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La SCJN tiene la posibilidad de abonar al proceso para conocer el paradero y presentación con vida de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya

Miércoles 22 de junio de 2022, por Ciudad de México

Ciudad de México a 22 de junio de 2022
A la opinión pública

El máximo escaño de justicia en el país se encuentra ante la posibilidad real de abonar al proceso de conocer la suerte y el paradero de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya; establecer la ruta jurídica y de derechos humanos ante un flagelo que lacera a miles de hogares mexicanos; y, crear los mecanismos efectivos del juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de tan abominable crimen.

La justicia para que sea efectiva en el caso de Gabriel y Edmundo, pasa inexorablemente por reconocer el cometido de la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad y una grave violación a los derechos humanos; la justicia va de la mano de la verdad, de tal manera que, conocer la condición y paradero actual de los revolucionarios significa establecer con certeza dónde se encuentran y en qué calidad.

A más de 15 años de cometido el crimen, el verdadero acceso a la justicia representa establecer con determinación los estándares de castigo para un crimen de lesa humanidad, una violación grave a los derechos humanos y pluriofensiva. La SCJN no debe dejar ambigüedades y vacíos jurídicos ante un crimen tan atroz que lacera a mas de 100 mil víctimas en el país.

El caso de los revolucionarios representa un paradigma en tanto que logra establecer una ruta jurídica, política y de derechos humanos ante el cometido de un crimen de tal magnitud, el fallo de la SCJN no puede permitirse la posibilidad de obrar en contra sentido de lo que significa el Derecho Internacional sobre derechos humanos, hacerlo significaría la revictimización de las víctimas de este atroz flagelo.

En las manos de los magistrados está el proceso de dar pauta a dar certeza de constitucionalidad y jurídica para las víctimas y sus seres queridos, hoy la trascendencia estriba no sólo en el caso de los revolucionarios, sino que en el fallo respecto a este caso, permite abonar al proceso de lucha de colectivos de familiares de víctimas, de defensores de derechos humanos, personalidades progresistas y organizaciones populares en la exigencia de presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos en el país.

La justicia no debe ser superficial, si ésta no contempla en tiempo y forma los mecanismos específicos para establecer el juicio y castigo a los autores materiales e intelectuales, representa un dejo de impunidad para quienes diseñaron una política de terrorismo de Estado y que, a la distancia, las víctimas directas e indirectas se cuantifican en cientos de miles.

Un verdadero acceso a la justicia precisa el establecimiento de garantías de que no vuelvan a suceder las desapariciones forzadas como política de gobierno, para ello, el fallo debe ser a favor de las víctimas y no dejar ningún resquicio jurídico que represente maniobras evasivas de quienes hoy figuran como los responsables de múltiples crímenes de Estado y de lesa humanidad.

La vida de un luchador social, activista político o revolucionario no se puede tasar en términos monetarios, la justicia no puede ser moneda de cambio. La justicia es conocer el paradero de los revolucionarios Gabriel y Edmundo, fijar los mecanismos de reparación integral del daño significa que la cadena de mando que se encargó de ejecutar este crimen de lesa humanidad debe ser presentado ante la justicia.

La creación de una Comisión Especial de Búsqueda para el caso de ambos revolucionarios es nodal para construir la ruta de la justicia, así como la comparecencia de funcionarios y mandos policíaco militares para establecer el grado de su participación en el cometido de este crimen.

La justicia no tiene nada que ver con el sentimiento de venganza ni el resentimiento social, el derecho si es imparcial pondera la gravedad del crimen y su naturaleza para determinar el juicio y castigo de quien o quienes resulten responsables de actos antijurídicos que además laceran a la humanidad.

La SCJN como máximo tribunal de justicia debe señalar los aspectos procesales para conocer la verdad, así como la existencia de garantías efectivas de justicia, no sólo para el caso de Gabriel y Edmundo, sino para más de 100 mil víctimas que contempla la estadística oficial, pero que la cifra real rebasa por mucho esta cifra.

Las vacilaciones jurídicas abren la pauta para escamotear la justicia, proceso que las víctimas y el movimiento popular atestiguamos por más de 15 años. Hoy la realidad de exacerbación de violencia en el país exige la ponderación del derecho para preservar el bien colectivo por encima de la impunidad que encubrió a los perpetradores durante las administraciones panista y priista.

La justicia que llega a retazos no abona a resarcir el daño causado al pueblo trabajador, por ello, las familias de víctimas y el conjunto del movimiento popular mantenemos la atención fija en la determinación de la SCJN, otorgamos el voto de confianza de que será a favor de las víctimas y especificará, en tiempo y forma, todos los elementos jurídico procesales para conocer el paradero de las víctimas y la verdad sobre el cometido de un crimen de esta naturaleza.

Fraternalmente
¡Por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos!
¡Por la libertad de los presos políticos!
Comité Nacional “Voces de Libertad y Justicia”
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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