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El FNLS condena enérgicamente el asesinato de los profesores Guadalupe Cruz Vásquez y Héctor Hernández Pérez

Viernes 22 de febrero de 2019, por Ciudad de México

Ciudad de México a 23 de febrero de 2019

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS
AL PUEBLO DE MÉXICO

El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) protesta enérgicamente por el asesinato de los profesores Guadalupe Cruz Vásquez y Héctor Hernández Pérez, integrantes de la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE-SNTE) del estado de Oaxaca. Es un crimen más que se inscribe en la espiral de violencia que no cede y que cobra cada vez más víctimas del pueblo. Nos sumamos a la exigencia de una investigación pronta y expedita, así como el juicio y castigo a los responsables.

Estos crímenes suceden en un contexto del intento gubernamental de imponer los intereses de un minúsculo grupo de empresarios que pugnan por mantener a como dé lugar la reforma educativa neoliberal, situación que demuestra la poca o nula preocupación de los gobiernos federal y estatal por generar condiciones para el respeto a la vida y seguridad del pueblo trabajador.

Los hechos son preocupantes porque acontecen en un momento en que el magisterio oaxaqueño está en vísperas de realizar una jornada de lucha nacional, de su traslado masivo a la Ciudad de México para protestar ante la Cámara de Diputados los días 25, 26 y 27, como parte de actividades que realizará la CNTE toda vez que la propuesta de abrogación de la reforma educativa que propone Andrés Manuel López Obrador no cumple las expectativas del magisterio democrático en lucha.

Los crímenes contra luchadores sociales, activistas y periodistas no son un hecho fortuito o casual, obedecen a los momentos aciagos en que se viven hechos enmarcados en el terrorismo de Estado, como lo demuestra la cantidad de asesinatos cometidos en el corto período que lleva el nuevo gobierno.

La violencia en México tiene el carácter de la clase que detenta el poder político y económico, no es fortuito que a las víctimas las distinga su activismo por la defensa de la tierra, por el derecho al trabajo y por una educación verdaderamente gratuita y de calidad. Crímenes de esta naturaleza señalan la pretensión de cercenar la creatividad humana y la voluntad de lucha del pueblo trabajador.

Exigimos al representante de Ejecutivo Federal explique si esta es la manifestación de la imposición de los designios de empresarios independientemente de sus “gritos y sombrerazos”, si esta es el trato que se va a dar quienes en su momento se les tildó de “radicales de izquierda”. Insistimos, el enemigo no está en la filas de movimiento popular, no es intransigencia la que nos distingue, razones para lucha surgen en la medida que no son resueltas las necesidades más elementales.

¿Dónde quedó la promesa de que no habría más represión? ¿En qué se condensa la política del gobierno para todos? Hasta el momento las víctimas de la violencia están distinguidas por sus convicciones de protesta, son hijos del pueblo quienes caen ejecutados por las balas asesinas. ¿Es posible en estas condiciones exigir dar vuelta a la hoja a las familias de las víctimas directas?

Existe el objetivo de ampliar los efectos de la violencia hacia otros sectores del pueblo, el modus operandi señalan elementos criminales propios del paramilitarismo. Cometer un crimen frente a niños significa el deseo de lacerar su ser psíquico y mutilar sus reflejos ante prácticas fascistas, lo que implica actos de perversidad que únicamente tienen cabida en la política contrainsurgente.

Si del gobierno existe la promesa de no reprimir, ¿Quiénes son los que cometen tan abominables crímenes? No se trata de dar una respuesta apresurada e identificar a las víctimas cuasi mecánica con determinado grupo “delictivo”, exigimos seriedad en la investigación, porque si no es orden de Estado entonces estos actos son tolerados por éste.

El subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación reconoce la existencia de grupos paramilitares, sin embargo, erra en su tipificación porque pretende encuadrar en esta denominación a esfuerzos populares que se objetivaron en policías comunitarias con un amplio arraigo popular. Falta a la verdad su señalamiento de que éstas prestan sus servicios al “crimen organizado” que es a todas luces una forma de criminalización.

Exigimos al gobierno federal y al estatal representado por Alejandro Murat el esclarecimiento de tan execrable crimen, la investigación puntual para dar con el paradero de los victimarios y el castigo conveniente de acuerdo a la naturaleza del crimen.

Responsabilizamos a las instancias de gobierno de la integridad física y psicológica de los integrantes de la CNTE, en los hechos debemos hacer válida la consigna que si reprimen a unos, respondemos todos. Juicio y castigo a los criminales de Estado.

Alto a los asesinatos de luchadores sociales, las consultas no deben realizarse a modo solo para responder positivamente a los deseos empresariales que defiende aun a costo de vidas humanas el gobierno en turno, el cese a estos crímenes es la primera condición, suspender los proyectos que afecten los derechos de los pueblos y comunidades indígenas es una exigencia de justicia, de principios éticos y morales imprescindibles en todo acto político.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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