¿Cómo entiende la Secretaría de Gobernación el derecho a la protesta?

Ciudad de México a 20 de octubre de 2020

A la opinión pública

Si observamos la práctica política de los funcionarios públicos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) respecto al derecho a la protesta, veremos una actitud peculiar en ellos, minimizan un derecho humano y político, es ambivalente por su retórica, es notable la atención diferenciada entre unos y otros esfuerzos organizados del pueblo, un fenómeno sintetizado en la frase: te veo y escucho, más no resuelvo.

La reestructuración del personal de diferentes instituciones públicas del gobierno federal, mantuvo de fondo, lo expresado en la retórica de lo que hoy es la política de la federación, respeto a los derechos humanos, no represión, gobernar para los más pobres, permitir la libertad de expresión, sin embargo, en los hechos hoy, deja mucho que desear.

Basta el ejemplo del plantón iniciado por el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) el pasado 12 de octubre, desde entonces, desencadenó una serie de acontecimientos los cuales, lamentablemente, evidencian severas contradicciones entre el discurso y la práctica de determinados funcionarios públicos.

En aquella fecha los subalternos de la SEGOB se presentaron en las instalaciones de nuestro plantón, para decirnos acudiéramos a sus oficinas para exponer el objetivo de nuestra actividad política, asimismo, avanzáramos en el tema de los presos políticos, sin embargo, lo destacable de los hechos reside en su respuesta obligada por la presencia de la organización frente a su casa.

Esa disposición por atender al FNLS es aparente, porque en fechas pasadas como informamos a la opinión pública, no respondieron a un mandamiento constitucional por escrito a nuestro derecho de petición, esto constituye de fondo en abuso de autoridad, porque los subalternos insistieron en avanzar, pero únicamente de forma verbal, más no por escrito, por esto sustentamos falta de seriedad, creatividad y voluntad política.

Lo anterior incluso, deriva en contradicción, porque de esa manera violan su política de respetar derechos constitucionales y humanos, por esto, gobernar para los más pobres en la vía de los hechos significa omisión y retórica vacía, porque no existen hechos concretos traducidos en rutas específicas de solución a nuestras demandas.
Un gobierno diferente no comete abuso de autoridad, mucho menos es omiso a las demandas del pueblo, es creativo en la solución de las problemáticas, empero, nuestra experiencia indica cómo en esta administración emerge una y otra vez la demagogia en el mar del discurso de los funcionarios públicos.

Lo anterior está vinculado al contenido político y de derechos humanos de nuestras demandas, más que, como expresara el año pasado el Fiscal General de Chiapas, “no cederán a chantajes de grupos violentos”, porque lo ocurrido con los compañeros de Chiapas y Michoacán, quienes están presos de manera injusta evidencia la razón de su omisión para abordar no sólo el tema de libertad a los presos políticos, sino al concerniente a desapariciones forzadas, ambos albergan motivaciones eminentemente políticas.

Como se observa, un fenómeno con otro está vinculado por múltiples razones; por eso insistimos, el caso de nuestro compañero Javier es revelador, lo ocurrido contra él desencadenó una ofensiva represiva, de hostigamiento y omisión del gobierno chiapaneco contra el FNLS, en su afán de doblegar nuestros gritos de justicia, porque desaparecer, torturar, poner en riesgo la vida de nuestro compañero corresponde a crímenes de lesa humanidad.

Los crímenes de lesa humanidad son crímenes de Estado, tan simple como eso, porque implica la participación de los entes públicos de diferentes instituciones gubernamentales, es decir, está en juego la cadena de mando implicada en esos crímenes, por tanto, atentan contra la credibilidad, la supuesta legitimidad del poder político del régimen.

Los actos de protesta, o desde nuestra perspectiva político metodológica, realizar acciones políticas de masas para denunciar actos de injusticia y demandar justicia es estigmatizada, criminalizada, judicializada por los políticos de oficio, intentan orillarnos al cansancio, con la finalidad de detener la exigencia de nuestras demandas u ofrecer paliativos por éstos.

El derecho a la protesta desde lógica oficial implica cubrir los protocolos y mandatos constitucionales, manifestarse “pacíficamente”, no marchar, pero, ¿qué le queda al pueblo, a los familiares de las víctimas cuando lo anterior redunda en dilación y omisión? Más qué ejercer la libre manifestación de ideas por las vías definidas a través de la creatividad popular de quienes vivimos en carne propia las violaciones graves a los derechos humanos.

No desistiremos de exigir libertad a los presos políticos. A pesar de la actitud imprudente de los subalternos de la SEGOG al minimizar nuestro plantón con la expresión “no porque esté aquí se les atenderá de inmediato, porque depende de la agenda de la secretaria de gobernación”, revela los conceptos de libertad de expresión de aquellos funcionarios y sus formas perversas de tratar al pueblo a quien dicen gobernar, porque si nosotros actuamos en apego a los mandatos constitucionales éstos la evaden una y otra vez.

No existe documentos por escrito para ratificar voluntad política y profesionalismo en la atención a nuestras peticiones, por tanto, las acciones políticas de masas son legítimas, su contenido será cada acto de injusticia que atente contra nuestro derecho a la protesta, porque el gobierno federal y sus subalternos no dan visos de atender nuestras demandas.

hechos que por ningún motivo la organización debe esperar en la pasividad, en los buenos deseos, sino en la exigencia activa a través de acciones políticas de masas.

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS