Criminalización de la protesta popular y represión en la política del gobierno chiapaneco

Chiapas, México. 25 de julio de 2021

A los medios de comunicación

A la redacción del periódico El Economista

A Héctor Molina periodista de El Economista

A la opinión pública

Criminalización de la protesta popular y represión en la política del gobierno chiapaneco

El día 12 de julio del presente año circuló una nota en el periódico El Economista con el título de “Asedian a pobladores una decena de grupos armados”, en cuyo contenido se relata parte de lo que sucede en Chiapas. Necesario es aclarar lo que ahí se plasma debido a que se hace mención del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) de un modo tendencioso.

El periodista de El Economista autor de la nota mencionada refiere que los datos que presenta es a partir de “información proporcionada por el gobierno chiapaneco vía transparencia” no dudamos que así sea, sin embargo, se debe tener en cuenta el carácter represor de la administración chiapaneca para entender su discurso el cual está en función de criminalizar la protesta popular.

Según la información vertida en dicha nota hay una lista de “grupos armados” en la entidad que el gobierno de Chiapas ha elaborado, entre ellos se encuentra “el grupo cañero de pujiltic”, en Ocosingo señala “se tiene registro de la presencia del grupo armado denominado como Comunidad Río Florido (OCEZ-FNLS)”. Esa información que proviene del gobierno chiapaneco tiene un claro objetivo contrainsurgente.

Denominar “grupo armado” a una organización popular e independiente como lo es el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) es con la intención de justificar la represión selectiva, las incursiones militares en nuestras comunidades y el cometido de crímenes de lesa humanidad para intentar acallar nuestra lucha.

Hay que destacar que nada ingenuo Escandón Cadenas trata de generar confusión en el pueblo, pues pone al FNLS al nivel que el “grupo Cañero Pujiltic”, para crear la idea de que todos son como este último, la realidad es que la autodefensa cañera fue creado por el Empresario Jesús Alejo Orantes en la región de los Llanos, esto claro con complicidad del gobierno estatal, su objetivo es proteger e imponer a sangre y fuego los intereses de dicho burgués.

El FNLS es una organización popular de carácter independiente que ejerce el derecho constitucional a la organización y manifestación para sumar esfuerzos con el pueblo que lucha por su emancipación de las cadenas de explotación y opresión capitalista, es una organización de masas que lucha por justicia, presentación con vida de los detenidos desaparecidos, libertad a los presos políticos y juicio y castigo a los criminales de Estado, por tanto, no somos lo mismo, con ello recalcamos que el FNLS no es un “grupo armado” esa denominación es la evidencia de que Escandón Cadenas busca a toda costa intentar desarticular nuestra organización.

Es una vieja práctica de gobiernos autoritarios utilizar la mentira y la calumnia para criminalizar y estigmatizar la organización y protesta popular, con ello busca crear un escenario ideal para el cometido de violaciones a los derechos humanos, el ejemplo es el gobierno de Chiapas, quien de manera dolosa señala de “delincuentes” a los presos políticos, “vándalos” a quienes protestan para exigir solución a sus demandas, y en esa lógica llama “grupo armado” a organizaciones populares, cada categoría institucional expresa la intención gubernamental de reprimir al pueblo organizado.

La experiencia la tenemos con el caso de nuestro compañero preso político Javier González Díaz quien fue señalado por el gobierno estatal como un “delincuente” “roba motos”, delito que fue pre fabricado con el objetivo de justificar la detención y encarcelamiento de nuestro compañero.

Con esa retórica criminalizada el gobierno estatal se ha amparado para cometer diversas graves violaciones a los derechos humanos como detenciones arbitrarias, tortura, asesinatos, desplazamiento forzado y despojo de tierras. No dudamos que con llamarnos “grupo armado” trate de planear incursiones militares en nuestras comunidades, detenciones de más compañeros o cometer crímenes de Estado.

No es casualidad que en esa lista gubernamental de “grupos armados” no aparezcan los grupos paramilitares como la Alianza San Bartolomé de los Llanos y Los petules los cuales sí que están pertrechados y sí que asedian a comunidades organizadas e incluso cometen crímenes contra luchadores sociales.

Mientras el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas trata de ocultar y proteger a los paramilitares, hace su lista para señalar a organizaciones populares y convertirlas en blanco de la represión, esto expresa su carácter represivo y antipopular.

La información oficial es criminalizadora, por ello si se vierte sin mayor explicación o profundidad en los periódicos se corre el riesgo de que se abone a los propósitos represivos del gobierno, en este contexto es que hacemos las precisiones a la información vertida por El Economista, para evitar más crímenes contra las comunidades organizadas.

Aprovechamos estas líneas para saludar a aquellos periodistas que de manera imparcial, objetiva pero que sobre todo toman en cuenta la palabra de las víctimas de la violencia para ejercer derecho a informar al pueblo.

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo