El desacato de militares a atender el mandato judicial de la SCJN amplía el campo de la impunidad en casos de crímenes de lesa humanidad

Ciudad de México a 9 de marzo de 2023

A la opinión pública

Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) incurren en desacato del mandato judicial que emanó de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 10 de agosto pasado en favor de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, al negarse a comparecer ante las instancias judiciales y pretender imponer su voluntad para realizar una comparecencia a modo. Esta actitud amplía la impunidad con la que son cobijados los criminales de Estado.

La SEDENA revictimiza a las víctimas del crimen de lesa humanidad de desaparición forzada, pretende imponer argumentos para eludir la responsabilidad de comparecer respecto a la investigación de una grave violación a los derechos humanos y con ello, perpetuar la impunidad.

Es inaudito que los militares pretendan imponer sus condiciones para la comparecencia de los mandos para que declaren en relación a sus funciones en mayo de 2007 cuando aconteció la desaparición forzada de los revolucionarios, tal actitud devela la inmunidad con la que se sienten cobijados por la actual administración federal, en los hechos manifiestan estar por encima del mandato judicial que emanó de la SCJN.

La Fiscalía General de la República (FGR) funge como una institución que no procura el derecho de las víctimas a conocer la verdad de los hechos y que ello abone a la justicia, se coloca de lado de los victimarios porque lejos de hacer cumplimentar la orden judicial, otorga prerrogativas para que los militares evadan su responsabilidad sobre los acontecimientos que laceraron la humanidad de dos hijos del pueblo.

Desde el 1 de marzo que debían iniciar las declaraciones, la SEDENA, a través de su departamento jurídico utiliza mecanismos leguleyos para entrampar a los familiares de las víctimas en una maraña burocrática de dilación, montan una estratagema dolosa para escamotear la justicia y garantizar la impunidad.

Resulta ruin y perverso el cabildeo de la SEDENA para acordar con la FGR comparecencias a modo, ambas instituciones pretenden colocarse por encima del máximo tribunal de justicia en el país al asumir una actitud de total desacato de la primera, y de complicidad dolosa de la segunda. Lo que demuestra esta maniobra es la indolencia con las víctimas y su inferencia a un derecho humano a no ser víctima de desaparición forzada.

No pueden existir comparecencias a modo en casos de graves violaciones a los derechos humanos, ello significa revictimizar a las víctimas y a sus familiares porque su opinión no es tomada en cuenta, mucho menos la valoración jurídica de sus representantes legales, lo que expresa una política contraria a los mandatos jurisprudenciales en torno al derecho internacional de los derechos humanos.

La SEDENA no puede ser juez y parte, su planteamiento de comparecer en sus instalaciones y bajo sus protocolos jurídicos es una propuesta inverosímil. Con esta proposición sale a relucir la maniobra para negar el acceso a la justicia a las víctimas y tender el manto de la impunidad sobre los autores materiales e intelectuales de este crimen de lesa humanidad.

La simulación de los mandos militares es evidente, no existe el menor resquicio de querer acatar la disposición jurídica a cabalidad. La SEDENA se vale de diversos artilugios jurídicos para evadir la comparecencia de los mandos militares, resulta inadmisible su argumento de que es imposible su comparecencia fuera de las instalaciones castrenses porque representan a altos funcionarios.

El fuero militar debe ser inhabilitado en casos de graves violaciones a los derechos humanos, de otra manera, con ese resquicio jurídico evaden la justicia. La ley marcial no puede estar por encima del fuero civil cuando el asunto en cuestión es un crimen de lesa humanidad.

La exigencia de justicia no es una necedad, la necesidad de presentación con vida no significa un capricho de los familiares que tienen víctimas de desaparición forzada, por tanto, la comparecencia de militares en instalaciones de la FGR es una obligación jurídica que no está sujeto a designios personales o deseos del capricho institucional.

El argumento de que los militares son “altos funcionarios” ya fue desterrado por la defensa jurídica y los familiares, conclusión que fue secundada por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo, por lo tanto, no existe ninguna excusa para que los elementos castrenses declaren en torno a los sucesos de 2007 que llevaron a la desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

La actitud que adopta la SEDENA en torno a casos de violaciones de los derechos humanos expresa el grado de impunidad con la que son cobijados, sólo de esta manera se puede entender la completa desobediencia a un mandato judicial. Resulta hipócrita la adulación del Ejecutivo federal al ejército por condición cuasi inmaculada, los hechos demuestran que actúan al amparo de las instituciones del Estado mexicano.

El derecho reza que no hay instancia superior después de la SCJN, sin embargo, la actitud de los militares indica que ellos pretenden erigirse como el juez y parte en casos que atañen a graves violaciones a los derechos humanos, máxime cuando corresponde a ellos comparecer en torno al esclarecimiento del cometido de una desaparición forzada con claras motivaciones políticas.

La negativa de acatar la disposición judicial por parte de la SEDENA es el indicativo de la continuidad de la impunidad, que para casos de violaciones a los derechos humanos es absoluta. Tal actitud expresa el carácter represivo de las instituciones castrenses, las cuales suman cada día decenas de casos a la estadística de violaciones a los derechos humanos.

El respaldo absoluto que el Ejecutivo federal manifiesta al Ejército mexicano se traduce en impunidad, hoy queda claro que no hay separación entre pasado y el presente en torno a las fuerzas armadas. La única variación es en el terreno cuantitativo, pero hoy como ayer, militares, marinos y policías son el brazo ejecutor de crímenes de lesa humanidad.

Acatar la disposición jurídica que emanó de la corte no está sujeta a la voluntad, es una orden judicial que pretende abonar a la justicia de un caso en específico, el de los revolucionarios, militantes del PDPR-EPR, pero en su solución abarca a todos los demás en tanto que siente precedentes jurídicos importantes para el acceso a la verdad, justicia y presentación con vida.

El mismo juzgado donde fue radicado el amparo ratifica que la SEDENA debe realizar las diligencias para “enderezar las actuaciones” para que puedan corroborar si los mandos militares que deben comparecer tienen la calidad de “altos funcionarios”. Asimismo, asegura que la FGR debe generar las condicionas y adoptar las medidas adecuadas para no “revictimizar a las agraviadas”.

Es claro que el desarrollo de la ciencia jurídica adquiere los matices que dicta el momento coyuntural, por ello, algunos procedimientos penales empiezan a armonizarse con los preceptos del derecho internacional en materia de derechos humanos, empero, las autoridades sobre quienes pesa fuertemente el testimonio de cometer crímenes de lesa humanidad, hacen hasta lo imposible para obstaculizar la justicia.

Es inamisible aceptar las condiciones que pretende imponer la SEDENA, a la propuesta de comparecer en instalaciones militares es un no rotundo. Aceptar significa permitir que la instancia señalada como responsable del cometido de esta grave violación a los derechos humanos asuma el papel de juez y parte, hecho improcedente desde el punto de vista jurídico, político y moral.

La FGR debe asumir con determinación su papel de instancia de investigación para esclarecer un caso de desaparición forzada de personas y no dar margen a maniobras dilatorias que pretende imponer la SEDENA. Obrar en sentido contrario es el indicativo de complicidad criminal y en completo desacato de la sentencia de la SCJN.

Es preciso acabar con la simulación que proviene de las instituciones encargadas de hacer valer los preceptos del derecho mexicano para proteger a las víctimas, el gobierno federal debe empujar en el sentido del cumplimiento a cabalidad de la resolución jurídica en torno al caso de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, de lo contrario erigirá la mentira descomunal cuando afirmó que nada inferiría en el cumplimiento de este mandato.

Desde el movimiento popular no dejaremos de exigir la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos en el país, en particular de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya y la de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz y cada maniobra jurídica para escamotear la justicia será parte de la denuncia en las acciones políticas de masas.

Fraternalmente
¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos¡
¡Libertad a los presos políticos!
¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS