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Política de seguridad del gobierno federal es sinónimo de mayor opresión y violencia contra el pueblo
Viernes 25 de octubre de 2024, por
Chiapas a 25 de octubre de 2024
A la opinión pública
Política de seguridad del gobierno federal es sinónimo de mayor opresión y violencia contra el pueblo
La política de seguridad del gobierno federal no es garantía para que el pueblo viva en paz y libre de la violencia perpetrada a través de las corporaciones policíaco militares y paramilitares, es sinónimo de mayor opresión, control, descomposición social y violencia institucional contra el pueblo trabajador del campo y la ciudad como ocurre en las últimas semanas en tierra chiapaneca.
A raiz de la agudización de la violencia en Chiapas a lo largo del sexenio morenista y en particular de la ejecución extrajudicial del padre Marcelo Pérez en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, se vierten opiniones que sostienen que estos crímenes contra el pueblo es producto de un estado de derecho débil y sugieren que es necesario materializar la política de seguridad del gobierno actual para que todo cambie lo mas pronto posible.
Sin embargo, la agudización de la violencia no es producto de un estado de derecho débil o deteriorado, sino una política de contrainsurgencia que es perpetrada principalmente por grupos de carácter paramilitar acuerpada por la militarización y el fortalecimiento de la misma con el objetivo de generar condiciones para que los intereses empresariales sean aseguradas con la anuencia del gobierno.
La violencia es institucional y las victimas mortales así como la cantidad de desplazados de manera forzada, es un plan premeditado desde las cúpulas del poder político militar.
Los grupos que actúan bajo denominaciones del narcotráfico o delincuancia organizada no son grupos desligadas a los intereses empresariales, por tanto, de negociones lícitos e ilícitos donde el Estado no le importa la vida del pueblo.
Las causas de la violencia tiene que ver con la politica económica capitalista en el país, la pobreza en si misma es violenta y es producto de la explotación de la fuerza de trabajo a los distintos sectores populares, explotación legalizada con un estado de derecho ad doc. Los programos sociales de carácter asistencialista a niños, jóvenes y adultos mayores no hacen mas que esconder el origen de la pobreza y proyectar un lado "humano" del verdugo.
La admimistración actual tiene el plan de consolidar el Estado policíaco militar, pero es importante señalar que es un proceso que inició el gobierno panista de Calderon Hinojosa, seguida de su fortalecimiento con el priista Peña Nieto y su afianzamiento con el primer sexenio morenista. Plantear la consolidación de las fuerzas castrenses en tareas de seguridad y desplegarlas aún más, solo puede traducirse en más violencia contra los trabajadores organizados o no organizados.
Por poner un ejemplo, los elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) durante el primer día de gobierno de la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, el ejército mexicano perpetró seis ejecuciones extrajudiciales contra migrantes entre el municipio fronterizo de Huixtla y Villa Comaltitlan. Entre otros casos, la ejecución del párroco Marcelo Pérez, desapariciones forzadas en la capital chiapaneca.
En Chiapas, el despliegue de la Gardia Nacional es una realidad inocultable desde el sexenio anterior, deja una estela de víctimas pero el pueblo aún mantiene el voto de confianza a la promesa de cambio.
Sin embargo, desde el despliegue policiáco militar coordinada en las mesas de seguridad, de ninguna manera se traduce en seguridad para el pueblo. ¿Por qué? Porque la militarización del sursureste del país no está para proteger al pueblo, sino en generar a través de las corporaciones policíaco militares, condiciones para oprimir y explotar aún más a los trabajadores del campo y la ciudad y sembrar el terror con crimenes de lesa humanidad perpetrados por grupos paramilitares que en los medios de comunicación nombran como cárteles.
El estado de derecho cumple su función de acuerdo a las necesidades e intereses capitalistas, acomulación originaria del capital por medio de la violencia. La violencia y descomposición social van de la mano, ambas son el resultado de una política inherente al capatalismo que sostienen y defienden políticos de oficio y cámaras empresariales a punta de balas y toletes.
El desplazamiento forzado de miles de chiapanecos con la autoria material de fuerzas policiáco militares a inicios del sexenio pasado, el respaldo y silencio de organismos defensoras de derechos humanos estatal y nacional y, posteriormente a través de grupos paramilitares en la frontera y sierra de Chiapas, constituye un plan de Estado y no la ausencia del estado de derecho.
La consolidación, mayor despliegue y permanencia del ejército y Guardia Nacional en las calles no tiene el objetivo de salvaguardar la integtidad física y psíquica del pueblo, es con la intención ir contra el descontento y organización popular, controlar la población en general, reprimirla y cometer crimenes contra los sectores organizados y no organizados.
A pesar del discurso gubernamental a nivel estatal y federal, los testimonios de miles de familias chiapanecas describen una realidad distinta. La "inacción" del ejército y Guardia Nacional ante el actuar paramilitar no es falta de capacidad, sino politica de Estado para generar terror que justifique la militarización y asegure opresión.
Atentamente
¡Alto a la militarización del país!
¡Desarticulación de los grupos paramilitares!
¡Alto a la agresión de los grupos paramilitares contra el pueblo organizado y no organizado!
¡Por la Unidad Obrero, Campesino, Indígena y Popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo