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Las acciones políticas de masas que realiza el FNLS están enmarcadas en el ejercicio del legítimo derecho a la protesta

Lunes 31 de julio de 2023, por Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 31 de julio de 2023

A la opinión pública

Las acciones políticas de masas que realiza el FNLS están enmarcadas en el ejercicio del legítimo derecho a la “protesta

Las acciones políticas de masas (APM) realizadas los días 28 y 29 de julio de 2023 en el tramo carretero Ocosingo-San Cristóbal de las Casas y en la entrada al municipio de Venustiano Carranza, ambos en el estado de Chiapas, fueron en protesta por la ejecución extrajudicial y tortura de nuestro compañero Gregorio de la Cruz de la Cruz cometidos el pasado sábado 22 de julio en el estado de Veracruz.

Diversos medios de comunicación y en las redes sociales han abordado el tema, unos de manera objetiva y en apego a las normas del ejercicio periodístico, otros, los más, manipulando y tergiversando la información, contribuyendo a la campaña de criminalización que desde el Estado se desata en nuestra contra.

Por lo anterior, damos respuesta a las opiniones y aseveraciones tendenciosas que se manejan mediáticamente y pretenden desvirtuar las motivaciones y el carácter político de nuestra protesta.

1. Las acciones políticas de masas no son actos violentos que generan desestabilidad, es la respuesta a la que recurre el pueblo organizado ante la ejecución extrajudicial de un compañero, un hermano, un familiar, un hijo del pueblo que, además, fue víctima de tortura por lo que se configura un crimen de lesa humanidad.

Callar o cruzarse de brazos cuando se comete una injusticia es permitir que tales crímenes permanezcan en la impunidad y se sigan cometiendo. Las APM son en correspondencia a la magnitud de crimen, máxime cuando la autoría radica en las estructuras del Estado a través de sus agentes policiacos militares y paramilitares.

La violencia y desestabilidad que se vive en Chiapas y en el resto del país es producto de la descomposición social auspiciada desde el régimen, de la política de militarización e impunidad de la actual administración, así como de las pugnas interburguesas por el hacerse del poder político económico en el del país.

2. En ningún momento dichas acciones estuvieron armadas ni con éstas se obligó a los conductores a abandonar las unidades, ese no es nuestro proceder. En toda APM se conmina a los transportistas mediante el diálogo a salir de su unidad, explicando que nuestro proceder no es por gusto ni busca afectarle a su persona. Quienes refieren lo contrario mienten dolosamente con la intención de justificar nuevas acciones represivas.

Las pérdidas materiales se recuperan, lamentablemente una vida no, representan una minúscula pérdida para las empresas que se enriquecen a costa del sudor y la vida de los trabajadores. Sólo cuando se afecta los intereses empresariales es cuando el gobierno interviene, pero para criminalizar y judicializar la protesta popular.

Para los empresarios la vida y fuerza de un trabajador es una mercancía más que la adquiere por un salario mínimo y que exprime hasta sacarle hasta la última gota, cuando ya no le sirve lo bota a la basura y la renueva por una fuerza nueva, ejemplo de ello es la vida de muchos tráileres y choferes que circulan por las carreteras de nuestro país.

Insistimos, el FNLS no usa armas de fuego, como han presentado nuestras acciones políticas de masas desde perfiles de Facebook o medios digitales, sólo un agente de Estado es capaz de verter tal calumnia para justificar más actos represivos del gobierno. Conminamos a quienes hacen la labor periodística a ser objetivos y serios con su investigación, de lo contrario sólo se abona al clima represivo contra las organizaciones independientes.

Nuestra protesta está en relación al grado de violencia que se ejecuta contra nosotros, en apego a nuestro legítimo derecho a defendernos, como lo establece la constitución. Los agentes de Estado quisieran ver afectaciones a la población, por eso lanzan el grito en el cielo para descalificarnos, hacer ver una movilización como una acción criminal, pero una organización que se identifica con el pueblo, al ser parte de ella nunca atentará contra el mismo pueblo.

3. Exigir la aplicación del estado de derecho, la intervención policíaca y de las fuerzas armadas es pedir a gritos la represión y el baño de sangre contra el FNLS. Tal demanda proviene de los grupos de poder político económico: empresarios, políticos de oficio dueños de empresas o con negocios en éstas, así como de caciques locales que no son más que “pequeños” empresarios que han acumulado su fortuna con el despojo de tierras a campesinos pobres y por medio de la corrupción entre políticos de oficio.

Hacer eco de esta demanda obedece a dos cosas: o se peca de ingenuidad y no dimensiona la responsabilidad de sus exigencias o, se es vocero “a sueldo” de tales empresarios y políticos de oficio, dueños de medios de comunicación. Ambos casos son condenables y demuestran el grado de deshumanización y su posición reaccionaria que piden un un nuevo baño de sangre del pueblo organizado.

La demanda de justicia por la ejecución extrajudicial de nuestro compañero Gregorio de la Cruz de la Cruz no se resuelve con más represión, ésta se logra investigando con imparcialidad y veracidad el caso para dar con los autores materiales e intelectuales del crimen, situación que en el 99.9 % de casos similares no sucede, porque desde el Estado, sus instituciones y el derecho burgués se protege a los criminales y dota de inmunidad para actuar libremente.

4. Las declaraciones de la Fiscalía General del Estado de Chiapas de realizar indagaciones para identificar a los responsables de los “hechos violentos” no significan otra cosa más que la judicialización de la protesta popular: la creación de carpetas de investigación y persecución política para detener a integrantes de nuestra organización. Para eso sí sirve la FGE, para encarcelar al campesino pobre, al proletario que se gana la vida honradamente, a los luchadores sociales que protestan, mientras que, a los verdaderos criminales, homicidas y criminales de cuello blanco se pasean por los pasillos del gobierno o son cobijados desde las estructuras de poder.

5. Para el gobierno “garantizar la paz social en el municipio” es pretender silenciar al pueblo que protesta y resolver las demandas de justicia con la represión. La protesta popular existe porque hay demandas no resueltas del pueblo, o como en este caso, porque se comete una injusticia, un crimen atroz.

La paz social es para el gobierno la paz de los sepulcros. Que se ejecute extrajudicialmente, se asesine o desaparezca a una persona como si no pasara nada, es normalizar la violencia de clase y dar paso a los regímenes autoritarios y profascistas.

Si realmente se quisiera solucionar nuestras demandas estamos en completa disposición de dialogar para resolver cada uno de nuestros planteamientos que desde hace años hemos exigido a través de marchas, plantones, mítines, volanteos, conferencias de prensa, entre otras APM desarrolladas a lo largo y ancho del país.

Incluso, la FGE de Chiapas, tiene pendiente resolver la desaparición forzada de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz ocurrida en el año 2015 en el municipio de Ocosingo. Sin embargo, su nulo interés se manifiesta en la pérdida del expediente del caso por la propia FGE en Ocosingo.

El titular de la FGE Olaf Gómez Hernández no ha presentado avances para la justicia y reparación integral del daño en el caso de desaparición forzada y tortura de nuestro compañero Daniel Gómez Santiz perpetrada por el grupo paramilitar “Los petules” en el mes de marzo, a pesar de contar con una recomendación del Comité contra las desapariciones forzadas de la ONU DH.

La razón nos asiste. A estas alturas, es imposible ocultar el rostro criminal de Estado, éste se reproduce dentro de los gobiernos de Morena, Veracruz, Chiapas, Michoacán, Ciudad de México son una muestra de ello.

Con palabras del mismo presidente de la república dichas el día de ayer en su conferencia mañanera: “No me voy a quedar callado ante un delito”. El FNLS no se quedará callado ante la represión y los crímenes cometidos contra el pueblo. Las APM, lo mismo que nuestra Jornada Nacional de Lucha continúan hasta ser resueltas nuestras demandas.

La responsabilidad del crimen de lesa humanidad contra nuestro compañero Gregorio de la Cruz de la Cruz es del gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez, así como de la integridad de los compañeros del FNLS en Veracruz, dada su insistencia en criminalizar nuestra organización.
Exigimos cese a la represión contra el FNLS y la libertad inmediata del compañero Higinio Bustos Navarro.

¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos!

¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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