La desaparición forzada en nuestro país es una realidad.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 21 de abril de 2025

A la opinión pública

REALIDAD Y ANÁLISIS DEL FNLS : LA ADMINISTRACIÓN CHIAPANECA SE SUMA A LAS MEDIDAS PROFASCISTAS

El gobierno de Chiapas ha fijado una posición en torno al tema y fenómeno de la desaparición forzada, que se basa en la subordinación a la política emanada de la administración federal, sobre la base del uso mediático del dolor de las víctimas de la violencia institucional.

El 9 de abril de 2025 se llevó a cabo la Primera Reunión de Instituciones y Autoridades Vinculadas a la Búsqueda de Personas de la Región Sureste, denominada así por las propias instituciones gubernamentales que fueron partícipes.

En dicha reunión realizada en Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, no pudo faltar la presencia del gobernador de la entidad Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, un evento que cobra importancia por el tema que aborda y por el carácter coyuntural que adquiere a nivel nacional.

Su importancia radica en la magnitud que ha adquirido el fenómeno de la desaparición forzada, en un escenario nacional donde el partido político que hoy gobierna desde el ámbito federal pretende desconocer dicho fenómeno, por ende, el de la violencia institucional que se ejecuta contra el pueblo de México.

La reunión refleja la política que se sigue desde la federación y se aplica en las entidades federativas y regiones del país, donde sobresalen las medidas profascistas y la negativa aceptar las desapariciones forzadas como un fenómeno actual y en curso, donde se continúan practicando tanto las desapariciones forzadas como las ejecuciones extrajudiciales y, en el que es responsable el Estado a través de sus diferentes instituciones y agentes.

Si admiten la necesidad de la búsqueda de los desaparecidos, las administraciones que inician su mandato, el federal y el estatal de Chiapas, dado el carácter agudo del fenómeno debe hacerse desde la presunción de vida y no sobre la base de encontrar cadáveres, dar por muertos a los desaparecidos es perverso y criminal, representa una salida conveniente para el Estado que busca sólo justificar los cuerpos y las ejecuciones extrajudiciales sin que ello implique la aplicación de medidas judiciales a sus perpetradores, es decir, no se garantiza la no repetición del fenómeno.

Sin embargo, seguir por la senda de la Reforma a la Ley General de Población y las reformas a la Ley en Materia de Desaparición Forzada que planteo la administración de Sheinbaum es tomar el camino de una política profascista, porque en su contenido se persigue tener un mayor control de la sociedad mexicana y anular la esencia de la definición de la desaparición forzada, se busca dar continuidad a la política obradorista de desaparecer a los desaparecidos en vez de atender y resolver sus causas.

Con ello no se atiende ni se combate el fenómeno de la desaparición forzada, se busca negar el fenómeno y sustituirlo por el fenómeno del secuestro, a eso se refiere que se quiere equiparar la desaparición forzada al secuestro, lo que representa en términos políticos una regresión en la lucha por la defensa de los derechos humanos y desterrar la práctica de los crímenes de lesa humanidad, que deslinda al Estado de la responsabilidad del fenómeno de la desaparición forzada.

La reunión interinstitucional representa la ejecución de la política federal en torno al tema de la desaparición forzada que se basa en medidas profascistas, como una variante de la política obradorista de desaparecer a los desaparecidos, en el sexenio anterior se buscó borrar la existencia de los desaparecidos con el manejo a modo de las estadísticas, en este sexenio el objetivo es aun más perverso, porque niega la existencia de desaparecidos con la definición de secuestros.

Plantear este tipo de iniciativas legislativas no es sinónimo de sensibilidad o empatía, ya que su carácter es profascista, es sinónimo de continuidad de la política de impunidad ; Sheinbaum y su administración comienzan a destacar como un gobierno insensible ante el dolor de las víctimas de la violencia de Estado, en especial con respecto a los crímenes de lesa humanidad.

Agradecer el papel de las Fuerzas Armadas en torno a la denominada política de “pacificación” en Chiapas, es la manifestación concreta de la política de impunidad, ya que el conjunto de estas corporaciones se han distinguido por ser los ejecutores de los crímenes de lesa humanidad, donde buena parte del conjunto de las denuncias apuntan a la participación de las corporaciones policíacas, el Ejército mexicano y la Marina ; si se pretende estar fuera de la lógica de la política demagógica la investigación debe realizarse a estas corporaciones y no sólo en la búsqueda de fosas clandestinas o los cuerpos de las víctimas.

La denuncia anónima no representa un recurso jurídico o institucional fiable, es más un mecanismo policíaco extraoficial que se funda en la política de contrainsurgencia implementada por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, que se caracterizó por el uso de testigos protegidos que fungían como delatores e inquisidores para desatar la represión o actos violentos contra el pueblo organizado y no organizado.

Suponer que este mecanismo policíaco puede servir como herramienta para disminuir los niveles de violencia, y llegar a “la paz”, es una quimera y un acto demagógico que solo busca abonar a la política de fortalecimiento del Estado policíaco militar y justificar las prácticas del terrorismo de Estado que se cometen en todo el territorio nacional.

El anuncio de nuevas coordinaciones interinstitucionales y “nuevos mecanismos” y protocolos de búsqueda, contrasta con el comportamiento institucional actual de las que están involucradas con el tema de la desaparición forzada, contrasta con el proceder de la administración federal y principalmente de la Fiscalía General de la República, que se han caracterizado por ejercer una política dilatoria, burocrática y de férrea defensa del Ejército mexicano, a pesar de las evidencias que apuntan hacia dicha institución castrense.

La política federal en torno al fenómeno de la desaparición forzada de personas en México es profascista, que se aleja y se opone a los tratados internacionales en materia de derechos humanos firmado y ratificado por el Estado mexicano, la alternativa institucional del gobierno de Claudia Sheinbaum se centra en fortalecer el actuar de los cuerpos represivos en aras de generar condiciones para un mayor control social.

La administración a cargo de Oscar Eduardo Ramírez Aguilar se ha supeditado a esta política de manera complaciente al gobierno federal, en ese acto ha delineado una política que augura mayores niveles de violencia contra el pueblo, el aumento de crímenes de lesa humanidad, por el hecho de que a mayor despliegue de las corporaciones policíacas o militares los índices de violencia tienen una tasa ascendente.

El gobierno de Ramírez Aguilar no le faltan casos de desaparición forzada, el FNLS ha hecho todo lo posible por documentar uno de los casos de nuestro compañero, el de Fidencio Gómez Sántiz, desaparecido de manera forzada el 05 de marzo de 2016, sin embargo, hasta el momento no se ha desmarcado de la respuesta de la fiscalía municipal acerca de que el expediente se ha extraviado.

A ellos se suman los cientos de casos que ya se denunciaron públicamente en la mayoría de los municipios, y el conjunto de colectivos que luchan por sus desaparecidos o ejecutados de manera extrajudicial.

¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular !
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS