Defensa a ultranza del Ejercito, por el Ejecutivo federal

Ciudad de México a 30 de septiembre de 2022
A la opinión pública:

Desde el inicio de la administración morenista, el Ejecutivo federal protege a las fuerzas armadas, con los señalamientos como: “el Ejercito es pueblo uniformado”, “el ejército no es responsable de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa” se intenta limpiar la imagen del Ejercito para que el pueblo acepte sin mayor cuestionamiento la militarización del país que aseguró no era el objetivo de su gobierno.

Hecho que contradice la actitud que mostró a los familiares de los detenidos desaparecidos en periodos de campaña y que se comprometió a proporcionar justicia para los miles de víctimas de este deleznable crimen, incluso reconoció la cifra de más de 750 mil las víctimas de este flagelo, cifra que deja atrás con la que ahora reconoce.

Desde palacio Nacional, el jefe supremo de las fuerzas armadas defiende a capa y espada a la institución castrense que dirige y administra para dar continuidad a la estrategia nacional de seguridad que impulsó Felipe Calderón Hinojosa en su administración con la llamada “guerra contra el narcotráfico” y que dio continuidad Enrique Peña Nieto.

De manera directa Peña Nieto afirmó que haría un cambio en la estrategia de seguridad de su antecesor, por lo que, según él, en su administración ésta pasaría de ser una guerra abierta contra la “delincuencia organizada” a mejorar las labores de espionaje.

Para tal efecto, Peña Nieto delegó la responsabilidad del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la conducción de políticas en materia de seguridad interior, el ejercicio del mando sobre la policía federal y auxiliar… al entonces secretario de Gobernación; Miguel Ángel Osorio Chong.

Su estrategia contra el crimen giró en torno a la supuesta profesionalización y fortalecimiento de los cuerpos policiacos, “profesionalización” que se tradujo en más de 250 mil desapariciones forzadas, más de 150 mil ejecuciones extrajudiciales y un millón y medio de desplazamientos forzados por la violencia institucional, de la misma manera se fortalecieron los mecanismos de inteligencia, coordinación entre autoridades, cooperación internacional…

Estrategia de seguridad que no logró concretar en su administración por el descontento popular y que la nueva administración logró contener y desarticular para militarizar al país y continuar con el cometido de las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y el desplazamiento forzado como parte de las prácticas del terrorismo de Estado contra el pueblo organizado y no organizado.

Ejes que el actual representante del Ejecutivo federal retoma para perfeccionar la estrategia nacional de seguridad pública que consiste primordialmente en mantener un mayor control en la población y reprimir a las organizaciones populares que mantenemos la denuncia política de las condiciones de explotación y opresión política en la que se encuentra el pueblo.

En los hechos es el perfeccionamiento del Estado policíaco militar para el cometido de crímenes de Estado y de lesa humanidad contra toda la población mexicana; para que ésta pretensión se concrete, desde palacio nacional se criminaliza la protesta popular con epítetos como “radicales de izquierda”, “conservadores” …

En los hechos se aplica el estado de derecho burgués con el que se crean carpetas de investigación y se castiga la práctica política que se realiza desde la organización popular independiente, de ahí que en esta administración mantenga un sistema de “justicia” que encarcela en todo el país a luchadores sociales, activistas políticos, defensores de los derechos humanos y defensores del medio ambiente.

Para fortalecer la estrategia de seguridad, a los ojos del pueblo, el Ejercito debe quedar intachable, de ahí la insistencia del Ejecutivo federal por defender a capa y espada a la institución que aplica la política de contrainsurgencia.

No hay duda de la responsabilidad del Ejercito como institución castrense en el cometido de los deleznables crímenes del pasado y del presente, éste no se mueve sin las órdenes del presidente de la República o en su caso por órdenes del Secretario de la Defensa Nacional, quienes administran y organizan a los elementos del ejército para su despliegue en operaciones militares de carácter contrainsurgente.

No importa el número de elementos que participan en una desaparición forzada, ejecutan la política de gobierno, no depende de la cantidad de perpetradores para que esta institución castrense no sea la responsable del cometido de crímenes de Estado y de lesa humanidad como pretende hacer creer el titular de la Secretaria de Gobernación y el Ejecutivo federal en el caso de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, al declarar que sólo cuatro elementos del Ejército están detenidos sin que sea una acción concertada por las fuerzas armadas.

Si creen que con tales declaraciones pueden engañar al pueblo y a los familiares de las víctimas de la desaparición forzada que exigen justicia, están equivocados, a todas luces se deja ver la responsabilidad del Ejercito y de los servicios que utiliza el Ejército en cada operación militar para llevar acabo las desapariciones forzadas, en coordinación con otras instancias gubernamentales.

Sin duda alguna, detrás de cada desaparición forzada, tiene responsabilidad el Ejecutivo federal, el Secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), las instituciones castrenses, los gobiernos locales y municipales en los lugares en que se han cometido estos deleznables crímenes.

No aceptamos la versión del Ejecutivo federal que reconoce la participación de elementos castrenses en aquel 26 y 27 de septiembre de 2014, sin que tenga responsabilidad el Ejercito como institución, esta aseveración la hace con la intensión de mantener en la impunidad el actuar de las fuerzas armadas y legitimar su permanencia en las calles con funciones que violan gravemente los derechos humanos.

El Ejército es el pilar represivo del Estado que mantiene al capitalismo como modo de producción, por eso la necesidad de perfeccionar las labores de contrainsurgencia contra el pueblo.

Si el gobierno “del pueblo y para el pueblo” reprime la protesta popular para asegurar los intereses capitalistas, el pueblo organizado debe desenmascarar la política demagógica que aplica el Ejecutivo federal para cumplir con los acuerdos empresariales en detrimento de las masas trabajadoras, por lo que, la movilización y denuncia política debe mantenerse en las calles y demás espacios públicos, hasta que el acceso a la verdad y la justicia se materialice con la búsqueda, presentación con vida de los detenidos desaparecidos y en el juicio y castigo a los responsables del cometido de estos crímenes.

Fraternal y combativamente
¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡Sin presentación con vida, la impunidad es política de gobierno!
¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo FNLS