El caso Ayotzinapa es crimen de Estado, los responsables intelectuales se les pretende cobijar con el manto de la impunidad

Ciudad de México a 25 de agosto de 2022
A los medios de comunicación
A los organismos defensores de los derechos humanos
A las víctimas de crímenes de lesa humanidad y de Estado
Al conjunto del movimiento popular
A la opinión pública

El informe que rindió el pasado 18 de agosto la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (CoVAJ) y el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a cargo del Lic. Alejandro Encinas se da a conocer la responsabilidad y participación del Ejercito mexicano en la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, confirma que el Estado mexicano es responsable de este crimen que el gobierno actual pretende cobijar a sus responsables intelectuales con el manto de la impunidad.

El informe confirma lo dicho por organizaciones populares independientes, organismos de derechos humanos, personalidades progresistas, el único responsable de la desaparición forzada contra normalistas de Ayotzinapa es el Estado. Sus instituciones y políticos de oficio desde el más alto nivel planificaron, ordenaron, ejecutaron y ahora intentan deslindarse de su responsabilidad; no fue decisión de funcionarios menores, tampoco termina con aquellos que presentaron la “verdad histórica”, fue política de Estado y gobierno.

Las labores de inteligencia militar contra los estudiantes y el crimen de lesa humanidad en su contra, no se trata de un crimen ordenado por subordinados influenciados por la “delincuencia organizado o el narcotráfico”, forma parte de una política de Estado y gobierno contra el movimiento estudiantil y popular, es decir, una orden del más alto mando militar y político con el objetivo de sembrar miedo, dispersión, la huida de hijos de trabajadores del campo al proyecto de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) a través del terrorismo de Estado.

La desaparición forzada de los compañeros normalistas es por razones eminentemente políticas, es la concreción de un plan contrainsurgente contra una parte del pueblo organizado. Del informe derivado de la “investigación” sobre el caso de los normalistas de Ayotzinapa, Estado y gobierno actual deslindan de la responsabilidad a Enrique Peña Nieto como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y al General Salvador Cienfuegos como titular de la Secretaria de la Defensa Nacional, ambos del sexenio pasado.

Murillo Karam no es el principal autor intelectual de lo que llaman “verdad histórica”, él y otros son la pieza desechable para que sus jefes escabullan la justicia ante un crimen de Estado. El poder del Estado burgués es el único capaz de mantener en la impunidad un crimen de esta naturaleza, ocultar la verdad en franca confabulación institucional y aparentar transparencia política para contener el descontento popular.

Lo que el pueblo necesita es justicia y castigo a los responsables materiales e intelectuales de este crimen. La impunidad en la presente administración persiste porque se encubre a los verdaderos responsables de los crímenes que se cometen contra el pueblo trabajador mediante una política demagógica y conciliadora.

El “perdón si, olvido no” aún es la alternativa política de esta administración a las víctimas que busca el desistimiento de la lucha por la presentación con vida de los desaparecidos. El Ejercito mexicano no es perpetrador por “la actuación de malos servidores públicos” ni “el mal funcionamiento de una institución”, sino una política, sostener lo contrario, es evadir responsabilidades del Estado como principal perpetrador de los crímenes de lesa humanidad en el país.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene razón en decir que no hay un mal funcionamiento de las instituciones, principalmente cuando se trata de una institución como la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA), para el régimen capitalista funciona a la perfección como principal autor de la política de violencia de Estado en el país.

El informe juega con el dolor de los familiares, a través de esta “nueva” información busca resignación de las familias víctimas, actitud indolente de un gobierno que se autoproclama gobierno del pueblo, pero en los hechos procura la impunidad sobre los responsables de los crímenes de lesa humanidad.

La desaparición forzada de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa no se trató de simples actos de negligencia u omisión por parte de funcionarios y los cuerpos policiacos militares quienes estaban en función el 26 de septiembre del 2014, fue una acción planificada y ejecutada desde las instancias del gobierno federal encabezado por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, así como de instituciones policiacas, de inteligencia y el Ejército mexicano.

Este informe lejos de garantizar el acceso a la justicia y verdad, no es una respuesta que resuelva la demanda principal de presentación con vida de los estudiantes desaparecidos, confirma la indolencia y papel del Estado en ocultar el paradero de las víctimas de este crimen de lesa humanidad.

La exigencia de presentación con vida de los más de 350 mil detenidos desaparecidos en el país, entre ellos, los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, sigue como demanda política, la mentira que vierte el Estado para que den por muertos a los detenidos desaparecidos, no detendrá la lucha de las masas trabajadoras. La exigencia de ¡vivos se los llevaron, vivos los queremos! Deben mantenerse, así mismo, la exigencia de ¡juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad!

Fraternalmente
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡Ni perdón, ni olvido!
¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos!
¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo FNLS