Declaración política. Las organizaciones asistentes al “Encuentro nacional de organizaciones contra la represión y por la libertad de los presos políticos” manifestamos lo siguiente

Tuxtla Gutiérrez a 10 de agosto de 2020

A las víctimas y familiares de presos políticos en el país
A las organizaciones de derechos humanos
Al conjunto del movimiento popular
Al pueblo no organizado
Al pueblo en general

Declaración política

La represión y la violencia institucional continúa como política de gobierno aún en la actual administración gubernamental, expresada está en la existencia de presos políticos, persecución política, desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas, masacres y hostigamiento policíaco militar, que se mantienen como violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que se cometen de manera sistemática y planeada contra el conjunto del movimiento popular.

Escenario político innegable del cual somos testigos y víctimas. Javier González Díaz, Armando Hernández Sánchez, Venturino Torres Escobar, Asunción Gómez Sánchez, Leobardo Reyes Meza, Juan Díaz Montejo, Rosa del Carmen Hernández López son compañeros presos políticos, los dos primeros fueron víctimas de tortura por luchar por mejores condiciones de vida, son la prueba inequívoca de una política que castiga a quien se organiza y lucha de forma independiente por sus derechos y libertades políticas.

En este contexto, las organizaciones asistentes al “Encuentro nacional de organizaciones contra la represión y por la libertad de los presos políticos” manifestamos:

El discurso del gobierno federal del respeto a los derechos del pueblo contrasta diametralmente con lo que vivimos las masas trabajadoras y organizadas en esfuerzos independientes. Gobiernos estatales como el que representa Silvano Aureoles Conejo del PRD en Michoacán, el de Rutilio Escandón Cadenas de MORENA en Chiapas, son la prueba innegable de que los actos represivos guían su política gubernamental, donde el mandatario federal adquiere responsabilidad como titular del escaño máximo del poder político en el país.

La prisión por motivos políticos, la persecución de luchadores sociales para castigar sus convicciones ideológicas, la continuidad de violaciones a los derechos humanos y la existencia de la violencia institucional, son el indicativo de que la esencia represiva del régimen se mantiene incólume.

El objetivo de la política represiva es inhibir la organización y protesta popular para mantener la explotación y opresión capitalista en nuestro país, lo que comprueba que el actual gobierno no cumplió con sus promesas políticas hacia el pueblo. A pesar de la insistencia de no ordenar los actos que vulneran los derechos y libertades políticas, el hecho concreto es que estos son flagelos que laceran al pueblo, lo que obliga a responder ¿quién ordena tales actos?

La demagogia es práctica común con la que se rigen los políticos de oficio, podemos observar cómo desde la retórica oficial se busca negar, maquillar y ocultar la violencia institucional que se esparce en todo el territorio nacional. No se puede ocultar el carácter represivo de diferentes gobiernos estatales que lacera a millones de personas.

El Estado a través de su institución encargada de impartir “justicia”, se dedica a criminalizar y judicializar la pobreza y protesta popular, a proteger a criminales de Estado, otorgar impunidad y simular actos de justicia, como es la detención de funcionarios menores como responsables de crímenes de lesa humanidad cuando en realidad son los altos mandos de las fuerzas castrenses, funcionarios de alto nivel e incluso los representantes de los tres poderes de gobierno los que ordenan este tipo de crímenes.

A la lista de víctimas de la violencia institucional de sexenios pasados se suma las del actual, que evidencia la continuidad de la represión con cambios de matiz, por otro lado, también expresa la necesidad por parte del pueblo a dar un nuevo impulso a la lucha contra las injusticias, la represión y por el castigo a los culpables de los crímenes de Estado.

La lucha por las demandas de justicia, presentación con vida de los detenidos desaparecidos y libertad de los presos políticos es vigente, mientras el gobierno federal no demuestre voluntad política para atender y resolver cada uno de los casos habrá motivo para la movilización y la protesta. Organizarnos y manifestarnos no es un crimen o un delito, es un derecho que debe romper con el estigma que impone la criminalización de la protesta.

Cada víctima de la represión es un hermano de clase, un integrante de las masas trabajadoras sin importar su sector social o el eslabón productivo que desempeñe, por lo que corresponde a todos responder y expresar la solidaridad, principio proletario que abona a la unidad política, no debe importar de qué estado u organización sea la víctima, la exigencia de justicia es para todos.

El gobierno federal tiene en sus manos la responsabilidad de resolver cada uno de los casos, responder en apego al derecho a petición y establecer mesas de trabajo. La solución a las demandas del pueblo no estriba en paliativos que pretenden hacer más llevadera la miseria y pobreza entre los trabajadores del campo y la ciudad.

Los testimonios de familiares de las víctimas de la violencia institucional revelan que la justicia en la presente coyuntura, con el matiz de la pandemia, constituye en pretexto político para escamotear el derecho a la justicia, prolongar la reclusión injusta de los presos políticos y extender el efecto de la violación a los derechos humanos por el mayor tiempo posible.

Las carpetas de investigación con las cuales son liberadas las órdenes de aprehensión en diferentes estados de la república, indican que el Estado mexicano pretenden judicializar la lucha política de las masas, es la visión maniquea que atiende a lo jurídico y lo antijurídico, con lo cual existe el propósito de eliminar el contenido político de la protesta.

Consideramos que las carpetas de investigación contra los presos y perseguidos políticos revela que el actual estado de derecho es para legitimar el orden de cosas burgués y castigar la voluntad de luchar de los luchadores sociales y defensores de los derechos humanos.

La realidad de represión que caracteriza al país y al mismo tiempo desemboca en la injusta reclusión de luchadores sociales, evidencia que los hombres del régimen configuran un ambiente político donde la persecución política es una realidad, por esto, el llamado es puntual, las masas explotadas y oprimidas tenemos ante nosotros la necesidad de organizarnos para luchar en mejores condiciones en la presenta etapa de lucha.

Exigimos:

• Libertad inmediata e incondicional de los presos políticos
• Presentación con vida de los detenidos desaparecidos
• Alto a la represión contra el pueblo y sus organizaciones
• Cancelación de todas las órdenes de aprehensión contra luchadores sociales

Llamamos a todas las expresiones del pueblo organizado a desarrollar los pasos concretos para impulsar la coordinación y la unidad que coadyuve a enfrentar de manera conjunta la represión gubernamental. La premisa es si los actos represivos se mantienen, las masas trabajadoras tenemos el derecho a ejercer la movilización y protesta popular.

Atentamente
¡Libertad a los presos políticos del país!
¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos!
Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, Comité de familiares de detenidos desaparecidos “Hasta encontrarlos”, Comité de familiares de presos políticos “Voces de libertad”, Comité Cerezo México, Asamblea Estatal Democrática sección 40 de la CNTE, Nivel de Educación Indígena sección 7 de la CNTE, Comité Central de Lucha Histórico de la sección 7 de la CNTE, Frente Democrático Revolucionario de Obreros y Campesinos, Organización de Lucha por la Emancipación Popular, Organización Popular del Estado de Chiapas.