REALIDAD Y ANÁLISIS DEL FNLS: GOLPE CONTRA LA CRIMINALIDAD REFLEJÓ EL VÍNCULO CON LOS CUERPOS CASTRENSES

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 19 de diciembre de 2024

REALIDAD Y ANÁLISIS DEL FNLS:

GOLPE CONTRA LA CRIMINALIDAD REFLEJÓ EL VÍNCULO CON LOS CUERPOS CASTRENSES

El arribo de la nueva administración a la entidad en Chiapas está marcado por un discurso recurrente en torno a la recuperación de la paz, del combate a la delincuencia organizada, del combate de los delitos del fuero común y el de la instauración del órden institucional. Para ello, una de las decisiones políticas fue la conformación de un cuerpo policíaco militar que fue desplegada de manera inmediata para iniciar su actuar, la cual es promocionada como la alternativa ideal para los objetivos gubernamentales propuestos.

En este sexenio comienza a figurar una nueva tríada gubernamental encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el fiscal general del estado Jorge Luis Llaven Abara y Oscar Aparicio Avendaño, como titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, quienes no dudan en echar mano de los reflectores mediáticos para apuntalar las decisiones jurídicas y políticas, y ponderar los resultados obtenidos.

La euforia política del inicio de la administración de Eduardo Ramírez Aguilar trata de opacar los contrastes del proceder gubernamental y de la responsabilidad institucional en el clima de violencia, por ejemplo, al hablar de recuperar la paz es la aceptación tácita de que en la administración de Rutilio Escandón Cadenas es donde creció el fenómeno del crimen organizado enquistado en las instituciones gubernamentales y estructuras de Estado.

Si de verdad se habla de congruencia y combate a este tipo de flagelos sociales, ¿no debería investigarse el proceder de Rutilio Escandón Cadenas, y no premiarlo con más fuero al nombrarlo cónsul en Miami, Florida, Estados Unidos? Sobre este asunto existe absoluto silencio gubernamental, toda vez que la detención de mandos y tropa de la policía en el municipio de Comitán confirma que la corrupción y el fenómeno de la delincuencia se encuentra en las instituciones gubernamentales, principalmente las corporaciones policíacas y militares.

Pasado y presenrte estan relacionados, Rutilio Escandón Cadenas como gobernador dejó la administración estatal en medio de acusaciones de enriquecimientio ilícito, con Chiapas sumido en la violencia institucional y la descomposición social, marcado por la pugna entre diferentes grupos de poder económico locales que tratan de defender sus cotos de poder e intereses económicos a toda costa, que incluye un proceso de violencia contra los sectores populares.

Desde el nivel federal a Rutilio Escandón Cadenas se le arropó, Claudia Sheinbaum no dudó en darle cobijo a pesar de la evidente inconformidad popular que existe con este político de oficio que brilló por su ausencia en los temas torales como es la seguridad y las demandas populares. Una señal inequívoca que cuando se trata de los intereses empresariales, la voz del pueblo y su condición no importan, hasta de quienes se dicen ser los más progresistas y transformadores institucionales.

Este conjunto de contradicciones estaban por desbordarse en algunas de sus aristas, suceso que fue protagonizado por el ahora diputado con licencia Ismael Brito Mazariegos, a quien se le acusó del fenómeno de ingobernabilidad en Chiapas, encargado de diseñar y ejecutar procesos jurídicos y políticos represivos contra el pueblo organizado, y al interior de las instituciones gubernamentales.

El congreso de Chiapas puso en evidencia el proceder de Brito Mazariegos, datos que desde el movimienro popular ya habíamos denunciado, por ser uno de los funcionarios de la tríada represiva del mandato de Rutilio Escandón Cadenas encargado de promover la violencia institiucional contra el pueblo, de usar y torcer las leyes para desarticular a las organizaciones independientes, así como hacer a un lado a opositores o políticos de oficio incómodos, además, fue señalado de ser un tipo prepotente que se expresó en todo el sexenio.

Al final, desde la cúpula de Morena se exigió que se cierren esas grietas de las contradicciones internas para no opacar el inicio del mandato del nuevo gobierno estatal, y se le dio una salida política a la contradicción de Brito Mazariegos, al cobijarlo con la licencia indefinida de la diputación local, un mensaje más de impunidad hacia los políticos de oficio que han servido a Morena y a los intereses empresariales, de lo contrario las denuncias que pululan en las redes sociales por su proceder político tendrían un efecto judicial.

En cuanto a lo sucedido en el municipio de Comitán, donde se había anunciado un operativo policíaco militar por parte del cuerpo represivo Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), para iniciar el combate a la delincuencia organizada, el resultado inmediato, de acuerdo a lo expresado por el gobierno estatal, fue el amotinamiento de la policía municipal, que terminó con la detención masiva, entre ellas de 92 policías, y otros.

Este resultado, más allá de lo autopromocionado por el propio gobierno, refleja que el fenómeno del crimen organizado está fuertemente vinculado a las instituciones policíacas, y hasta militares, porque lo que sucede en cada entidad o municipio es atendido por las mesas de seguridad donde existen múltiples instituciones que incluye a los de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

¿Acaso no sabían lo que estaba sucediendo con la policía y otros funcionarios? Lo saben, porque en el caso del fenómeno de la delincuencia organizada no escapa de la participación de las instituciones gubernamentales y se confirma que éste fenómeno como el de la violencia que emana de ella y se dirige contra el pueblo, proviene de las propias instituciones gubernametales y de Estado, entre ellas las directamente involucradas como la policía y el ejército mexicano.

La misma euforia institucional e inercia política de las decisiones gubernamentales ha llevado a un acuerpamiento de las cámaras empresariales a esta desición y sus resultados, quienes ven en el despliegue policíaco militar la solución universal. Quienes le apuestan a ésta fómula política no dista mucho de una concepción reaccionaria y profascista que encuentra en la violencia de Estado la solución a las demandas populares, ya que el problema de la inseguridad es generada por el propio Estado, a través de los cuerpos
castrenses.

El fenómeno de la inseguridad radica en el proceder criminal y mafioso de las instituciones castrenses, que son los que diseminan la violencia y forman por doquier grupos de choque o paramilitares. Para nadie es un secreto que en los distintos retenes policíacos o militares se pasean los grupos paramilitares y no existe contradicción alguna.

Lo que sucedió en Comitán fue parte de la solución de una contradicción interburguesa e interpartidista institucional que se dirimió con la maniobra jurídica y policíaca militar para imponer la visión federal sobre la local, sobre la base de garantizar el interés empresarial y no la del pueblo. Se trata de poner en el orden institucional del partido político dominante para evitar mayores contradicciones y amagues políticos o económicos.

La retórica oficial esta fundada en el discurso imitativo del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador, donde a nombre del pueblo se justifica cualquier decisión gubernamental, hasta el absurdo de crear una Secretaría de Seguridad del Pueblo, hecho que contrasta con el cúmulo de violaciones a los derechos humanos y constitucionales que se han hecho desde las instituciones procuradoras de justicia.

A escasos días del despoliegue del cuerpo policíaco militar conocido como FRIP emergen las denuncias por detenciones arbitrarias e injustas, de un luchador social y del pueblo trabajador.

Desde esta óptica de “mano dura” del gobierno estatal en el supuesto combate al fenómeno de la delicuencia organizada, es como ha reiniciado una campaña de desprestigio y criminalización de la lucha popular independiente, sobretodo contra quienes no se pliegan al proceso de corporativización del gobierno.

De nueva cuenta equiparan las formas de lucha de las organizaciones independientes que tienen reivindicaciones políticas con actos de la delincuencia organizada, a las acciones de protesta y denuncia en las calles y carretereas para el gobierno y los empresarios es bloqueo de carreteras y/o extorsión.

Quienes somos parte del movimiento popular, nos identifica la lucha por la defensa de nuestros derechos constitucionales, la defensa de nuestros derechos laborales, que se suman los reclamos de justicia, presentación y libertad de los presos políticos. Las demandas recientes a raíz del clima de violencia que existe en el país contra el pueblo y las organizaciones populares, que padecemos los fenómenos de la desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos políticos, desplazamientos forzado y despojo de tierras.

Por ello, plantear y poner en el mismo saco a las organizaciones populares independientes como organizaciones criminales, es partir de una concpeción política de criminalización de la organización popular independiente para justificar las futuras acciones judiciales y políticas represivas. Las medidas antipopulares y represivas como el encarcelamiento injusto parece ser el camino que pretende seguir esta
administración.

El movimiento popular que no encuentra oídos y atención desde las instituciones encargadas de procurar justicia, o aquellas encargdas de entablar el diálgo con el pueblo, se expresa por medio de acciones políticas de masas donde denuncia los actos de violencia y represión contra ellos.

La causa está en una política de gobierno que cierra las puertas al pueblo que se organiza y seguir esa senda es cometer un yerro más, porque la existencia de organizaciones independientes no es producto de la voluntad de un individuo, sino como parte de los procesos sociales que se presetan de manera recurrente ante la incapacidad gubernamental de atender el conjunto de demandas e inquietudes populares.

Ni extorsión ni actos delictivos del pueblo, desde el movimiento popular existen formas de lucha que le quedan al pueblo organziado ante la política gubernamental de no escuchar las voces disidentes o reivindicaciones populares, del empecinamiento de una política que criminaliza y judicializa la organización y la protesta popular.

La política de contrainsurgencia que se ha implementado y que no parece querer renunciar, porque lejos de solucionar los problemas sociales, económicos o políticos del pueblo, solamente los agravan y los aletargan para que en otros tiempos se presenten de nuevas formas.

Apostar al cretinismo social, la dependencia gubernamental, al terrorismo de Estado y a la descomposición social solo abre el camino a más violencia, cualquier sujeto crítico es capaz de llegar a esta conclusión si analiza de manera seria la
realidad de nuestro país.

Hasta el momento esta política gubernamental ya ha cobrado su primera víctima en el movimiento popular en el municipio de Comitán, algunos medios de comunicación o paginas digitales suponían que se trataba del presidente municipal de Comitán, pero en esta ocasión el despliegue policíaco militar fue para detener y encarcelar una vez más a Juan Díaz Montejo, represetante del Frente Democrático Revolucionario de Obreros y Campesinos (FDROC).

He ahí el resultado de la política de “cero corrupción”, aquel que se esconde en un fenómeno propio del capitalismo para justificar actos de represión judicial y político contra el pueblo que se organiza. Por haber sido detenido en el contexto del despliegue policíaco militar es criminalizado y colocado como parte
de la criminalidad.

El despligue de la FRIP, en poco tiempo dejó ver su proceder antipopular y contrainsurgente, encargado de dirigir la represión contra quienes son parte del movimiento popular. Si desde este gobierno hay congruencia y voluntad se debe investigar a Rutilio Escandón Cadenas e Ismael Brito Mazariegos.

Atentamente
¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS