Denuncia pública: Hostigamiento y amenazas de detención arbitraria a compañeros durante pega de carteles

Ciudad de México a 07 de agosto de 2022
A los organismos defensores de los derechos humanos
A los medios de comunicación
A la opinión pública

Hechos:
A las 11:00 de la mañana, una comisión de nuestros compañeros divididos en dos equipos se dirigieron rumbo a la estación del metro Ermita, desde donde se planeó iniciar la difusión de nuestra propaganda a lo largo de la avenida, hacia el Zócalo capitalino, actividad que consiste en la pega de carteles con el rostro de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya y la de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz en los espacios públicos.

Alrededor de las 12:00 del día, un elemento policíaco siguió de forma distante, a un equipo de compañeros mientras realizaban la pega de carteles. A las 12:30 aproximadamente, bajo el argumento de una queja ciudadana, se acercó una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) con tres elementos (de la policía auxiliar) de la Alcaldía Benito Juárez, quienes abordaron a nuestros compañeros y les comentaron que por eso podían levantar un acta administrativa y llevarlos a la delegación de la policía, “es el primer llamado” declararon.

Minutos después, el otro equipo de compañeros, fue interceptado a la altura de la calle Morelos y avenida Tlalpan, por otra patrulla de la SSC con número MX-137-84, Nativitas con dos agentes a bordo y dos agentes más en bicicleta, quienes amenazaron a los compañeros en remitirlos a la delegación para que allí explicaran lo que “desearan”.

El hecho es evidente, existe hostigamiento policíaco que pretende evitar la exigencia de presentación con vida todos los detenidos desaparecidos en el país. La amenaza de detención arbitraria es el amague y mensaje del Estado mexicano para quienes se mantengan en la lucha por justicia y verdad en el caso del crimen perpetrado por el Ejército mexicano contra los revolucionarios Gabriel y Edmundo.

En este caso, el mensaje es para las organizaciones populares, de derechos humanos y familiares que unificamos esfuerzos para que se presenten con vida a Gabriel y Edmundo y se castigue a los responsables materiales e intelectuales.

Es desde el 01 de agosto que nos instalamos en plantón frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la Ciudad de México que la policía de la SSC, hostiga, intimida y realiza amenazas a compañeros que realizamos actividades políticas de difusión y denuncia en la Ciudad de México en el marco del 10 de agosto, fecha en que la SCJN emitirá un fallo para el caso de los revolucionarios Gabriel y Edmundo.

El gobierno de la “cuarta transformación” puede señalar en los medios de comunicación que el hostigamiento, la represión contra el pueblo organizado es cosa del pasado, sin embargo, los hechos que denunciamos en la Ciudad de México es parte de la política represiva del gobierno actual. En los últimos días, en la ciudad gobernada por el partido morenista se instrumentó un dispositivo que cuarta el acceso al libre tránsito al Zócalo capitalino, lo que niega al pueblo organizado el derecho a la protesta popular frente a Palacio Nacional.

Medida coercitiva que le permite al Ejecutivo evadir manifestaciones del pueblo en general ante demandas no resueltas, así como demandas políticas que tienen que ver con graves violaciones a los derechos humanos. La vigilancia constante por parte de los elementos policíacos de la ciudad de México, no es para nuestra seguridad, es para reunir evidencia de cada actividad como método se seguimiento, estas sirven para la preparación de un acto represivo sea masivo o selectivo.

Los formatos que la Dirección General de Derechos Humanos, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llena cada que acude al plantón y el compromiso de investigar cada acto de hostigamiento, amenaza o represión, son mero protocolo, hasta el momento estos actos no cesan, al contrario cada vez aumentan.

La responsabilidad en la integridad física y psicológica de los que integramos el plantón popular instalado frente a la SCJN recae en el ejecutivo federal y en la jefa de gobierno de la Ciudad de México, toda vez que no han resuelto el caso Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, toleran y permiten los actos de hostigamiento y agresión contra quienes ejercemos por la vía de los hechos nuestro derecho a la libertad de expresión, reunión, movilización y protesta popular.

Solicitamos a los organismos defensores de los derechos humanos estar atentos a cualquier otro acto de hostigamiento, agresión y represión que se pueda suscitar en nuestra contra.

Atentamente:
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo FNLS