La impunidad como política de Gobierno

Ciudad de México, a 21 de julio de 2022
A la opinión pública:

La impunidad se mantiene como política de gobierno ante el cometido de crímenes de lesa humanidad perpetuados en los diferentes sexenios de gobierno. A pesar de la lucha de familiares, colectivos, organizaciones populares independientes y comités de derechos humanos que aportan pruebas de la participación directa de las fuerzas armadas en el cometido de crímenes de Estado y de lesa humanidad, la política de gobierno protege y defiende a las corporaciones policíaco militares.

Desde los años 70 los diferentes gobiernos protegen a las fuerzas armadas para el cometido de un mayor número de crímenes de Estado contra las masas oprimidas; periodo en el que se comenzó a perfeccionar métodos represivos para acallar la voz de protesta y la exigencia de justicia de los familiares que conformaron los primeros comités para la defensa de los presos y desaparecidos políticos que hasta la fecha se mantienen en total impunidad.

Desde esos años los crímenes de Estado y de lesa humanidad son materializados por las fuerzas armadas; columna vertebral del Estado, entrenados para ejecutar los planes perversos contra el pueblo en lucha…cada crimen de lesa humanidad tiene como objetivo lacerar de por vida a la familia y al entorno de quien es víctima de una desaparición forzada, ejecución extrajudicial, persecución política, desplazamiento forzado; entre otros.

El juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de tan aberrantes crímenes sigue sin ser prioridad del actual gobierno; como de los gobiernos pasados, ya que investigar a los cuerpos represivos seria investigarse a sí mismo, por lo que la impunidad es política de gobierno que asegura la funcionalidad de un Estado represivo, antipopular y proimperialista.

En la historia reciente de nuestro país el fenómeno de la desaparición forzada, ejecución extrajudicial, desplazamientos forzados o persecución política siguen vigentes y los autores materiales e intelectuales siguen agazapados dentro de las estructuras de gobierno sin ser castigados. Altos funcionarios de instituciones gubernamentales y mandos militares se pasean por los pasillos de la impunidad.

En el país existe una larga lista de crímenes cometidos contra luchadores sociales, defensores de los derechos humanos, colectivos de familiares de desaparecidos, periodistas críticos, ambientalistas y pueblo en general que lucha por el respeto a sus derechos humanos.

Desde la desaparición forzada de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya cometida en año de 2007 en Oaxaca, denunciamos este caso como un crimen de Estado y de lesa humanidad que no prescribe; a pesar del tiempo transcurrido en su desaparición forzada, la herida sigue abierta para sus familiares.

Hace 15 años que realizamos diversas acciones políticas de masas para exigir su presentación con vida, tiempo en el que hemos recibido como respuesta la dilación por parte de los funcionarios, la revictimización hacia los familiares, el cometido de más crímenes de lesa humanidad en nuestra contra; tiempo que se traduce en 15 años de impunidad en el caso de la desaparición forzada de Gabriel y Edmundo.

Hoy este caso se encuentra en el más alto escaño de la justicia, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En la lógica gubernamental es la encargada de impartir justicia y de garantizar se cumpla la resolución judicial que desde el año 2014 se emitió, en la que se mandata a que se abra el campo militar número 1 y demás cuarteles militares del país para la búsqueda de los dos revolucionarios, resolución no ha sido acatada; como bien lo dijera el doctor Gilberto López y Rivas “al ejército no se le toca ni con el pétalo de una recomendación”.

En los hechos, la impunidad prevalece ante un caso tan emblemático que es la desaparición forzada de dos revolucionarios, ¿Por qué la administración actual que se hace llamar “4T” no imparte justicia para éste caso y los más de 100 mil detenidos desaparecidos que oficial son reconocidos, si en el discurso asegura terminar con la impunidad?, simple, su administración protege a los criminales de Estado y los enviste de facultades para continuar con la política represiva contra el pueblo.

En la presente administración la impunidad se traduce en perdón si y olvido no, en los hechos significa, perdonar a los cuerpos represivos que cometieron aberrantes crímenes de lesa humanidad contra luchadores sociales, activistas políticos, defensores de derechos humanos y pueblo en general, sin olvidar estos hechos; lo que asegura el manto de impunidad para las corporaciones policiaco militares.

La reconciliación no es una opción válida para los familiares y organizaciones populares que exigimos la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, solo los esfuerzos conscientes y combativos podrán hacer realidad la presentación con vida de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Edmundo Reyes Amaya, Fidencio Gómez Santíz, Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, Teódulo Torres Soriano, Francisco Paredes Ruiz, Ramón Ángeles Zalpa y los miles de detenidos desaparecidos del país. Es momento de redoblar esfuerzos para el acceso a la verdad y la justicia ante los crímenes de lesa humanidad.

FRATERNALMENTE
¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!
Por la unidad Obrero, campesino, indígena y popular
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS