitalista. Es lógico que el Estado niegue el crimen que el Ejército perpetró contra Gabriel y Edmundo y éste busque eliminar todo rastro que conduzca al castigo de sus autores intelectuales.
En este crimen es evidente la motivación política, más de 15 años aún se mantiene en la impunidad y ya son tres sexenios con gobiernos de partidos distintos que no abonan para el acceso a la justicia y verdad para las víctimas de la desaparición forzada.
El fallo se emite en un contexto político adverso para el movimiento popular, si bien el gobierno reconoce la existencia con cifras conservadores de más de 100 mil casos de desaparición forzada, a la vez fortalece al Ejército mexicano a pesar de que esta institución es la más señalada por crímenes de desaparición forzada.
Para el caso de Gabriel y Edmundo, el fallo es importante porque es una conquista del movimiento popular independiente, un esfuerzo permanente de exigencia de justicia en las calles y plazas públicas y no es producto de ninguna buena voluntad política de oficio.
13 años después del crimen, el caso llegó a manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dos años después, la Primera Sala de la SCJN resolvió el fallo a favor confirmando la sentencia de la Jueza Cuarta de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México quien otorgó el amparo el 06 mayo del año 2019 a las víctimas Edmundo y Gabriel Alberto.
La combinación de la lucha política, jurídica y de derechos humanos es parte del aprendizaje de quienes somos testigos en la exigencia de presentación con vida de los desaparecidos de manera forzada. Esto es una necesidad popular, en particular, de los familiares víctimas de un crimen de lesa humanidad, porque el Estado opta por naturaleza evitar el acceso a la justicia y verdad para el pueblo organizado.
La denuncia en calles y plazas públicas permitió visibilizar la práctica de la desaparición forzada en el país en un contexto de terrorismo de Estado y una fuerte estigmatización y criminalización por abrazar la presentación con vida de los dos revolucionarios. De forma más sutil, en este sexenio se impone una ley que criminaliza y judicializa la protesta popular, una medida coercitiva que busca evitar la crítica política ante la continua violencia institucional.
Es importante que la Suprema Corte señale en el fallo que la desaparición forzada es una violación grave a los derechos humanos, que tiene un carácter pluriofensivo. En efecto, no solo lacera la humanidad de la víctima, afecta profundamente a la familia con daños irreparables, afecta al conjunto de la sociedad, pero también a los sectores del pueblo organizado, porque en este caso, el crimen se perpetra contra un proyecto político, independientemente de la forma de lucha que elija.
En este proceso de exigencia, la búsqueda es bajo la presunción de vida, es el sentido de la consigna de ¡vivos los llevaron, vivos los queremos! Las víctimas pueden esperar del Estado la más vulgar idea de dar por muertos a nuestros seres querido, sin embargo, el pueblo organizado no debe permitir tal afrenta contra la dignidad de lucha y exigencia por justicia y verdad.
El fallo determina un plazo, sobre todo para que la SEDENA, FGR, el gobierno estatal de Oaxaca y municipal cumplan con algunas medidas de satisfacción y restitución. Están obligadas a evitar el desacato, pero los hechos recientes que experimentan familiares víctimas de este crimen cometidos por el Ejército durante la política contrainsurgente recrudecida en los años 60, 70 y 80´s, evidencia indolencia y deslinde como autor material de desaparición forzada.
No dudamos de que este crimen contra los revolucionarios fue cometido por el Estado a través del Ejército, en los hechos se devela una política de Estado contra el movimiento organizado en general. El tiempo en que desaparecen de manera forzada a Gabriel y Edmundo, otras víctimas fueron defensores de los derechos humanos, integrante de organizaciones populares y maestros.
En conjunto, el fallo es una conquista del movimiento popular en general, pero es también por la persistencia de los familiares que conforman el Comité Hasta Encontrarlos, organizaciones defensoras de los derechos humanos como los compañeros del Comité de Cerezo México y el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, sin escatimar la solidaridad incondicional de compañeros como el Frente Popular Francisco Villa Independiente y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui quien tiene a las hermanas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez en condición de desaparecida.
La solidaridad en una exigencia común de miles de familias víctimas de este crimen, se aprecia como una necesidad política que debe perdurar a pesar de las evasivas de quienes resultan ser responsables de la desaparición forzada. La lucha tiende a continuar mientras la impunidad sea una práctica existente en la exigencia de justicia y verdad.
También comentar que en estos 15 años de lucha hemos publicado libros y revistas sobre el caso de los dos revolucionarios, en estos materiales está plasmados la experiencia de lucha en la exigencia de presentación con vida de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.
Queremos aprovechar el espacio para denunciar la prisión por motivos políticos de nuestro compañero Higinio Bustos Navarro, que por defender la tierra y luchar por el socialismo en México hoy se encuentra preso por organizarse de manera independiente, así también en el gobierno morenista que se dijo ser del pueblo y para el pueblo el 20 de febrero de 2021 asesinaron políticamente a nuestro compañero Ramiro Rodríguez Santiz, el 03 de mayo de 2021 también asesinaron a nuestros compañeros Efraín Vázquez Aguilar y Mario Alberto Pérez López, fueron emboscados por la guardia Nacional junto con un grupo paramilitar.
Como lo comentó la compañera nosotros no responsabilizamos a una persona sino a toda la estructura del Estado que sigue aplicando una política represiva desde los años 60, 70 y que aun continua, los crímenes no han terminado, al contrario se siguen cometiendo e históricamente está comprobada la participación del Ejército en el cometido de las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y desplazamientos, la violencia institucional continua y se aplica contra luchadores sociales, activistas políticos, defensores de los derechos humanos y el pueblo en general.
El gobierno actual utiliza la demagogia para ocultar los crímenes que comete contra el pueblo y lo que exigimos es juicio y castigo a los autores materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad, nosotros decimos los responsables materiales son el Ejercito y las diferentes corporaciones policíacas.
Combativamente
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo