Pronunciamiento político: El caso de los compañeros normalistas desaparecidos de manera forzada encuentra sus responsables en las estructuras del Estado, no fuera de ella

Ciudad de México a 26 de septiembre de 2022

A los familiares de los normalistas desaparecidos
A los compañeros normalistas de Ayotzinapa
A las víctimas de la desaparición forzada
A los medios de comunicación
A los organismos defensores de los derechos humanos
Al pueblo en general

Pronunciamiento político:

El caso de los compañeros normalistas desaparecidos de manera forzada encuentra sus responsables en las estructuras del Estado, no fuera de ella

La desaparición forzada de los compañeros normalistas de Ayotzinapa es un crimen de Estado y sus responsables formaron parte de los políticos de oficio del más alto nivel en el gobierno de Calderón Hinojosa, otros aún se encuentran en las estructuras del Estado. La impunidad transexenal en el caso es posible solamente porque éste es política de Estado y gobierno, en particular, el manto de impunidad e inmunidad sobre el Ejército.

La desaparición forzada de los compañeros estudiantes normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014 es parte de la política contrainsurgente contra el movimiento popular-estudiantil, un crimen planeado y ejecutado por las fuerzas policíaca militares en un contexto de terrorismo de Estado, es decir, un crimen de Estado. De todas formas y modos intentan deslindar al Ejército como institución responsable no solo de este crimen, sino de miles que se cometieron en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa hasta la fecha.

Los responsables de este crimen de lesa humanidad fueron o están dentro de las estructuras del Estado mexicano, en los altos mandos castrenses y políticos de oficio y no en la mítica delincuencia organizada que el gobierno actual sostiene como la “nueva verdad” sobre el caso Ayotzinapa. El Estado es el único poder con la capacidad de cometer un crimen de esta naturaleza y magnitud, cuenta con la capacidad logística, infraestructura e institucional para “borrar del mapa” o “sepultar” el crimen, así como arropar a los autores intelectuales de este crimen atroz.

En el más alto nivel de los mandos castrenses están los responsables y políticos de oficio quienes dieron la orden para perpetrarse un crimen de lesa humanidad en un contexto de terrorismo de Estado. La larga lista de víctimas de estos crímenes contra el pueblo y sus organizaciones fue para generar el terror y así paralizar el descontento generalizado producto de la imposición de los intereses empresariales como política antipopular y pro-oligárquico.

A ocho años de este crimen, la política transexenal es la impunidad sobre el Ejército, “intocable” en el gobierno de la “cuarta transformación”. La detención de Murillo Karam, ….son chivos expiatorios que asumen la responsabilidad de un crimen de Estado, son las piezas desechables que el poder burgués a determinado exponer para desfogar el dolor de la opinión pública y contener el crecimiento del descontento popular.

De forma reiterada se menciona la participación del 27 Batallón en este crimen, pero bajo el supuesto de la colusión con la delincuencia organizada, una medida política institucional con la cual pretenden diluir su responsabilidad en este crimen de Estado. La detención del general José Rodríguez, dos subordinados suyos, el capitán José Martínez Crespo y el sargento Eduardo Mota Esquivel, no es por desaparición forzada sino por delincuencia organizada, una maniobra política que fácilmente el Estado asume sin mayor costo político.

Las “buenas voluntades” no bastan para esclarecer un crimen de Estado si éste es cometido como política para eliminar la organización del pueblo que lucha contra la opresión y explotación capitalista. El discurso presidencial y práctica en cuestión de acceso a la justicia y verdad no coinciden con el proceder institucional, mantienen la política dilatoria, burocrática y revictimizante.

El expediente del caso Ayotzinapa filtrado desde la Fiscalía General de la República, los desistimientos y absoluciones, cancelación de órdenes de aprehensión a los implicados, no es un hecho fortuito, anuncia la intención del Estado por mantener la impunidad a los perpetradores; entre otros “deslices” de funcionarios que permite a los criminales ampararse bajo el efecto corruptor, por ende, la impunidad.

Es una necesidad política del pueblo mantener la denuncia ante la impunidad y exigencia de presentación con vida de los miles de víctimas de la desaparición forzada en el país, sobre todo, que familiares víctimas no se dobleguen a la intentona gubernamental de detener la lucha por justicia y verdad.

Solo la unidad de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y del pueblo organizado podrá lograr desenmascarar el carácter criminal del Estado. Ante este contexto, el llamado es a todo el pueblo organizado, a las víctimas de la violencia institucional, a los organismos defensores de los derechos humanos a estar al pendiente de la exigencia popular por justicia y verdad.

De este modo, saludamos a los familiares de los compañeros estudiantes normalistas víctimas de un crimen de Estado. La exigencia es justicia y verdad, el castigo a los responsables materiales e intelectuales y garantías de no repetición.

Fraternalmente
¡Juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de este crimen de Estado!
¡Con impunidad, no hay transformación!
¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo