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Tsajal Ek’ 36: Violencia institucional en Chiapas

Miércoles 5 de julio de 2023, por Chiapas

Por el clima de violencia existente en el estado de Chiapas que emana de las instituciones gubernamentales, la entidad no es segura como acostumbra a declarar el Ejecutivo estatal, la violencia institucional es imparable, sus manifestaciones están en la persistencia de las desapariciones forzadas como práctica de terrorismo de Estado y el repunte del paramilitarismo.

En Chiapas no se puede negar la espiral de violencia que enfrenta el pueblo a manos de los cuerpos policíaco militares y paramilitares. Asesinatos dolosos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, son la forma concreta de la violencia institucional, que crecen en la medida que se despliegan más cuerpos policíaco militares, cuanto mayor presencia hay de los cuerpos represivos se disparan los actos violentos, así como la descomposición social, en esas condiciones, en la entidad no puede hablarse en lo más mínimo de paz para el pueblo.

Los políticos de oficio recurren a los medios de comunicación oficiosos para negar la incesante ola de violencia en la entidad. La coyuntura electoral del relevo presidencial es el escaparate que todos los funcionarios usan para tratar de ocultar los altos índices de violencia, esta acapara los micrófonos y reflectores mientras el clamor de justicia de los familiares de la víctima de la violencia institucional pasa por el tamiz de la conveniencia política de los hombres del régimen.

Las cámaras empresariales refieren una “preocupación” por la violencia, no para defensa de los sectores que la padecen, sino porque comienza afectar sus intereses económicos y exigen una vez más cesen los actos de protesta como lo han sido los bloqueos. Cuando la violencia alcanza a funcionarios y personal de las instituciones gubernamentales se muestran “comprensibles” y para ellos es válido todo tipo de acción de protesta, lo que muestra el doble racero con el que se conducen, una moral que defiende a los agentes de Estado, con quienes se identifican.

La actitud del empresario ante la protesta realizada por los familiares es nefasta, demuestra que cuando se trata de la burocracia al servicio del gobierno, de los protectores de la propiedad privada, toda acción de protesta será comprensible, pero si se trata de familiares víctimas de policías, militares, marinos y paramilitares la manifestación en todas su formas es condenada y sancionada con la exigencia de aplicar el estado de derecho.

La voz de algunas cámaras empresariales que declararon la aplicación del estado de derecho a quienes cometieron el secuestro contra personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), muestra la contradicción entre los grupos de poder económico y político que existen en Chiapas, y hace evidente lo que desde hace tiempo hemos planteado, que la tan mencionada delincuencia organizada es un fenómeno creado por el Estado y sirve a sus intereses, por lo que no es casual que la pugna sea directamente contra instituciones gubernamentales.

Empresarios y políticos de oficio una vez más queda evidenciada su actitud dolosa ante las incesantes acciones de exigencia de justicia para las víctimas de la violencia gubernamental. Para los familiares de los sectores populares que claman justicia, verdad y presentación hay oídos sordos, simulación y represión, no escatiman palabras para propalar se aplique un castigo ejemplar para luchadores sociales o defensores de los derechos humanos.

El gobierno chiapaneco indudablemente es parte de la política en materia de seguridad implementada por el Ejecutivo federal, la autonomía es sólo discursiva que permite a las instancias federales deslindarse de responsabilidades, o en su defecto, cuidar la imagen del Ejecutivo federal, porque en los hechos el plan de seguridad nacional es único y obedece a un plan nacional y a los designios del país imperialista del norte.

El incremento del despliegue de fuerzas policíaco militares en diferentes regiones y tramos carreteros de la entidad con el recurrente argumento de “garantizar la seguridad de la ciudadanía” significa dotar de impunidad a los “grupos de la delincuencia organizada” o reforzar el paramilitarismo, y justificar con ello la intensificación de la militarización.

Como botón de muestra está lo que sucede en la región centro de Chiapas, donde se anunció el reforzamiento de los retenes policíaco militares desde la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas hasta el municipio de Ocozocoautla, donde el resultado sólo es el incremento de mayor violencia institucional, paradójicamente un lugar donde se dio el secuestro de personal de la SSyPC.

No son sucesos aislados sino parte de la madeja de relaciones y contradicciones entre grupos de poder económico y político en la entidad por el control de territorio para la circulación de todo tipo de mercancías, es el mismo fenómeno que cunde a nivel nacional, aunque su ejecución implica un precio exacerbado, derramamiento de sangre de vidas inocentes y el cometido de crímenes de lesa humanidad.

Políticos de oficio de la entidad dicen poco o nada en torno al clima de violencia institucional que azota Chiapas, sin embargo, el gobierno centra su atención en la coyuntura electoral; la exigencia de justicia para las víctimas de violaciones graves a los derechos humamos y desapariciones forzadas es ocultada por esa forma tendenciosa o comercial de informar la realidad deleznable contra los pobres del campo y la ciudad.

La denuncia de familiares de víctimas de la violencia, portales de noticias en las plataformas digitales evidencian que tras los actos violentos están involucrados las fuerzas policíaco militares, el descaro del proceder de determinados políticos de oficio, evidencian la podredumbre de quienes se dicen procuradores de justicia o de velar por el “bienestar de los chiapanecos”.

La justicia para las víctimas camina a velocidad inferior a la de un perezoso. Resulta un insulto a la dignidad e inteligencia del pueblo las irrisorias caminatas del gobernador de la entidad luego de los hechos violentos, por ejemplo, en el parque central de Frontera Comalapa o San Cristóbal de Las Casas, es un acto para imberbes o mentes ingenuas, porque no muestra el mismo interés por atender la exigencia de presentación con vida de las víctimas.

Las caminatas del gobernador Rutilio Escandón en los lugares donde se han exacerbado los niveles de violencia, para presentar un lugar pacífico, es una burla y un acto forzado que pretende simular tranquilidad, porque no es lo mismo caminar acuerpados de fuerzas militares que hacerlo como lo hace el pueblo, con sólo su humanidad.

Silencio es lo que el gobernador mantiene respecto a las desapariciones forzadas en Chiapas, hace caso omiso de ellas, a diferencia de hacer loas de los “logros” de su gobierno o la del Ejecutivo federal, se observa un gobierno mentiroso, autoritario y promotor de la impunidad como política de gobierno.

La violencia institucional crece aceleradamente a partir del despliegue de los cuerpos policíaco militares y con el reforzamiento de los grupos paramilitares, el reforzamiento de los retenes sólo augura mayores crímenes de lesa humanidad y mayor descomposición social.

Las voces del movimiento popular no deben callar, deben mantenerse para evidenciar el actuar de los cuerpos represivos y paramilitares en el cometido de la violencia contra el pueblo, la exigencia del cese a la militarización del país es una necesidad irrenunciable.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

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