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Ponunciamiento
Lunes 4 de marzo de 2024, por
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 02 de octubre de 2018.
A los estudiantes universitarios
A las víctimas del terrorismo de Estado
A los organismos defensores de los derechos humanos
Al pueblo en general
¡Ni perdón ni olvido! 50 años de impunidad ¡02 de octubre no se olvida!
Han transcurrido 50 años de la masacre en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, Ciudad de México, y sin embargo, permanece la impunidad sobre este fatídico acontecimiento; ningún mando castrense, de ningún nivel y rango ha sido enjuiciado por este crimen de Estado, expresa que existe en México la represión es política de gobierno y nos indica que las fuerzas castrenses están para sostener la explotación y opresión; es el bazo ejecutor de los crímenes de Estado y lesa humanidad.
El 2 de octubre del 1968 tiene su causal político en la gesta del movimiento obrero, médico y magisterial de los años 50´s. Fue en estos años que se presentaron con mayor nitidez las bases de los movimientos populares y revolucionarios de los años venideros, auspiciado por la fuerte influencia comunista es que se gestaron protestas de diversos sectores populares; el 68 es una coyuntura más para los explotados y oprimidos en su lucha por la transformación del país. El legado histórico que nos deja el movimiento popular estudiantil de los 50´s y 60´s es luchar bajo las banderas del movimiento independiente.
La masacre de Tlatelolco es un crimen de Estado no prescribe a un lustro acontecido, no hay justicia para las víctimas, por el contrario, al paso del tiempo más víctimas se suman en esta espiral de violencia institucional. En 1968 se masacró a luchadores sociales, padres de familia, estudiantes y, en la actualidad, dichos flagelos se ejecutan con sistematicidad contra sectores organizados y pueblo en general. Estos crímenes tienen sus autores materiales e intelectuales en las estructuras del Estado mexicano.
La actual política de terrorismo de Estado a lo largo y ancho del país refleja la continuidad de las prácticas contrainsurgentes como política gubernamental, anteriormente se trataba de aniquilar “la consigna comunista”, ahora, bajo el argumento del enemigo interno se pretende aniquilar la organización del pueblo y quebrar su voluntad de luchar por mejores condiciones de vida.
El porrismo y paramilitarismo como instrumento de represión y cooptación dentro del movimiento estudiantil, es práctica y política de autoridades de todos los niveles, desde las educativas, políticos de oficio, mandos castrenses, con ello pretenden contrarrestar el movimiento independiente y estudiantil.
El repudio hacia el cometido de crímenes de lesa humanidad es una actitud que debe expresar la voluntad inquebrantable de movimiento popular, estas prácticas pro fascistas que sin lugar a dudas emana de personeros del Estado, son ellos que organizan, dirigen y financian este tipo de agrupaciones para contener la voluntad de lucha y exigencia del sector estudiantil, es la forma de negar los derechos constitucionales como el derecho a la educación pública y gratuita.
La modificación y restructuración de las fuerzas policíacas no es garantía de ningún tipo para que cese la represión hacia el conjunto del movimiento popular y el pueblo trabajador; todo aquel que se ampare a los cuerpos represivos para gobernar, se ampara al cometido de la represión como política, porque sobre las fuerzas armadas recae la responsabilidad material e intelectual de más de 300 mil desapariciones forzadas y más de 300 mil ejecuciones extrajudiciales. Su permanencia en las calles sólo puede suponer mayor cometido de crímenes de Estado.
El gobierno que proclama el cambio de las condiciones de vida de los trabajadores, no parece tener interés en cambiar la explotación que se profundiza en el régimen neoliberal, no cuestiona el sistema de explotación y represión, por lo que sería iluso tener confianza ciega en promesas de índole moral, en este sentido, el sector estudiantil no debe cesar en la exigencia por una educación pública y gratuita, mucho menos en la exigencia de juicio y castigo a los autores materiales e intelectuales de la masacre del 2 de octubre del 68 y demás crímenes perpetrados contra el pueblo del campo y la ciudad.
Sólo quienes están del lado de la burguesía y de los perpetradores pretende dejar en la impunidad las víctimas del terrorismo de Estado que hoy brotan inermes en los cientos de fosas clandestinas. El pueblo trabajador encuentra en cada víctima de los crímenes de lesa humanidad a un hermano de clase, a un hijo del pueblo, en consecuencia, a las víctimas de esta política de Estado, por tanto la exigencia es juicio y castigo a los culpables, no perdón ni olvido.
Mientras los intereses de los gobiernos en turno estén en sintonía con la necesidad de superar la crisis económica internacional y fincada en intereses empresariales y no en los intereses de los sectores populares, las condiciones de vida del pueblo trabajador se mantendrán en la pobreza y miseria, los actos de protesta popular seguirán en aumento, por tanto, la necesidad del pueblo de organizarse fuera de las estructuras del Estado.
Gobierno que quiera cumplir al pueblo debe hacerlo sin condiciones, sin pedir que entregue más hijos del pueblo, a la carnicería que ha significado “la guerra contra el narcotráfico”. Las víctimas del terrorismo de Estado no son moneda de cambio, no representan eslogan de campaña para generar favoritismo. La necesidad de terminar con esta larga noche de terror es puntual y enérgica.
Casos emblemáticos e históricos de crímenes de lesa humanidad que permanecen en la impunidad desnudan el rostro represivo del régimen. La detención desaparición forzada de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya reivindicados por el PDPR-EPR; de los 43 normalistas de Ayotzinapa; nos demuestran que desde el Estado y la burguesía no consentirán la organización que provenga del pueblo en la lucha por liberarse de la explotación.
Si los crímenes de lesa humanidad se cometen contra el pueblo, es éste quien debe exigir juicio y castigo a los autores materiales e intelectuales de todo crimen perpetrado contra él. Hoy más que nunca el pueblo organizado y no organizado debe levantar las banderas de la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos ya sea por motivos políticos o sociales, de miles de mujeres y hombres que en el país son víctimas del terrorismo de Estado.
Poner fin a la espiral de violencia debe ser una exigencia de todos, de manera combativa y al unísono las víctimas del terrorismo debemos exigir ¡Juicio y castigo a los culpables! ¡Ni perdón ni olvido! La unión del pueblo organizado es lo que garantiza la solución de las necesidades populares y nuestra exigencia de justicia y verdad.
¡Ni perdón, ni olvido! ¡Castigo a los asesinos!
¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos por el régimen!
¡Alto al terrorismo de Estado contra el pueblo!
Combativamente
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo