Estructuras gubernamentales, nido de criminales contra el pueblo

Chiapas a 26 de febrero de 2024

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A la opinión pública

Estructuras gubernamentales, nido de criminales contra el pueblo

Es de conocimiento general que los agentes estatales forman parte de los negocios ilícitos, cuyos beneficiarios son políticos de oficio y prominentes empresarios a nivel estatal y federal. Es una mentira a todas luces que estas instituciones estén infiltradas, la descomposición, por ende, la delincuencia organizada, es inherente al sistema capitalista incólume en el gobierno actual.

La confesión mediante amenazas y tortura de un elemento policíaco expuesta en un video que circula en redes sociales, señala a funcionarios actuales y políticos de oficio como personajes activos en esta trama de descomposición, narcotráfico y crímenes de lesa humanidad, lo que no es una novedad para el pueblo, sino una confirmación de infinitas denuncias que el pueblo oganizado y no organizado hecemos cada sexenio.

La posterior ejecución extrajudicial de los tres elementos policíacos, Secretario de seguridad pública municipal, Germán Alegría, así como su secretario particular y el chofer, Rafael Vázquez y Uliser Gómez, forma parte del reacomodo de fuerzas políticas que pugnan con métodos violentos la gobernatura del próximo sexenio en Chiapas y el país, expresa la pugna interburguesa por el poder local y nacional.

Lo que confirma este crimen contra los agentes de Estado, es que la mítica delincuencia organizada y los grupos del narcotráfico no son más que una tetra del Estado mexicano, grupos paramilitares que actúan al amparo de la ley para actividades ilícitas. El recuento de los puntos de control policíaco paramilitar en diferentes municipios de Chiapas donde operan bajo indicaciones del grupo del poder político económico como lo confiesa Germám Alegría, representa una verdad que ahora entre grupos de poder sacan a la luz pública cada quien su historial criminal, tanto el que confiesa como el confesor.

La lista es larga, pero entre los señalados esta la actual Secretaria de Seguridad Pública y Ciudadana, Grabiela Zepeda, el ex Fiscal y Senador de la República Jorge Luis Llaven Abarca, el ex candidato a gobernador por el partido Luz de los Pobres, Jesús Alejo Orantes, conocido como "don chus Orantes" en la región cañera de Venustiano Carranza, estos sujetos tienen una larga carrera en la vida política de Chiapas y han ocupado importantes puestos en el escaño gubernamental.

No es la primera vez que sus nombres salgan en denuncias públicas, muchas veces han sido señalados por obtener beneficios económicos de los negocios criminales que administran y controlan, valiéndose de la impunidad que gozan por ser parte de los personeros políticos de Chiapas, además de ser parte de la casta de empresarios que gozan de la protección de las autoridades estatales y federales, por ende, policíaco militares.

Mientras estas actividades criminales sea una empresa redituable para el Estado y sus representantes, la impunidad sobre ellos y la violencia institucional permanecerá como política de gobierno. De otro modo, ningún funcionario o políticos de oficio estaría libre sino en la prisión, salvo alguna excepción.

La Fiscalía General de la República podría atraer e investigar tántos casos como este, pero, cuántos en esta institución no están en la misma condición. Las oficinas de este organismo federal están llenas de casos que se mantienen en total impunidad y peor aún, la impunidad es una política transxenal para criminales de Estado y crímenes de lesa humanidad perpetrada por fuerzas policíaco militares.

Las denuncias contra Jorge Luis Llaven Abarca no son nuevas, sus propias manos están manchadas de sangre como torturador de luchadores sociales, pero éste es arropado por el gobierno de la "cuarta transformación", lo mismo que el cacique Jesús Alejo Orantes quien tiene un largo historial de crímenes perpetrados en su nombre en la región cañera, sus mismos trabajadores se sorprendian de los encuentros que tuvo con Joaquín Guzmán Loera en su mancion en aquel municipio acompañados por el ejército mexicano.

De existir justicia en el país, ¿La violencia institicional contra el pueblo trabajador existiría? Sin embargo, las autoridades competentes están obligadas a parar la ola de violencia institucional que hoy vive el pueblo a través de los grupos paramilitares con careta de narcotraficantes.

El Estado es quien objetiva la violencia a través de los grupos paramilitares, ellos son responsables de la materialización de las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones y los desplazamientos forzados en las distintas regiones de Chiapas, por tanto, la omisión implica complicidad en el cometido de crímenes de lesa humanidad en contra de los trabajadores del campo y la ciudad.

Las consecuencias de esta política de gobierno son el pueblo y quienes a costa de la sangre del pueblo y de actividades criminales se benefician son los funcionarios y políticos de oficio.

Atentamente
¡Por la Unidad Obrera, Campesina, Indígena y Popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo