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Marcha durante conmemoración de 27 años de lucha por la defensa de una tarifa justa de la energía eléctrica, por justicia y el respeto a los derechos humanos

Miércoles 18 de octubre de 2023, por Chiapas

Villa Comaltitlán, Chiapas a 18 de octubre de 2023

A la opinión pública

Marcha durante conmemoración de 27 años de lucha por la defensa de una tarifa justa de la energía eléctrica, por justicia y el respeto a los derechos humanos

Como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), conocida en esos años como Frente de Defensa Popular 18 de Octubre, hoy conmemoramos 27 años de lucha por la defensa de los derechos del pueblo.

Durante los años de lucha que hemos emprendido, nuestra lucha ha transcurrido con una serie de violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno, violaciones que se han traducidos en ejecuciones extrajudiciales, asesinatos políticos, desaparición forzada, prisión por motivos políticos, persecución política, hostigamiento, represión y desplazamiento forzado.

Estos 27 de años de lucha como organización en defensa de una tarifa justa de energía eléctrica, el gobierno se ha hecho de oídos sordos para atender nuestra demanda e intenta desconocer y desaparecer el documento de consignación que se ganó en esos años. Pero esta consignación tiene validez a partir de que estamos consignando bimestralmente a través del Juez del Ramo Civil de la Ciudad de Huixtla, Chiapas, dependiente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y contemplados en los artículos 228 al 238 del código de procedimientos civiles.

Exigimos justicia por las graves violaciones a los derechos humanos perpetrada por la violencia de institucional que existe en nuestro país, por eso salimos a las calles. Como organización independiente somos víctimas de esta violencia, que se ha concretado en actos represivos del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, el ejemplo claro es la represión contra nuestros compañeros en Venustiano Carranza el pasado 2 de octubre y de los estudiantes de normalistas de la Jacinto Canek en Tuxtla Gutiérrez.
El gobierno actual se ha quedado en promesas, la justicia para las víctimas está lejos de llegar porque éste blinda al Ejército a pesar de ser los responsables materiales de graves violaciones a los derechos humanos contra el pueblo.

La responsabilidad del Estado en el crimen cometido contra los normalistas de Ayotzinapa sigue impune, el gobierno en turno evita a toda costa el escrutinio de las instituciones castrenses, los dota de mayor cobertura para que éstos sean bien vistos por una parte del pueblo, sin embargo, son los responsables materiales de la violencia que deja decenas de miles de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

Son más de 350 mil los casos de desaparición forzada, mientras sus responsables no sean enjuiciados y castigados, el pueblo tiene el legítimo derecho de mantener su exigencia con acciones políticas de masas según su creatividad y voluntad de lucha.

El caso de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron desaparecidos de manera forzada por el Estado a través de sus corporaciones policíacas y militares. A pesar del mandato judicial que ordena la búsqueda con vida y presentación de ambos en cuarteles militares, el gobierno y la institución en mención se resisten en acatar sus propios marcos jurídicos.

La dilación, el burocratismo, la simulación y la demagogia gubernamental es una práctica de la política oficial para ocultar la verdad y proteger a los criminales de Estado. Los perpetradores materiales e intelectuales están en las estructuras del Estado mexicano, el pueblo organizado o no, debe desenmascarar el cometido de los crímenes de lesa humanidad que atenta contra la integridad física y psicológica de más hijos del pueblo.

Es el caso de nuestro compañero Fidencio Gómez Santiz, víctima de desaparición forzada sigue impune; la agresión policíaca militar o paramilitar en nuestra contra se mantiene como política de gobierno. En Chiapas, Veracruz y Michoacán somos víctimas de la política represiva, por ejemplo, la persecución política de nuestro compañero Leobardo Reyes Meza, la prisión política de Higinio Bustos Navarro y la ejecución extrajudicial de nuestro compañero Gregorio de la Cruz en Veracruz, la agresión paramilitar contra compañeros de El Carrizal y Río Florido en Ocosingo.

La protesta popular es una herramienta al que el pueblo no debe renunciar, es necesaria, justa y legítima ante el incremento de la violencia institucional y la impunidad ante los crímenes de Estado.

Atentamente
¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo