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Tinta socialista No 140. Ayotzinapa, ¡fue el Estado!

Viernes 8 de abril de 2022, por Ciudad de México

Ciudad de México, 8 de abril de 2022
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El III informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) confirma que la desaparición forzada de los 43 normalistas rurales, la ejecución extrajudicial de tres normalistas y tres ciudadanos, el desollamiento en vida del normalista Julio César Mondragón, la tortura, tratos crueles e inhumanos contra decenas de normalistas, fue planeada y ejecutada por todo el aparato represivo del Estado mexicano.

A casi ocho años de la desaparición forzada de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el derecho a la verdad, justicia y las garantías de no repetición siguen en discurso demagógico; hoy con el III informe del GIEI se confirma de manera rotunda la participación del Ejército mexicano, la marina, la Policía Federal, el CISEN, la Policía municipal y funcionarios de todos los niveles de gobierno en el cometido de múltiples crímenes de Estado en Iguala, Guerrero.

La responsabilidad del Ejército y los demás cuerpos policíaco militares en la desaparición forzada de los normalistas no es un descubrimiento novedoso, desnuda lo que por muchos años hemos denunciado como un crimen de Estado y de lesa humanidad acaecido en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

La coordinación de diferentes instituciones gubernamentales en el cometido de este crimen de lesa humanidad confirma la manera en que operan las estructuras del Estado para reprimir al pueblo y cometer graves violaciones a los derechos humanos, al tener como política de gobierno el terrorismo de Estado.

El reciente informe del GIEI documenta de manera incuestionable el actuar de todo el aparato represivo del Estado mexicano contra el pueblo organizado y no organizado; en el cometido crímenes de Estado, bajo una política contrainsurgente, desde los más altos niveles de gobierno se planearon y ejecutaron en el gobierno de Enrique Peña Nieto crímenes de lesa humanidad.

Está claro que desde el Estado hay una política contrainsurgente contra el pueblo organizado, la infiltración contra los normalistas rurales confirma el proceder de los cuerpos represivos, con un solo propósito, evitar que los inconformes se organicen de manera independiente.

Reprimir Ayotzinapa de esa magnitud tuvo un propósito, infundir el terror en el conjunto del movimiento popular que denunciaba la existencia del terrorismo de Estado como política de gobierno. En específico, pretendió desarticular y desmovilizar a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM).

El gobierno de Enrique Peña Nieto responsabilizó al denominado “narcotráfico” en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, versión que mantuvo durante todo su gobierno para evadir su responsabilidad en el cometido de este crimen, para evitar enjuiciar a los criminales de Estado y que los familiares de las víctimas desistieran de luchar por la presentación con vida de sus seres queridos con la frase, “ya supérenlo”.

La actual administración en el fondo sostiene aún la misma tesis que da vida a la “verdad histórica” construida en el gobierno de Peña Nieto, al insistir que el autor material es el tan mencionado “crimen organizado y el narcotráfico”.

A pesar de la voluntad que se muestra para resolver el caso, lo cierto es que los responsables materiales de los crímenes de lesa humanidad y de la construcción de la “verdad histórica”, hoy unos permanecen activos en las estructuras gubernamentales, otros están en completa impunidad en el sector privado y, unos más gozan de “retiro” con cómodas mensualidades de su pensión, ¿de qué sirve la verdad sin justicia?

El ejército es un instrumento del Estado, a través de él se aplica la política represiva contra el movimiento popular independiente, esa es la razón por la que el jefe de las fuerzas armadas hace alusión a este cuerpo represivo como “pueblo uniformado” y sale en su defensa cada vez que se cuestiona la función del ejército en las calles.
La negativa de enjuiciar y castigar al Ejército y la Marina, entre otros cuerpos policíacos como responsables de graves violaciones a los derechos humanos, habla del respaldo político que el gobierno federal hace a esta institución como la encargada de organizar y dirigir la represión contra el pueblo.

Por más que los titulares de las fuerzas armadas nieguen su participación directa en las desapariciones forzadas y protejan a funcionarios públicos de los diferentes niveles de gobierno inmiscuidos en éste y otros casos de desaparición forzada, las evidencias desnudan la falsedad de sus declaraciones, ¿Qué institución castrense ha reconocido ante la opinión pública su responsabilidad en los crímenes de Estado? Indudablemente ninguna; al ser parte del andamiaje represivo se alinean a la política del gobierno mexicano.

Una desaparición forzada, ejecución extrajudicial o asesinato político que se comete contra quien lucha y protesta por las injusticias que se cometen en el país o por exigir el cumplimiento de los derechos del pueblo es en los hechos la anulación del derecho a la organización y protesta popular.

Si el actual gobierno tiene la voluntad de esclarecer la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que inicie por presentar ante la justicia a todos aquellos que participaron en este caso de desaparición forzada sin importar que se cometió en el sexenio pasado.

Los familiares de los 43 normalistas detenidos desaparecidos deben mantener en lo alto la exigencia de juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de este deleznable crimen, demanda con la cual nos solidarizamos y compartimos, porque los detenidos desaparecidos son del pueblo y el deber de todo luchador social es exigir su presentación con vida.

Atentamente
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS


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