Los derechos humanos en el gobierno de la transformación y la labor de los Defensores

Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2022
A los medios de comunicación
A las organizaciones populares independientes
A la opinión pública:

Los derechos humanos en nuestro país no son respetados; en cada sexenio de gobierno estos son reconocidos sólo en discursos y cada gobierno se reconoce como respetuoso de los derechos humanos, en los hechos, son transgredidos, anulados y violentados. Situación que refleja que la violación a éstos es parte de la política represiva que oprime políticamente a millones de trabajadores del campo y la ciudad.

Aunque los derechos humanos y libertades políticas son reconocidos en el art. 1 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, como una manera de garantizar mejores condiciones de vida para los diferentes sectores populares, la realidad es que la miseria y la pobreza campean en los rincones más apartados del país con víctimas de estos flagelos.

Las demandas del pueblo no son resueltas, el presupuesto que se debería destinar, tendría que estar en función de acceder al derecho a la salud, educación, alimentación, trabajo digno, vivienda digna, etc., sin embargo, los impuestos del pueblo, se destina a la creación de nuevas corporaciones policiaco militares y al despliegue de éstas en toda la geografía mexicana para el cometido de nuevos crímenes de Estado y de lesa humanidad.

Crímenes con los que se intenta acallar la crítica política que surge desde el pueblo organizado. Con la criminalización que realiza el Ejecutivo federal con epítetos como “conservadores”, “radicales de izquierda”, “mis enemigos” se crean las condiciones para justificar las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y desplazamientos forzados contra aquellos que mantenemos la denuncia sobre la política de gobierno.

Con la creación de nuevos grupos de paramilitares se busca evadir la responsabilidad del Estado, en el cometido de éstos y hacer pasar los hechos violentos como enfrentamientos entre particulares o la delincuencia organizada, estrategia de contrainsurgencia que se dirige contra los esfuerzos organizativos que nos mantenemos en la lucha popular independiente.

La visibilizaciòn de las violaciones a los derechos humanos es un trabajo necesario, que documenta, acompaña y denuncia, esfuerzo hecho posible por organizaciones no gubernamentales de derechos humanos como el Comité Cerezo México. El trabajo sistemático en esta materia permite evidenciar la gravedad con que se cometen por omisión, comisión y aquiescencia contra el pueblo trabajador en general y en particular hacia activistas, luchadores sociales, campesinos, estudiantes, etc.

En un contexto de agudización de la violencia institucional en el país, la vida e integridad física y psicológica de los defensores de los derechos humanos, de los activistas políticos, luchadores sociales y periodistas es aún mayor. Los esfuerzos confluyen en denunciar el cometido de crímenes de Estado y de lesa humanidad cometidos a lo largo y ancho del país perpetrados particularmente por agentes de Estado.

La labor en la defensa de los derechos humanos es un trabajo importante que permite hacer un análisis de la situación de económica, política y social del país, es un trabajo especializado, que requiere de un análisis comparativo entre los distintos periodos de gobierno, que devela la estrategia que mantienen las fuerzas castrenses en el cometido de los crímenes de Estado y de lesa humanidad, la frecuencia con la que se cometen para la prevención de posibles actos represivos.

Los compañeros del Comité Cerezo México, realizan con convicción y sensibilidad esta labor de defensa de los derechos humanos, desde esta trinchera de lucha coadyuvan en la lucha contra la explotación y opresión contra el pueblo. Los derechos humanos es una herramienta de lucha para el pueblo en la exigencia de mejores condiciones de existencia; la exigencia de respeto a los derechos humanos y libertades políticas que posee el pueblo mexicano son constantemente violentados.

La labor de acompañamiento que dan a las víctimas de violaciones a los derechos humanos es tan importante que permite visibilizar el fenómeno de la violencia, represión o el cometido de crímenes contra el pueblo u otros derechos que el Estado no satisface, limita o anula.

Por su labor en la denuncia, documentación y defensa de los derechos humanos el gobierno mexicano, encabezado por el Lic. Andrés Manuel López Obrador, ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), les retiren las medidas cautelares que les fueron otorgadas en el año 2006, por amenazas de muerte contra Alejandro, Francisco, Emiliana Cerezo Contreras y demás integrantes del Comité Cerezo México.

Cabe señalar que las medidas cautelares se les proporcionó, en el contexto de la exigencia de libertad a Héctor y Antonio Cerezo; sin embargo, en este gobierno que se declara respetuoso de los derechos humanos, no han faltado los señalamientos criminalizadores e incriminadores que ha llegado a amenazas de muerte por su labor como defensores de derechos humanos, por lo que el riesgo a su integridad física y psicología es una realidad.

Es perverso el actuar del Ejecutivo federal que, por un lado, se reconoce con vocación por el respeto irrestricto a los derechos humanos y, resalta, “Los críticos del presidente López Obrador se expresan diariamente con entera libertad contra las acciones del gobierno federal y eso no ha significado ninguna acción en su contra. Ni se les censura ni se les persigue. No tengo noticia de un caso de tortura, ni de alguien que se encuentre preso político”.

Declaraciones que intentan maquillar la situación de violencia que se despliega en el país; en la realidad se trasgrede el derecho a la libertad de expresión, reunión, organización y protesta popular que llegan a amenazas de muerte como las que se les hacen a los compañeros de Comité Cerezo México y a otros defensores de derechos humanos, que en el actual sexenio se habla de una mayor cantidad de agresiones a los defensores, que ascienden a 107 asesinatos.

Cifras crudas que no tiene nada que ver con los dichos por el presidente de la República, una cosa es que no reconozca ante la opinión pública la existencia de presos y perseguidos políticos, sino, que nos explique, ¿Por qué el compañero Higinio Bustos Navarro sigue recluido en el cerezo regional de Tantoyuca Veracruz, si no hay pruebas que comprueben el supuesto delito que cometió? ¿Por qué sigue preso si un juez federal determinó su libertad inmediata e incondicional?

De igual manera ¿Cuál es el motivo que ha generado la judicialización de nuestra práctica política y se han fabricado delitos contra quienes integramos el FNLS? ¿acaso es un delito ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión? O ¿se “permite la libertad de expresión” para posteriormente encarcelar a quienes nos manifestamos?

Indudablemente, es consigna de gobierno la reclusión y persecución por motivos políticos de luchadores sociales o activistas políticos, que el gobierno morenista niegue la política que aplica contra las voces críticas, es parte de la demagogia que se levanta frente a los ojos de los incautos para legitimar la política represiva contra el movimiento popular independiente.

Pruebas de estas aseveraciones las encontramos todos los días en el intento del cometido de nuevos crímenes de Estado y de lesa humanidad, como lo ocurrido contra nuestros compañeros en el estado de Chiapas, quienes en el ejercicio de las libertades políticas fueron agredidos por agentes del Estado, en el municipio de Venustiano Carranza, agresión que vulnera la integridad física y psicológica de los que somos parte del FNLS.

Si la impunidad prevalece en el cometido de crímenes de lesa humanidad, como lo es la desaparición forzada de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, nuestro compañero Fidencio Gómez Santiz, los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y los miles de detenidos desaparecidos, no podemos avalar que se trate de un gobierno del pueblo, al contrario, razones sobran para asegurar que se trata de un gobierno antipopular y prooligarca.

Al violentarse los derechos del pueblo mexicano, se refleja la hipocresía e incongruencia de un gobierno que se dice ser del pueblo y para el pueblo, por lo que la transformación de las condiciones de vida, no pueden obtenerse por la vía institucional; necesariamente tiene que pasar por los esfuerzos del pueblo que se mantiene organizado bajo la bandera de la lucha por el socialismo en México.

Fraternalmente
¡Por qué ser luchador social, no es sinónimo de delincuente!
Comité Nacional “Voces de Libertad y Justicia”