REALIDAD Y ANÁLISIS DEL FNLS: elecciones bajo las fuerzas policíacas y militares

REALIDAD Y ANÁLISIS DEL FNLS
ELECCIONES BAJO LAS FUERZAS POLICÍACAS Y MILITARES

En el transcurso del día 23 de febrero de 2025 distintos medios de comunicación del alcance regional y estatal dieron a conocer partes del proceso electoral que hoy vive el municipio de Oxchuc, y no es para menos, ya que ha sido un municipio en el que la inestabilidad y la violencia ha sido su signo distintivo.

En efecto, en esta ocasión los incidentes no estuvieron marcados por esa violencia e inestabilidad, sino por medidas institucionales que cada vez más se acercan a medidas antipopulares.

La población de Oxchuc ha sido sometida desde hace décadas a un proceso de división interna, a la confrontación entre hermanos de clase, a la lucha fratricida, donde las instituciones de gobierno, distintos personajes políticos y funcionarios hacían de la política burguesa un medio para conseguir cotos de poder a costa de la degradación humana y la violencia contra el pueblo.

No es una novedad que en este municipio también se desarrollaran en otros tiempos grupos paramilitares, que se dedicaban a combatir a fuerzas insurgentes, una política que caracterizó a los gobiernos priistas para aplastar con violencia la inconformidad y la organización popular.

La política indigenista de los gobiernos priistas, perredistas, y ahora morenistas nunca se desligó de los preceptos y doctrina contrainsurgente, y ha fungido como medio o trampolín político para hacerse de cotos de poder, sostener las formas burguesas de hacer política, mientras se garantiza la opresión contra cualquier etnia.

Necesario es colocarlo en la palestra política porque hoy se quiere dar un aire de triunfalismo institucional a lo que acontece con ese municipio, ya que para algunos el hecho de que se hayan instalado las casillas y se consumara el proceso electoral es más que suficiente para asegurar que constituye un avance político o social.

Que el proceso electoral se consume se debe a que en el actual proceso que atraviesa la entidad chiapaneca y la región sur sureste del país, los conflictos políticos, sobretodo vinculados a los poselectorales constituyen un lastre y una contradicción con los proyectos económicos oligárquicos que existen en la región, que puede ser pernicioso para dichos intereses económicos y políticos, como el de la super carretera Palenque – San Cristóbal.

El grado de fraccionalismo y división que existe en el municipio, que no dista mucho de otros escenarios de la entidad, no es fruto de la casualidad ni de la actitud premeditada del pueblo, sino del resultado de la política indigenista gubernamental que aplica mecanismos de la doctrina contrainsurgente para evitar que los pueblos y etnias arriben a otros grados de organización popular e independiente.

La política indigenista consiste en la proyección mediática del respeto a los derechos y cultura de los pueblos indígenas u originarios, pero en los hechos se traduce en la política asistencialista a través de programas gubernamentales que sujetan al individuo a la dependencia y fomentan el cretinismo social.

A tal grado que los conflictos poselectorales se convirtieron en un fin político, para evitar ejercer el recurso presupuestado para el municipio y ser destinado a otros fines, como el de beneficiarse ciertos grupos de poder y cacicazgos que ya se habían formado. No es una novedad el hecho de que a las comunidades se les controlara con la dotación de láminas para que tuvieran una actitud indiferente ante los problemas o, ser usados como carne de cañón para la defensa de otros intereses particulares. La lámina parecía convertirse en un medio de cambio, en la moneda local con el que se pagaban favores, pero principalmente como medio de control político.

A este contexto hay que sumar el sello particular del nuevo gobierno, la de justificar por medio de este conjunto de hechos, que son responsabilidad institucional, un proceso de despliegue de cuerpos policíaco militares, que abarcó desde la cabecera municipal de Huixtan hasta la comunidad de Tzajaljá, mientras se hacían patrullajes hasta la cabecera municipal de Ocosingo. Oxchuc es el ejemplo de la justificación del proceso de militarización y de su implementación en el terreno social y político.

Todo el proceso que ha llevado a la división de estos pueblos es resultado de la acción institucional, de la política gubernamental federal y estatal, donde todos los grupos de poder político y económico han hecho de ello un medio para afianzar sus intereses. En torno a Oxchuc desfilan presidentes municipales, diputados, diputadas, senadores, consejeros, empresarios, distintas siglas electorales, donde cada uno de ellos ha obtenido beneficios económicos y políticos.

Por ello, pensar que los pueblos ven como una necesidad el despliegue policíaco o militar es falso, es una apreciación construida por el gobierno en turno, donde pretende legitimar su política antipopular del uso de cuerpos castrenses para atender o resolver cualquier situación o contingencia política o social.

Varios de los pueblos y comunidades que conforman el municipio de Oxchuc rechazaron la presencia policíaca y militar, porque en el fondo se sabe que dichas instituciones tienen un carácter violento, al que hoy se suma de delincuente, porque en la actualidad pululan las noticias de la forma descarada con la que sustraen o roban objetos de valor de la población que dicen defender.

La negativa a la aceptación de la presencia de fuerzas castrenses es una realidad, sólo que este fenómeno no se consigna en las notas de prensa, se omite o se calla deliberadamente, y algunas editoriales sólo siguen el guion institucional de repetir lo que publican las instituciones gubernamentales.

En este proceso electoral tampoco salió a la luz mediática las mismas formas burguesas de hacer política, donde el reparto de dinero en efectivo fue la forma para “persuadir” al voto por determinado candidato; la corrupción no podía ser tan evidente debido al discurso institucional, por eso las láminas ya no brillaron, se hizo por medio del dinero contante y sonante, la media consistió en sesenta mil pesos por comunidad que debía repartirse por “todos” los votantes independientemente de su cantidad poblacional. Más que un secreto a voces, se trata de un fenómeno típico de la democracia burguesa que funciona sólo a través de masas clientelares y la corporativización.

Como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo mantuvimos nuestra postura respecto a la negativa de aceptar la presencia policíaca o militar en los pueblos organizados, así como el respeto a los pueblos que hayan decidido participar en dicho proceso electoral.

Oxchuc hoy hace historia, no por la realización de su elección de presidente municipal, sino por el despliegue policíaco militar, nunca antes visto, ni siquiera en la coyuntura política de 1994.

La solución a los conflictos sociales, políticos o poselectorales no está en destinar mayor presencia policíaca o militar, ello sólo expresa la afición por medidas antipopulares y reaccionarias, que ven en la militarización de la sociedad y sus procesos una forma de resolverlos, lo que consecuentemente acarrearía la agudización del fenómeno en cuestión.

Parte de la solución se encuentra en la renuncia del gobierno a las medidas contrainsurgentes que sólo empujan a mantener la división del pueblo, que el gobierno renuncie a la política indigenista que somete al pueblo a relaciones de dependencia y cretinismo, y centre su atención en la solución de problemas de índole económico y social.

La elección de un presidente municipal en Oxchuc y su respectiva estructura, no resuelve el conjunto de problemas que aquejan al pueblo como la pobreza, la miseria y la ignorancia. Resuelve una necesidad política del Estado, la de la existencia formal de la administración que proteja y garantice los intereses políticos y económicos institucionales. La elección estuvo marcada por la corrupción y la militarización.

Fraternalmente

¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS