Responsabilidad del gobierno chiapaneco integridad física del preso político Javier González Díaz

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 6 de abril de 2021

A los medios de comunicación

A los organismos independientes de derechos humanos

A la opinión pública

Responsabilidad del gobierno chiapaneco integridad física del preso político Javier González Díaz

Desde los acontecimientos suscitados el día de ayer en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5 en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, donde a través de los medios de comunicación nos enteramos de dos fallecidos por armas de fuego, intentamos comunicarnos con el preso político Javier González Díaz recluido injustamente en ese CERSS, para conocer su estado de salud.

Fue hasta el día de hoy que logramos establecer comunicación y conocer la situación de Javier después de los hechos violentos al interior del penal. Javier se encuentra bien, presenció como la mayoría de los que ahí se encuentran los sucesos que terminaron en el asesinato con arma de fuego de dos internos cuyos nombres ya son de dominio público.

La preocupación de él y de los demás presos comunes es que se vuelva a repetir una situación de ese tipo, dónde sin lugar a dudas las autoridades carcelarias tienen que ver con la problemática al permitir la entrada y el uso de armas de fuego y otros tipo de armamento de uso exclusivo de la policía y el ejército al interior del penal.

En diversas ocasiones desde ese penal reclusos y sus familiares han denunciado el cometido de tratos crueles e inhumanos por parte de algunos presos con privilegios y protección de la autoridad, también se ha denunciado extorción de esos mismos sujetos hacia los presos y sus familiares, todo bajo al amparo de la autoridad.

Lo sucedido el día de ayer pone en riesgo la integridad física y psicológica de muchos presos, entre ellos la del preso político Javier González Díaz, quien se encuentra injustamente encarcelado, su condición expresa una medida represiva del gobierno chiapaneco para castigar la labor en la defensa de los derechos humanos y la lucha por una vida digna que desarrolla Javier.

La historia demuestra que el Estado hace uso de tipo de sucesos para asesinar a presos que les son incomodos por su forma de pensar y por sus convicciones políticas. Este no fue el caso, pero el riesgo es latente toda vez que el gobierno estatal insiste en callar con represión y crímenes de lesa humanidad la protesta, la voz de los luchadores sociales.

Por todo esto como Comité Popular en Defensa de los Derechos Humanos (COPODDH) expresamos:

1.- Responsabilizamos al gobierno de Chiapas Rutilio Escandón Cadenas, al Fiscal General del Estado de cualquier acto que atente contra la integridad física y psicológica de Javier González Díaz.

2.- Solicitamos al gobierno federal garantías de seguridad para los presos en general y en particular al preso político Javier González Díaz.

3.- A la CEDH y CNDH exhortamos a estar pendientes de la investigación de esos hechos para que los responsables materiales e intelectuales sean castigados y no se quede en la impunidad como tantos otros casos.

¡A organizar y defender los derechos humanos!
Comité Popular en Defensa de los Derechos Humanos