Tortura y detenciones por motivos políticos una realidad innegable

Chiapas, México. 31 de enero de 2020

A los medios de comunicación

A las organizaciones populares
Al pueblo en general

Tortura y detenciones por motivos políticos una realidad innegable

Por segunda ocasión en su administración el gobierno federal expresó en sus tradicionales conferencias de prensa matutinas que en su administración no hay ni habrá actos de tortura, masacres y presos políticos. Discurso que busca ocultar una realidad innegable de constantes violaciones a los derechos humanos en el territorio mexicano.

Hay tortura y presos políticos, los casos más ilustrativos se encuentran en el estado de Chiapas, Javier González Díaz, Armando Hernández Sánchez son dos casos ampliamente documentados de víctimas de dichos flagelos, fueron cometidos en el mes de julio y septiembre del año pasado respectivamente, éstas dos personas demuestran una realidad que desde la administración federal se pretende negar.

Javier y Armando son integrantes de una organización independiente, el FNLS; su detención arbitraria y tortura se da en el marco de la implementación de una política represiva que implementa el gobierno de Chiapas y que busca frenar la iniciativa del pueblo de organizarse y luchar para defender sus derechos, en este caso particular la defensa del derecho a la tierra.

Hoy se encuentran en las cárceles del Estado de manera injusta y arbitraria, porque, los delitos que se les imputa son inexistentes, son delitos prefabricados con el objetivo de justificar jurídicamente sus detenciones y lograr así que desistan de la organización y la lucha por el socialismo.

En esta misma condición se encuentran Venturino Torres Escobar, Asunción Gómez Sánchez y por lo menos una centena más de personas que fueron detenidas y encarcelas por defender el derecho a la tierra en Chiapas, en otros estados del país, el mismo fenómeno ocurre.

El concepto de tortura es todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido (ONU), el de preso político es una persona que a causa de sus creencias y actividades políticas esta encarcelada (ONU).

Los casos mencionados cumplen al pie de la letra los requisitos que configuran estas violaciones a los derechos humanos, por lo tanto, más que negar la existencia de ello, la actitud del gobierno federal debe ser diferente, primero no ocultar la realidad y segundo atender estos casos para hacer justicia, de lo contrario su administración se llenara con las características de impunidad, demagogia, e injusticia.

Las secuelas físicas y psicológicas de la tortura aún permanecen en la humanidad de las víctimas, sus familiares buscan constantemente en Chiapas que las autoridades investiguen la tortura y exigen la libertad de sus familiares, sin embargo, las autoridades actúan con autoritarismo e impunidad, se niegan a atender a los familiares e investigar para dar con los responsables materiales e intelectuales.

Las instituciones federales hacen lo propio, al parecer no pueden actuar de otra manera, porque, el ejecutivo federal se encarga de ocultar una realidad y sobre manera de proteger a los responsables, por tanto, su discurso se traduce en un mandato que las instituciones encargadas de “impartir justicia” llevan al pie de la letra.

Lo peligroso de dichas declaraciones es que se crean las condiciones para seguir con el cometido de actos de tortura y detenciones arbitrarias, casos que en el discurso pasaran como inexistentes, pero en la realidad la cifra de víctimas irá en aumento al igual que la impunidad para los perpetradores.

El ejemplo esta expresa en el Fiscal General del Estado Jorge Luis Llaven Abarca, quien tiene diversas denuncias por tortura, y que con las declaraciones del gobierno federal sale beneficiado, porque discursivamente se oculta su responsabilidad y le dan margen de maniobra para continuar con más crímenes de este tipo.

La violencia institucional no se puede ocultar con un discurso, mucho menos las violaciones a los derechos humanos, ¿cómo decir que no hay tortura? Cuando el rostro de Javier González Díaz expresa con claridad las secuelas de los tratos crueles, inhumanos y degradantes a la que fue sometido durante más de un día completo.

¿Cómo decir que no hay presos políticos? Si Javier, Armando, Asunción y Venturino son la prueba fehaciente de detenciones arbitrarias por motivos políticos, son víctimas por defender el derecho a la tierra y luchar por mejores condiciones de vida para el pueblo trabajador.

Por un caso que se haya resuelto positivamente en el país, concretamente en Puebla, no significa que el problema de los presos políticos y la tortura llegó a su fin, sino lo contrario, ese mismo caso expresa la sistematicidad de una política represiva en contra de quien se organiza y protesta contra el actual régimen de explotación y opresión.

La lucha por la libertad de los presos políticos y contra la represión es una necesidad ante el cometido sistemático de esas violaciones a los derechos humanos y por el intento del ejecutivo federal de ocultar esta realidad. No podemos permitir que a los presos por luchar pasen desapercibidos o inexistentes en la agenda nacional, es un tema que tiene que atender y resolver el ejecutivo federal de lo contrario su papel estará aún más claro, encarcelar a luchadores sociales.

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo