CONFORMACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL VOCES DE LIBERTAD Y JUSTICIA

Ciudad de México, a 13 de abril de 2022
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POPULARES INDEPENDIENTES
A LA OPINIÓN PÚBLICA

Los ex presos y perseguidos políticos, familiares de víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial que participamos en el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), damos a conocer la conformación del Comité Nacional “Voces de libertad y justicia” como una necesidad política para mantener la denuncia de las graves violaciones a los derechos humanos que se cometen a lo largo y ancho del país.

Este 17 de abril los pueblos del mundo conmemoramos el Día internacional del preso político, como un día de lucha y de protesta para mantener viva la denuncia y existencia de presos políticos en México como parte de la represión contra el pueblo organizado y no organizado.

Los presos políticos son mujeres y hombres, luchadores sociales, activistas políticos, defensores de los derechos humanos, quienes por denunciar las condiciones inhumanas engendradas en el capitalismo y exigir el cumplimiento de los derechos que tiene el pueblo son recluidos en las mazmorras del Estado como una forma de castigar su convicción de lucha y su decisión de hacer válido el derecho a la protesta.

En nuestro país la violencia institucional se agudiza contra el pueblo que defiende y lucha por sus derechos, en los hechos es negado el derecho a la protesta, a organizarse fuera de los marcos corporativos del Estado, quien lo hace es criminalizado con la intención de coartar el derecho a la organización.

Las prácticas del terrorismo de Estado tienen continuidad en la presente administración, su expresión en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos políticos aumentan sin que a la fecha se enjuicie y castigue a los responsables materiales e intelectuales del cometido de crímenes de lesa humanidad, realizados en administraciones pasadas y en la presente, por lo que la impunidad es la continuidad de la política represiva.

El caso de los dos revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya es el ejemplo concreto de la política de desgaste, simulación e indolencia con la que se aplica la “justicia” en los casos de desaparición forzada en nuestro país, pese a que el caso está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no abona a que se conozca la verdad de los hechos y se dé con el paradero de los revolucionarios, porque esta institución se niega a retomar el caso y pronunciarse en torno a él, pese a la gravedad del crimen de lesa humanidad que se cometió en su persona, como producto de una política de gobierno.

Los motivos para la creación de un instrumento político de denuncia y defensa de los derechos humanos es la persistencia de crímenes de lesa humanidad contra el sujeto político organizado, la negación de los derechos humanos al pueblo, los ejemplos de esta situación que priva en el país están en la experiencia viva de los compañeros expresos políticos y de los familiares que por sexenios transitaron en las instancias jurídicas sin que hasta el momento haya justicia, verdad y reparación.

El estado de derecho mexicano se utiliza para someter al sujeto crítico, sobre éste el gobierno comete múltiples violaciones a los derechos humanos, ejemplos existen muchos, por mencionar algunos, luchadores sociales ejecutados o detenidos desaparecidos; trabajadores de la comunicación ejecutados de manera extrajudicial; activistas políticos perseguidos o encarcelados; cientos de miles de ciudadanos desplazados de sus lugares de origen por la violencia institucional; decenas de estudiantes encarcelados y posteriormente sometidos a procesos judiciales para condicionar su libertad.

Un signo distintivo de la violencia institucional es la utilización del derecho para judicializar la protesta popular, mediante carpetas de investigación fabrican delitos del fuero común para perseguir a hombres y mujeres que luchan por sus derechos y exigen el cumplimiento de éstos.

El actual estado de derecho mexicano castiga la decisión de lucha del pueblo organizado, en ese contexto de violencia y represión que vivimos los mexicanos, surge la necesidad de crear el Comité Nacional Voces de Libertad y Justicia, cuyo objetivo es la exigencia de libertad a los presos políticos, la defensa de los perseguidos políticos y la presentación con vida de los detenidos desaparecidos en el país.

El llamado para los familiares y las víctimas de estos crímenes de lesa humanidad es claro, continuar en la lucha por la exigencia de justicia, libertad y presentación de los detenidos desparecidos, a luchar contra la impunidad y sumar esfuerzos con otros familiares que los hermana el dolor de la ausencia de un ser querido por desaparición forzada o ejecución extrajudicial.

La libertad de los presos políticos, el cese a la persecución política y la presentación con vida de los detenidos desaparecidos son demandas políticas que aún no se concretan, por lo que la exigencia de justicia, verdad, libertad, presentación y el derecho a la protesta se convierten en motivo de lucha y organización, de ahí que la unidad de esfuerzos a nivel nacional es una necesidad para marchar de manera unida y organizada todas las víctimas que emergen de la política de gobierno que privilegia los intereses empresariales.

La legalidad institucional pretende ocultar el cometido de éstos al señalar como autor principal al crimen organizado, lo que deja en la impunidad e inmunidad a los responsables materiales e intelectuales de tales crímenes. Misma tesis que acuñaron gobiernos abiertamente represivos como Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Que nuestras voces de protesta se desplieguen de manera coordinada en el plano nacional, hasta que los presos políticos sean puestos en libertad, se conozca el paradero de las víctimas de desaparición forzada, en específico la de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Edmundo Reyes Amaya y la de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz, se eliminen las carpetas de investigación incriminatorias que mantienen a nuestros compañeros como perseguidos políticos, se deje de hostigar e intimidar a las comunidades que pertenecen al FNLS, así como enjuiciar y castigar a los responsables de los crímenes de Estado.
Fraternalmente

¡Porque ser luchador social no es sinónimo de delincuente!
Comité Nacional Voces de Libertad y Justicia

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha Socialismo
FNLS