LA NUEVA ERA REPRESIVA Y AUTORITARIA REALIDAD Y ANÁLISIS DEL FNLS

Chiapas, a 30 de diciembre de 2024
A la opinión pública

La llamada nueva era, conforme va tomando y ejecutando ciertas decisiones jurídico-políticas adquiere el rasgo distintivo de un gobierno represivo y autoritario, el intercambio de palabras del gobernador de Chiapas con un plantonista del Frente Democrático Revolucionario de Obreros y Campesinos (FDROC), reflejó un carácter autoritario que contradice su eslogan de estar y ser cercano a la gente.

El día 29 de diciembre en las afueras del Palacio de Gobierno de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, donde se encuentra el plantón de los integrantes del FDROC, en una de sus actividades de denuncia, el gobernador iba pasando cuando escucha las consignas políticas que exigen la libertad del luchador social Juan Díaz Montejo.

Ante este hecho el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar se acercó y mantuvo una conversación con uno de los plantonistas, un hecho del cual refleja con creces la visión, actitud política y la forma de gobernar de esta nueva administración. A pocos días de su administración, y en un acelerado proceder judicial ya encontró la inconformidad popular organizada, en este caso de la organización FDROC, a partir de la detención arbitraria y encarcelamiento injusto de Juan Díaz Montejo, ocurrido el pasado 17 de diciembre en la ciudad de Comitán.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar reflejó un carácter autoritario, que toma forma y se asemeja al viejo estilo de gobernar de los funcionarios priistas, que se sujetan única y exclusivamente a la ley, a ese estado de derecho burgués que pone por encima de todo el interés empresarial y no de pueblo trabajador.

Desde esa legalidad pro empresarial se aplicó una medida represiva, a pesar de que el propio gobernador lo pretenda negar con sus palabras, los hechos hablan por sí mismo. La detención y encarcelamiento de Juan Díaz Montejo es un hecho represivo, aunque pretenda justificar su proceder con la maniobra de que ya era una orden de aprehensión del sexenio anterior, ya que se comete en su administración y con los funcionarios de su gabinete de seguridad.

El orden institucional al que hace insistencia es aquella que emana de las decisiones empresariales y de los grupos de poder económico y político, porque resulta que la tan mencionada delincuencia organizada esta enquistada en las estructuras del Estado, las detenciones de policías evidencian tan sólo una punta de ese iceberg de dicho fenómeno, pero que tiene su origen en las propias estructuras del Estado, la complicidad de la policía estatal no puede ser posible sin la cadena de mandos castrenses y del conocimiento de distintos funcionarios.

Ante la inconformidad que emanan de las decisiones de aplicar una medida antipopular y represiva contra FDROC, sólo se puede esperar más actos de protesta, indignación del pueblo organizado y la decisión de la defensa de los derechos humanos y constitucionales, por ello, las consignas son más que necesarias ante un hecho eminentemente represivo.

La situación incómoda y actitud de molestia que despertó en el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar por la protesta y arenga para exigir la libertad de Juan Díaz Montejo lo llevó a emitir una amenaza velada, al expresar que “si ustedes quieren que nos radicalicemos” o “haber de a cómo nos toca”. ¿Qué significa para esta nueva administración la radicalización del gobierno? Por el curso de la violencia que existe en Chiapas, ¿significa acaso mayores crímenes de lesa humanidad o más detenidos o encarcelados, más presos políticos, más desapariciones forzadas?
En todo caso manifestar una actitud de fuerza ante una organización popular independiente, con los plantonistas, es como si se equiparara al Estado contra una organización, hecho que no tiene ni un punto de comparación, porque se trata de una fuerza muy superior contra una organización independiente, que lo único que hace es defender sus derechos humanos y constitucionales, de ahí que palabras de ese tipo son por lo menos un desatino en política, o la vocación política por el autoritarismo.

Las palabras finales del gobernador de Chiapas, al señalar de que todo transcurra por la vía penal, es una forma de aplicar el estado de derecho de carácter burgués contra el pueblo que se organiza, y eso se llama represión, es la forma en que presenta la judicialización de la organización y la protesta popular.

Las palabras del gobernador acerca de que se combatirá a todos los delincuentes es ambigua, porque no se ha hecho referencia específica de quiénes entran desde esa categoría, sin embargo, en los hechos parece ser más para golpear a las organizaciones independientes y resolver sus contradicciones con otros grupos de poder que no se han alienado a los intereses políticos de la nueva administración, el lenguaje y narrativa del ejecutivo estatal está centrado en la criminalización de la organización y protesta popular.

Porque si se trata de aplicar la ley a todos aquellos que se encuentran fuera de la ley, se tendría que echar una mirada judicial al conjunto de instituciones del Estado, y de aquellos sujetos vinculados a la violencia contra el pueblo.

Este hecho también revela que contra Juan Díaz Montejo ya existía una orden de aprehensión antes de la toma de posesión de Eduardo Ramírez Aguilar, pero que al ser ejecutada por su administración expresa que hay persecución política, y el contexto de la política institucional del llamado “combate a la criminalidad”, “cero impunidad”, es tan sólo la cortina de humo para poder justificar los actos represivos y deslegitimar la lucha popular independiente.

Si se ha de considerar los casos que no son de su administración, como ha mencionado el gabinete de seguridad en los días que lleva de gobierno, deberían atenderse los casos de víctimas de la violencia institucional, los casos de graves violaciones a los derechos humanos, como los casos de las Madres Buscadoras, los desaparecidos y encarcelados que participaron y apoyaron al EZLN, la necesidad de atención al ejido Ángel Albino Corzo del municipio de La Trinitaria, así como los casos del FNLS, como el de la desaparición forzada de Fidencio Gómez Sántiz, la ejecución extrajudicial de Humberto Morales Sántiz, los asesinatos políticos de Héctor Sántiz, Ramiro Rodríguez, Víctor Alfonso, Efraín Espinoza, Pablo Gómez, y recientemente la agresión e intento de homicidio contra los compañeros de Las Perlas, de éste último existe una demanda jurídica radicada en San Cristóbal de Las Casas.

En Chiapas son miles los familiares de las víctimas de la violencia institucional y paramilitar, de eso dan cuenta las decenas de fichas de detenidos desaparecidos de manera forzada, de los reportes de ejecuciones extrajudiciales y las denuncias de desplazamiento forzado.

Es ilógico y absurdo suponer que otras instituciones castrenses como la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) no tenga información respecto a estos crímenes de lesa humanidad y actos represivos, cuando en todo el sexenio de Rutilio Escandón Cadenas fueron parte activa de las decisiones gubernamentales, de otra manera, por el proceder de la nueva administración se estaría presuponiendo que la denominada Policía Estatal es una estructura que estaba disputando control al Estado, algo que esta fuera de la lógica política mexicana.

Más allá de lo que se ha proyectado mediáticamente, Juan Díaz Montejo es un preso político, un hecho que sólo puede entenderse por haber adoptado una medida represiva por parte del gobierno en turno. Hasta el momento el despliegue policíaco militar sirvió para reprimir al movimiento popular independiente, esto es una condición para que la administración vaya adquiriendo un matiz o carácter represivo.

La nueva administración chiapaneca es similar a los otros gobiernos morenistas que se amparan en un discurso populachero para cometer más actos represivos, usar la ley de acuerdo a sus intereses.

Caso similar con el exgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, quien mantuvo preso a nuestro compañero Higinio Bustos Navarro, y hoy sigue en la cárcel purgando una condena de 20 años bajo delitos prefabricados e impuestos con jueces de consigna.

Razón por la que deben ser puestos en libertad de manera incondicional, de otra manera, aquello que se niega de palabra desde el ejecutivo estatal, se convalida a la hora de aplicar el estado de derecho. Higinio Bustos Navarro y Juan Díaz Montejo son presos políticos de gobiernos morenistas, luchadores sociales que se han organizado por la densa de los derechos humanos y constitucionales, de quienes nos mantenemos en su exigencia de libertad inmediata e incondicional.

¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS