Desapariciones forzadas, fuera de la agenda política de Eduardo Ramírez

Chiapas a 21 de diciembre de 2024

A la opinión pública

Desapariciones forzadas, fuera de la agenta política de Eduardo Ramírez

La agenda política del gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar no contempla a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada o ejecución extrajudicial, existe desdén político, sobre todo porque en estos casos implica aplicar el estado de derecho contra los responsables mandos policíaco militares que, por su naturaleza, son crímenes de Estado. Habría entonces que investigar, enjuiciar y castigar a funcionarios de la talla del nuevamente fiscal Jorge Luis Llaven Abarca por su responsabilidad en el cometido de graves violaciones a los derechos humanos.

En la agenda política del gobierno de Chiapas para restablecer la tranquilidad de los chiapanecos y elevar una percepción positiva sobre la seguridad entre los chiapanecos, no contempla erradicar la desaparición forzada de personas, es más, en ningún momento la ha mencionado como un fenómeno presente que lacera a cientos de familias, que genera miedo, inseguridad para salir a las calles de las ciudades y pueblos, no por desconocimiento, sino porque estos crímenes forman parte de una política institucionalizada para generar el terror en la población.

Si el gobierno actual no hace referencia al fenómeno de la desaparición forzada, es porque estos casos corresponden a prácticas del terrorismo de Estado, es decir, crímenes de Estado perpetrados por las corporaciones policíaco militares y paramilitares con el objetivo político de siembra el terror y paralizar a la población.

Al ser crímenes perpetrados por las fuerzas castrenses o grupos que actúan bajo la aquiescencia del Estado, se convierte en temas delicados para los gobiernos en turno en tanto que están involucrados las estructuras gubernamentales en su cometido y en proveerles la impunidad respectiva. En este sentido, ningún funcionario del gobierno actual o de sexenios pasados son investigados o sancionados.

A pesar de que los familiares, amigos o compañeros de lucha de las víctimas de la desaparición forzada nos mantenemos en exigencia de justicia y presentación, el gobierno actual sea estatal o nacional las ignoran con un objetivo, encubrir su responsabilidad y mantener en la impunidad estos crímenes de lesa humanidad.

No merece su atención porque desenmascararía su actuar criminal contra el pueblo organizado y no organizado, no es fenómeno que merezca su atención como punto cardinal en la política de seguridad estatal porque la soga se las pondría ellos mismos en el cuello, algo casi imposible sin la denuncia y movilización de las víctimas y del pueblo.

La inseguridad no viene del pueblo por movilizarse en exigencia de juicio y castigo a los responsables de estos crímenes contra el pueblo. La inseguridad es que el Estado continúe con estas prácticas de terrorismo de Estado al no erradicar la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad, al mantener la impunidad sobre los responsables materiales e intelectuales, al brindarle fuero político a funcionarios que tienen un historial criminal como Jorge Luis Llaven Abarca.

El gobierno de Oscar Eduardo Ramírez Aguilar ocupa distinguir entre una necesidad política del pueblo como es la exigencia de justicia, presentación con vida y castigo a los responsables de los crímenes de lesa humanidad y no criminalizarlos y judicializar la protesta por este hecho. Sin embargo, políticamente es entendible si él recurre a la represión contra quienes nos movilizamos y mantenemos la exigencia de presentación con vida de las víctimas de la desaparición forzada, porque desde la posición de poder en que está, finalmente representa al poder político y económico quien le sirve para garantizar intereses empresariales, pero no intereses populares.

En los hechos, el pueblo trabajador queda sin la protección de la ley, aunque en el discurso del gobierno de Eduardo Ramírez se cansen en afirmar que son protectores del pueblo, basta con observar quiénes tiene a su lado en la supuesta impartición de justicia y la seguridad del pueblo. Si en vez de investigar, enjuiciar y castigar a los responsables de la desaparición forzada, mantienen en la impunidad y, sobre todo, criminaliza y judicializa la protesta popular en torno a la exigencia de justicia y presentación con vida, entonces, estamos lejos de que el pueblo chiapaneco tenga una percepción positiva de la seguridad y lejos de que el pueblo tenga paz.

Un gobierno que no contempla la búsqueda, la presentación con vida de las víctimas de la desaparición forzada, el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales, no es un gobierno que busque establecer la tranquilidad de los hogares, hoy, de miles de chiapanecos en esa condición. Ignorar esta exigencia política y aún peor, bajo el supuesto de “restablecer la paz”, reprimir, hostigar o criminalizar la lucha, habla de un gobierno antipopular y autoritario.

Atentamente
¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos!
¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS